El Estado de México experimentó un aumento alarmante y considerable en el número de denuncias por agresiones a periodistas durante 2017, principalmente en el contexto electoral de la contienda a gobernador de la entidad, de acuerdo con el informe anual 2017 de Artículo 19.

La organización, con motivo de su décimo aniversario en México, sentencia que el 99.6% de los crímenes cometidos contra la prensa en el país permanecen impunes, situación que se ejemplifica con el “aumento drástico de agresiones” en los estados de México, Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato y Quintana Roo, que tienen mención especial en esta lista negra de la violencia contra periodistas.

Pese a que artículo 19 reconoce en su recuento avances en materia de libertad de expresión como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental creada en 2002 durante la administración de Vicente Fox, la cual contribuyó al avance del periodismo de investigación (cuyos casos más recientes y relevantes se pueden apreciar en reportajes como la Casa Blanca y la Estafa Maestra), también hace énfasis en reformas y leyes hechas a modo para fomentar la impunidad en el país, tal es el caso de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, promulgada en enero del año pasado. De esta ley, Artículo 19 critica que “Si bien se reconoce como un avance normativo para garantizar el derecho a la protección de datos personales, la Ley carece de preceptos que contemplen el derecho a la información y a la libertad de expresión como excepciones para evitar un uso excesivamente restrictivo de éste” provocando que se cancele el acceso a información de interés público. Ello evidentemente protegiendo al Estado, reduciendo el acceso a datos verídicos que permitan evaluar al gobierno.

En este tenor, y como consecuencia directa de esta y otras tantas medidas, Artículo 19 documenta que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto han sido registradas 1986 agresiones a periodistas, aproximadamente 397 por año, poco más de una al día; además de la “proliferación de leyes que criminalizan o restringen, de una manera u otra, el derecho a la libertad de expresión e información”, en palabras de la organización.

Esto en términos oficiales y “legales”, recordemos que los depredadores de la libertad de prensa (término acuñado por otra organización, Reporteros Sin Fronteras) recurren también a la violencia para coartar este derecho.

La muestra más clara y cruda de ello es el asesinato de 12 periodistas durante 2017, el mayor número registrado en los últimos 20 años en el país. “El mensajero termina como blanco de las agresiones de los grupos que se sienten exhibidos o ven sus intereses amenazados.

Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa y fundador del periódico Río Doce, decía: “Como periodista, le puedes echar a perder el negocio a mucha gente; no lo olvidarán, te odiarán y en la primera oportunidad cobrarán venganza””, documenta la organización en la introducción de su informe.

Ante ello, Artículo 19 comenta que “el propio Estado mexicano se erige como la principal fuente de peligro: en 48% de las agresiones contra las y los periodistas participan funcionarios de los tres niveles de gobierno”, lo cual evidencia las graves carencias en la ley para proteger a los periodistas en el ejercicio de su labor. Tan existe una deficiencia en esta materia, que, por el contrario, Artículo 19 documenta 101 leyes vigentes que restringen la libertad de expresión, de las cuales el Estado de México posee tres.

La manipulación de medios de comunicación en favor de publicidad oficial es otro problema grave en el informe de Artículo 19. “Las columnas o los medios que promueven el periodismo de investigación e independiente tienen un techo de cristal del que no pueden pasar si quieren acceder a los recursos públicos”, sentencia la organización, lo cual asfixia a los propietarios de distintos medios de comunicación, que tienen que trabajar apenas con un presupuesto apretado (muchas veces pagándole a sus colaboradores de su propio bolsillo) o fomentar su propia sumisión en favor de su supervivencia.

En este sentido, se puede apreciar que es tremenda la cantidad de presupuesto asignado a publicidad oficial.



Pese a que el Estado de México no es la entidad con mayor presupuesto asignado a este efecto (115,040,596 pesos para el año 2017), es evidente la cantidad destinada a promover las cifras oficiales.

Las elecciones, el mayor ejercicio democrático del país, también se han convertido un contexto de cobertura de riesgo. Artículo 19 menciona que “en 2017 se volvió a documentar violencia focalizada: durante la jornada electoral del 4 de junio de 2017 se documentaron 19 agresiones en los dos estados en donde hubo elecciones: Estado de México y Coahuila. En total, se documentaron 41 agresiones a periodistas que cubrían esta jornada”.

Estas agresiones forman parte de las 27 que registró el Estado de México durante 2017, siendo este el año más violento para los periodistas en la entidad y parte de las 501 agresiones que se registraron solamente el año pasado a nivel nacional.

Pese a la incipiente relevancia de los medios de comunicación independientes asentados en plataformas electrónicas, tampoco se puede garantizar seguridad en estos medios. En 2017 fueron registradas cien agresiones en internet a medios de comunicación, de las cuales el Estado de México registró tres, de las cuales la mayoría, 45, fueron por agresores desconocidos. Le siguen 37 registros de agresión por parte de servidor público, nueve por parte de particulares, siete del crimen organizado y dos agresiones por parte de partidos políticos. A ello se suman casos como el uso de software por parte del gobierno federal (como el llamado Pegasus para espiar a distintos periodistas, investigadores y hasta litigantes en casos de interés público donde la administración federal tiene algún grado de involucramiento, vulnerando más de una libertad individual y poniendo en riesgo su integridad y la de los que los rodean.

Después de diez años de la organización en México, (fundada en 1987 y con sede central en Londres), el panorama que describen es sumamente oscuro para la libertad de expresión en el país. Asesinatos como el de Javier Valdez y Miroslava Breach, entre otros, y acciones deliberadas de los tres órdenes de gobierno para limitar o incluso eliminar la información verídica que resulte incómoda para sus intereses ponen de manifiesto la grave problemática que implica comunicar la verdad en el país. No es casualidad que Artículo 19 culmine su prólogo con la leyenda: “No hay democracia sin el respeto a los derechos humanos. No hay democracia sin justicia. No hay sociedad democrática sin prensa libre”.