En este momento, la disputa es semántica: si son o no hornos, o crematorios, o incineradores… Desde el gobierno se están cuestionando los hallazgos y considerándolos sobredimensionados, ¿qué piensas?
Cuando hicimos el trabajo de “
El país de las 2 mil fosas” [publicado en 2018 en Quinto Elemento Lab y en este medio] supimos que en el mapa de fosas había una cantidad de lugares para los cuales no había un nombre, una categoría, una forma de presentarlo; solo sabíamos que eran lugares donde se incineró [cuerpos]. No los incluimos en el mapa porque no correspondían a la categoría de fosa clandestina y porque no podíamos saber el número de víctimas. Y ese, para mí, fue uno de los hallazgos más terribles: que usar fuego o ácido ya era algo sistemático, que había un entrenamiento y una orden jerárquica para hacerlo, y la terrible perspectiva de pensar que nunca sabremos quiénes fallecieron ahí.
[En Teuchitlán] hay restos incinerados, punto. Quemados. Me acuerdo que, en Veracruz, a los sitios de incineración los nombraban sitios de destrucción de cuerpos; en Coahuila, centros de inhumación clandestinos o puntos de procesamiento para quemar cuerpos; otros han resuelto en los últimos años nombrarlos como puntos de hallazgo. Estas discusiones lo que exhiben es que aún no tenemos las palabras para nombrarlos. Puede que ya se sepan las palabras técnicas desde lo forense, pero no son familiares para todos. También sé que en la fiscalía estatal hay una discusión de si los restos fueron incinerados ahí o en otro sitio.
¿Qué observas distinto en el modo de operar de las autoridades sobre los campamentos de Tala y en la actualidad con el rancho descubierto por Guerreros Buscadores de Jalisco?
Las mismas omisiones en este caso y en otros parecidos, donde quienes los encuentran son las familias.
En 2017, lo que nos mostraron los operativos de rescate [de jóvenes reclutados] es que es posible hacerlos. Ese año revisaron y encontraron coincidencias entre las denuncias de desaparición de jóvenes que habían ido a trabajar a Tala; por otro lado, un joven escapa y va a la policía y cuenta lo que vio. Con un helicóptero Black Hawk sobrevolaron toda la zona, ubicaron en los cerros con mapas de calor dónde había gente concentrada. Lo más difícil era detener al capo que coordinaba esa región.
En ese momento hubo ruedas de prensa, exhibieron la información. Se acababa de crear la fiscalía especializada de desaparecidos y hubo un fiscal [Eduardo Almaguer] que llevó un equipo de su confianza, que estaba comprometido con el tema, y decidió buscarlos en vida y realizar otros operativos donde se liberaron personas en Lagos de Moreno, en Tala, en Vallarta y en Talpa de Allende.
Después cambiaron a ese fiscal, todavía en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y en el sexenio posterior, con [el gobernador Enrique] Alfaro y AMLO [el presidente Andrés Manuel López Obrador], se terminan de desmantelar estos esfuerzos. Claramente [gobierno federal y estatal] estaban decididos a negar que había un problema muy grave de desapariciones en el país. La gente de la fiscalía de desaparecidos decía que el gobierno federal ya no los iba a respaldar, y la fiscalía se concentró en delitos del fuero común.
Hubo operativos donde incidentalmente se liberaba a gente, pero ya no se volvieron a hacer con la intención de rescatar, o de decir: "A ver, aquí hay un patrón de desaparición, aquí tengo información de un sobreviviente que me está dando ubicaciones", y armo un operativo. Alfaro llegó a decir que [los desaparecidos] se iban por su voluntad, porque estaban yendo a buscar trabajo y por eso no se podía perseguir ningún delito. Se decidió que los chicos ni siquiera iban a ser considerados como desaparecidos porque ya habían sido liberados, que no se investigara, que se negara.
¿Has visto casos en que se pueda prevenir que los recluten?
En noviembre, el ayuntamiento de
Tlaquepaque puso carteles que decían: “Si vas por un empleo, acércate a los elementos de seguridad para que revisen si ese empleo es legal”. Se supone que se han acercado unas 28 personas a las que ofrecían trabajo por internet, de entre 5,000 y 8,000 pesos semanales [en 2017, en Tala les ofrecían 4,000 pesos semanales]. No es mucho, no alcanza para mantener a una familia, pero es una cantidad alta para la gente que ha vivido en precariedad toda su vida. También coinciden en que traen gente de toda la república, que seguramente no están enterados de todo lo que ha pasado aquí en Jalisco y del riesgo.
Ya que pasan etapas y que forman parte del grupo, hasta donde sé, se les paga. Por eso muchas familias deciden no hablar, porque recibieron en algún momento una llamada de su familiar diciendo: “Estoy bien”. Y algunas veces sí podían mandar dinero, y luego ya no volvieron a saber de ellos, pero tienen el miedo de “si denuncio y está vivo le harán algo y está por la fuerza”.
¿Hay algún tipo de esperanza en esos sitios?
Cuando lees los testimonios de sobrevivientes te das cuenta de que sí hay grietas pequeñas, momentos de resistencia. Incluso los chicos que sobreviven, aun con el temor de que los vuelvan a desaparecer o matar por lo que van a decir, se atreven a declarar que ellos vieron a personas que fallecieron, porque solo su testimonio permitirá que las familias sepan que estos jóvenes o estos hombres murieron.
Justamente, como se usó el fuego, su testimonio es muy importante porque, de otro modo, nunca se sabría qué les pasó a esos chicos. No sé si llamarlas acciones de resistencia, de dignidad, que después de lo que pasaste es quizás lo único que te queda. Y además sientes la vergüenza de sobrevivir. Porque, si sobreviviste, la gente se pregunta: “Uy, ¿pues qué habrás tenido que hacer para sobrevivir?”. No podemos verlo tan fácil.
Y también sabemos que los que sobreviven son vivos murientes, muchos salen como zombis, nunca terminan de regresar a la sociedad y no hay una vida para ellos, no hay familia, no hay trabajo, ni siquiera pueden sacar el INE porque les da mucho miedo dar su dirección y que vuelvan por ellos.