08 de Marzo del 2025


Legisladoras y activistas en Edomex admitieron que pese a las alertas de Género implantadas desde 2015 y 2020 en la entidad, persiste la impunidad, la insuficiencia de recursos y un Estado que en sus diversas dimensiones le sigue fallando a las mexiquenses, incluso demandaron la renuncia del fiscal de apellidos Cervantes Martinez ante su incompetencia.

De hecho revelaron que tan solo entre 2023 y 2024 más de 600 mujeres fueron asesinadas en la entidad, y que solo en una cuarta parte de los casos se iniciaron investigaciones con protocolos de feminicidios (lo que desatiende las recomendaciones en la materia), además de que existen más de 31 mil mujeres desaparecidas en Edomex.

Por eso advirtieron que el Estado "le ha fallado a las mujeres", pues no garantiza una justicia pronta ni expedita, "permite la impunidad a feminicidas y que las víctimas rueguen por protección".

Durante el foro “Alertas de Violencia de Género a 10 años: logros, desafíos y perspectivas”, la parlamentaria Ana YurixiLeyva, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición del Congreso Local, sostuvo que otra falla es que las personas servidoras públicas siguen revictimizando, minimizan la violencia y niegan la realidad.

Tras evidenciar la ausencia en el foro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), pese a haber confirmado su presencia con una ponencia, la legisladora criticó que, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), "no den la cara a las víctimas de feminicidio" y actúen con opacidad e incapacidad. Debido a ello solicitó que José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, valore renunciar: “Solicito nuevamente la renuncia del fiscal por la falta de compromiso en este foro tan importante y de tanta relevancia con ustedes, con nuestras mujeres mexiquenses”.

Leyva Piñón reconoció que, desde el lanzamiento de la Alerta Contra la Violencia de Género por Feminicidio en el Estado de México, se han implementado diferentes acciones, pero no se ha erradicado la impunidad ni se han logrado mecanismos de transformación.

“A pesar de los avances, las mujeres siguen desapareciendo, siguen siendo asesinadas y siguen enfrentando un sistema que no le responde con la urgencia que la situación amerita”, recriminó.

Además, afirmó que las alertas deben convertirse en una estrategia integral de prevención y que el Estado no debe esperar a que las cifras sean innegables para actuar.

Durante su ponencia María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, detalló que de 2023 a 2024 se contabilizaron 643 mujeres asesinadas en el Estado de México (de las cuales solo el 25.6 por ciento se investigó inicialmente como feminicidio).

Reveló asimismo y que en el Registro Nacional de Desaparición, se tienen contabilizadas a 31 mil 180 mujeres mexiquenses, pero se desconocen cuántas han sido localizadas con vida o sin vida.

Indicó que el país está alertado por violencias graves, pues en total hay 26 declaratorias de alertas de género, en 23 estados (Estado de México, Veracruz y Guerrero con dos alertas); reprochó que el Estado de México no proteja a las mujeres y trabaje con mecanismos deficientes.

La experta demandó al Congreso Local sanciones "por negligencia y omisión" por parte de las autoridades en casos de violencia que concluyen en feminicidios, así como el acompañamiento de las leyes con herramientas que permitan su implementación.

A su vez Luis Alfonso Guadarrama Rico, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, refirió que, pese a que en 2015 había 643 municipios alertados en 22 estados, el problema de la violencia de género y los feminicidios ocurre en la mayoría del país "a causa de la pobreza y el crimen organizado", por lo que pidió priorizar en la agenda política la justicia y los derechos de las mujeres.

Luz María Lemus Campuzano, titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos del Poder Judicial estatal, reconoció por su cuenta que los números no favorecen a la entidad en materia de protección a las mujeres y acotó que las alertas surgen sin la posibilidad de ser efectivas "porque en algunas dependencias y organismos, no se destinan recursos económicos".

Asimismo, llamó a no minimizar las violencias en los ámbitos familiares ni laborales, pues informó que la mayoría de personas vinculadas a proceso por feminicidio son exparejas sentimentales, padres, profesores, novios o amigos.