21 de Marzo del 2025

Héctor Daniel Flores Fernández desapareció el 18 de mayo de 2021 de su casa de Guadalajara, en la colonia Vallarta; se lo llevaron personas que se identificaron como integrantes de la fiscalía estatal. Las investigaciones de su familia indican que el trabajador de 19 años, que vivía con su pareja, fue víctima de reclutamiento forzado. Desde entonces, el colectivo Luz de Esperanza, al que pertenece el padre del joven, Héctor Flores, ha sabido de la existencia de seis campamentos del crimen organizado en distintas regiones de Jalisco, y en Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Centros de adiestramiento como el que operaba en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán.

El colectivo supo de estos lugares por víctimas que lograron escapar del encierro; algunas fueron reclutadas, señala Flores, para trabajo agrícola e incluso doméstico. Una mujer les contó que era obligada a cocinarle a los internos, mientras que un joven sobreviviente de la Ciudad de México relató que, de las 300 personas con las que convivía, muchas fueron llevadas a Sonora y Michoacán para trabajar en la pizca (cosecha), e incluso a Jalisco para la recolección de berries en la zona aledaña a Chapala.

El pasado 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco reportó el hallazgo de restos óseos en el rancho Izaguirre, ubicado en la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, a escasos 60 kilómetros de Guadalajara. Las buscadoras denunciaron la existencia de tres hornos crematorios, lo que fue negado posteriormente por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco. El lugar ha sido descrito como un centro de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque fue asegurado por la FGE en septiembre de 2024, las buscadoras encontraron el rancho abandonado y, dispersos en su interior, más de 1,300 indicios, como zapatos, maletas, ropa, cobijas, cuadernos e identificaciones. Para Flores, esto evidencia una probable colusión o negligencia de las autoridades. "Nosotros creemos que es prácticamente imposible tener un lugar como estos sin la participación de la autoridad, tanto federal como local”, asegura en entrevista.

En los seis meses que transcurrieron desde que la Guardia Nacional ingresó en el rancho —tras recibir una denuncia anónima— y detuvo a diez personas, la fiscalía estatal incurrió en una serie de omisiones, detalladas por el fiscal general Alejandro Gertz en un informe ofrecido este miércoles: no se realizó la inspección “total” del lugar, no se ordenó la identificación de las huellas dactilares encontradas ni se investigó quién era el dueño del inmueble. Tampoco se establecieron “vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con cárteles delictivos que operan en la región”, dijo el funcionario, aunque una víctima declaró que fue secuestrada en el municipio vecino de Tala por policías del lugar y llevada al rancho. La investigación de lo ocurrido en Teuchitlán estará a cargo de la Fiscalía General de la República.

Desde que desapareció su hijo, señala Flores, empezaron a hacer denuncias en los medios de comunicación, porque cuando iban a la FGE les advertían: “Antes de que salgan, los buenos y los malos van a saber que vinieron”.

Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, quien busca a su hijo Raúl Servín Galván, desaparecido el 10 de abril de 2018 en Tlajomulco, dice que, desde que ingresaron al rancho en Teuchitlán, en el colectivo han recibido mensajes anónimos por Facebook que les alertan de numerosas personas enterradas en los alrededores.

“Tenía un buen tiempo trabajando el lugar, pero hasta ahora se pudo lograr entrar y encontrar lo que encontramos”, afirma. “El gobierno a lo mejor estaba al tanto”.

Servín dice que es la cuarta vez que descubren lugares con hornos crematorios en Jalisco, y la primera que ingresan a un campo de adiestramiento. La persona que logró escapar del rancho y contactó al colectivo para informarles de su ubicación les dijo que pasaban días sin agua ni alimento, y las cerca de 280 personas que estaban recluidas, la mayoría hombres, eran golpeadas y asesinadas si no obedecían órdenes.

Desde que comenzaron a circular las imágenes del rancho, se ha encontrado otro centro de exterminio en Reynosa, Tamaulipas, descubierto por el colectivo Amor por los Desaparecidos, y el periódico AM informó sobre el hallazgo, en enero, de un campo de adiestramiento en Yuriria, Guanajuato.

Para el antropólogo Óscar Misael Hernández Hernández, estos espacios existen gracias a las “zonas de silencio” que se crean a su alrededor. No solo comparten características físicas como aislamiento y lejanía, y estar en lugares poco poblados y de difícil acceso, sino también la “autocensura”, tanto de los habitantes como de los medios de comunicación y de las autoridades, por miedo a represalias del crimen organizado y del propio Estado.

“¿Le toca a la señora que vende aguacates denunciar, atentando contra su propia vida? Yo creo que no. El problema es el avance territorial de estos grupos y la dificultad de alzar la voz frente a esto, el sometimiento absoluto”, dice la investigadora y académica Rossana Reguillo.

La existencia del rancho Izaguirre, y de campos de exterminio como La Gallera, en Veracruz, o La Bartolina, en Tamaulipas, revela que existe una paralegalidad, o doble soberanía en México, coinciden los especialistas, pues no es posible saber dónde está la frontera entre el Estado y los grupos criminales. Desde 2007, cuando se intensificó la guerra entre los grupos del crimen organizado por el control territorial, agrega Reguillo, los cárteles empezaron a construir su propio orden y su forma de hacer justicia.

Flores ha sido testigo de casos que evidencian la colusión del Estado con los delincuentes. Sucedió con una integrante de su colectivo; vivía en Estados Unidos y, tras regresar a México, su esposo fue secuestrado y golpeado. Una vez liberado, lo llevaron a la Cruz Verde para recibir atención médica y, mientras estaba internado, el Ministerio Público le tomó declaración. Cuando salió fue desaparecido, y tienen un año sin saber de él. “La corrupción es terrible, no hay elementos para que los sobrevivientes puedan dar seguimiento formalmente a la investigación, la misma autoridad está coludida”, señala el buscador.

La “disolución del otro”

En los centros de entrenamiento y exterminio en México priva una ideología del terror, considera Hernández, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). “La idea es formar recursos humanos para causar terror y lo que ello significa, y como elementos clave para ejércitos privados. Esa es la constante; me parece que la frontera entre una ideología política y una del terror es muy difícil de entender, al menos en México hemos encontrado últimamente que algunos grupos delictivos empiezan a tener vínculos con militares y viceversa, no se sabe el límite”.

Para Reguillo, investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, sitios como el rancho Izaguirre pueden compararse con los campos de concentración del nazismo, porque se esclaviza a personas, y se les obliga a trabajar para un grupo, en este caso el CJNG. Pero a diferencia del nazismo, que era una ideología política, “aquí lo que estamos viendo es la disolución del otro para generar ganancia”.

Esta acumulación de poder y negocios del crimen organizado no puede ser pensada en términos de violencia utilitaria, señala, sino como una violencia por impunidad; un matar, desaparecer y torturar porque “se puede”.

“Estamos no frente a la ausencia de un ‘proyecto’ de carácter ideológico, sino frente a la ausencia de cualquier brújula ética en función de la ganancia”, precisa Reguillo.

Para la investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, es esencial integrar al análisis de lo que está ocurriendo en términos de violencia la noción de negocio y modelo de negocio de los grupos criminales. No se puede pasar por alto la acumulación de territorio de los cárteles y las ganancias obtenidas a partir de su dominio. Para controlar cada vez más territorio, necesitan “cuerpos”, agrega; el silencio alrededor de estos lugares semiclandestinos remite a la impunidad, la corrupción, el miedo, la descomposición del tejido social y la criminalización de las víctimas.

Hernández describe a sitios como Teuchitlán como “necroespacios”: lugares de muerte utilizados no solo para ejecutar a personas, sino para enseñar cómo asesinar. No buscan producir únicamente muerte, dice, sino deshumanizar.

Etimológicamente, la palabra “recluta” define a un sujeto recién llegado a una dinámica que debe aprender. Para instruirse, explica Reguillo, es obligado a mantener una obediencia absoluta y total. Primero, por el miedo a perder la vida. Segundo, por la pobre recompensa que significa prolongar la vida a costa de la muerte, que sabe inminente. Esto tiene una similitud con la figura de los sonderkommandos (comandos especiales), grupos de prisioneros judíos obligados por los nazis a trabajar en los campos de exterminio del Holocausto; debían hacer tareas como llevar a los detenidos a las cámaras de gas, y manipular e incinerar sus cadáveres.

Lugares como el rancho Izaguirre no están alejados de las tácticas militares y represivas empleadas por el Estado para generar terror y ejercer control social durante la llamada “guerra sucia”, en las décadas de los 60 y 70, señala el investigador del Colef.

Hernández dice que no es necesario remontarse muchos años en la historia para encontrar este tipo de ubicaciones, ya que los cuarteles militares y centros clandestinos de detención en México y otros países de América Latina fueron empleados para “aniquilar” a la disidencia y las guerrillas de la izquierda durante la segunda mitad del siglo pasado. Son una herencia, agrega, de Estados Unidos y las técnicas de tortura de la Escuela de las Américas, donde se formaron numerosos cuadros militares de la región.

“Una de las estrategias para causar terror en grupos subversivos son la detención, la disuasión y la tortura: los campos son los espacios que sirven para ejercer estas estrategias de terror y violencia, los cuerpos son los destinatarios. Esto es una repetición y reproducción de las violencias que el Estado mexicano no ha atendido”.

En los ranchos, baldíos y bodegas usados por el crimen organizado se reproducen las acciones que se llevan a cabo en campos de entrenamiento militar, hay mucho paralelismo en los ejercicios y prácticas, afirma.

Casos como el de Teuchitlán, reitera, no son nuevos. En palabras de Hernández, “parece ser que se siguen reproduciendo los mismos modus operandi, y las autoridades o son negligentes o lo desconocen”.