A 101 años de promulgarse la Constitución Política de México ha habido varios cambios en la Carta Magna, buenos y malos. Los que según el gobierno de Peña Nieto se pueden ver como “avances”, en realidad son invisibles para la mayoría de los mexicanos.

Este texto fundamental que rige la vida de los mexicanos ha sido modificado más de 600 veces desde que se promulgó el 5 de febrero de 2017. Y de todas estas, las que más llaman la atención son las conocidas reformas estructurales aplicadas por el actual gobierno.

A ellas se refirió el presidente Enrique Peña Nieto durante la conmemoración cívica. Su último acto público en este aniversario constitucional pues debe entregar el poder el próximo primero de diciembre. Empezó reconociendo la obligación de dejar un mejor país para luego recordar el Pacto por México con el que estrenó su administración, mediante el cual se ganó el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo. Sin ellos no se habría dado la Reforma Educativa, que sigue cuestionada y con evidencias de que poco se ha avanzado en esa revolución pedagógica que los propios gobernantes se empeñan en reprobar, al grado de que son objeto de burlas por su modo de conjugar verbos y expresarse mal.

Siguió con la Reforma Político-Electoral que, a decir de Peña Nieto, dio instituciones políticas más democráticas y equitativas. El Instituto Nacional Electoral es prueba de que eso no es cierto. Lo dicen los politólogos, dirigentes de partidos políticos y los hechos. Como los sucedidos en los pasados comicios del Estado de México.

Con respecto a la Reforma Hacendaria y la Reforma Energética, la población se queja de que las promesas de contar con gasolina, gas y electricidad más baratos en realidad se han convertido en una carestía insoportable. Cierto es que crecen las inversiones de compañías extranjeras en este sector, y cómo no, si les ofrece la riqueza del subsuelo mexicano, apenas expropiada a casi las mismas corporaciones en 1938 por el general Lázaro Cárdenas.

Criticas semejantes, sobre todo de investigadores universitarios y extranjeros, son lanzadas contra los supuestos beneficios de las Reformas en Telecomunicaciones y Financiera. Acciones presumidas por la administración, difíciles de creer, como el que se han reducido todas las carencias sociales en el país; que dos millones de personas dejaron de vivir en la pobreza extrema; que se ha creado la mayor cifra de empleos en los más recientes gobiernos y de que al mismo tiempo se ha logrado la mayor recuperación del poder de compra del salario mínimo. Basta señalar que un kilo de carne de res vale en promedio 160 pesos, el doble de lo que se percibe por una jornada de 8 horas de trabajo pagada con el minisalario.

Hay que tomar en cuenta que, como estamos en el marco de un aniversario más de la Constitución, en 1992, o sea hace un cuarto de siglo, se realizó quizás la reforma constitucional más grave en la era neoliberal. Se trata de los cambios al artículo 27 que dieron por concluido el reparto de la tierra e inició la privatización de la misma, tocando el espíritu mayor de la lucha revolucionaria llevada a cabo por indígenas y campesinos principalmente, a fin de quitarse el yugo que los oprimió hasta el colmo en la época porfirista.

Pues bien. Hace una semana en Tala, Jalisco, José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la Presidencia de la República prometió que de ganar en los comicios del 1 de julio próximo su compromiso es lograr la Reforma Profunda al Campo. Y la detalló en cinco puntos fundamentales: Seguridad frente a la violencia y los desastres naturales; Seguridad Alimentaria con Presupuestos multianuales a cinco años y la consolidación de 10 productos alimenticios básicos; Seguridad Social y Servicios de Salud para los productores del sector agropecuario; así como Empleo, buena infraestructura y acceso a la tecnología.

La Reforma Profunda al Campo es una demanda de la Confederación Nacional Campesina desde la dirigencia del senador Gerardo Sánchez García –hoy candidato del PRI al gobierno de Guanajuato--. Felipe Calderón Hinojosa gobernaba el país y la CNC era oposición. Ya recuperado el poder por el tricolor la propuesta fue enarbolada por Enrique Peña Nieto al grado de que en el primer trienio se realizaron foros para concretarla en toda la República.

Ya bajo el liderazgo del senador Manuel Cota Jiménez y luego del congreso cenecista efectuado en el estado de Durango se entregó a las autoridades –SAGARPA— el documento titulado “Transformando el Campo de México” para hacerlo un sector fuerte y competitivo.

De acuerdo con el texto, el sector rural mexicano requiere de una serie de políticas públicas que puedan integrarse a una Ley de Seguridad y Competitividad Agroalimentaria o incorporarse a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que le den certidumbre a los campesinos mexicanos sobre qué producir, a qué precios vender y quién les va a comprar con un horizonte de largo plazo y no, como todavía sucede, que ciclo con ciclo la incertidumbre lastima el esfuerzo de los productores.

Se destaca que tanto las políticas públicas como los presupuestos que las apoyan deben ser de carácter multianual, considerando la diversidad en el entorno agroecológico, climático y sociocultural que prevalece en el país. También que en el sector rural mexicano existen diferentes estratos de productores, por lo que es fundamental que las políticas públicas sean diferenciadas y respondan y atiendan adecuadamente a cada uno de ellos, pues “si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo”.

Lo anterior, según el documento, se puede lograr dando un enfoque territorial a las políticas para promover un desarrollo rural más justo y equitativo. Se debe de buscar dar más competitividad a esas regiones marginadas, canalizando apoyos y servicios que respondan a una buena planeación, que permitan impulsar proyectos productivos integrales y sustentables, donde se incluyan inversiones en infraestructura y equipamiento, asistencia técnica, capacitación; la promoción y adopción de innovaciones tecnológicas y el impulso de asociaciones en participación con todos los actores de cadenas prioritarias de cada región.

El caso es que la Reforma Profunda al Campo sigue pendiente, aunque foros, congresos y campañas no han faltado para con la promesa de hacerla realidad se ganen votos con la finalidad de conservar el poder y después que todo siga igual. Ojalá que en esta ocasión no se otra vez así, quien sea el triunfador.

DESDE EL CENTRO

A 101 años de la Constitución mexicana se reconoce el valor del trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas que en México representan el 50,3 por ciento de la población, por lo que uno de los retos que tiene el país es consolidar su importancia para el desarrollo económico y social nacional, consideró Héctor Padilla Gutiérrez, expresidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Rural (AMSDA)… Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo buscan aprovechar que las mujeres tienen presencia en las casi 30 mil ejidos del país e impulsar el Programa para Dignificar a la Mujer Rural con la instalación de módulos de captación de agua de lluvia donde se incluyen lavaderos comunitarios que ya funcionan, aseguró Rafael Sánchez Bravo, en algunos lugares de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México…Juan Pablo Rojas Pérez, líder la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, propuso a los industriales de la masa y la tortilla firmar acuerdos directos de compra con los productores de maíz blanco a fin de evitar el intermediarismo y así disminuir el precio del kilogramo de tortilla para ubicarlo a por lo menos 10 pesos al consumidor… Lamentables las precampañas políticas para obtener la Presidencia de la República, pues sólo se exhibe corruptelas por parte de los tres aspirantes.

Guillermo Correa Bárcenas 044 55 31 90 09 82

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