8 de abril de 2018

Ante los recientes sucesos que se han presentado en las calles de diversos barrios del Municipio Chimalhuacán, Estado de México, donde ciertos grupos de choque pertenecientes a la organización “Antorcha Campesina” han agredido de forma física y verbal a militantes y colaboradores del resto de los partidos políticos que integran la oposición al grupo que actualmente detenta el poder, se realizan los siguientes posicionamientos al respecto:

1. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de las personas al libre tránsito por su territorio, sin necesidad de solicitar algún tipo de permiso, ni otros requisitos: “Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.”

2. Asimismo, el artículo 9° de nuestra Carta Magna establece nuestro derecho humano a asociarnos y reunirnos pacíficamente con cualquier objeto lícito: “Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; (ASAMBLEAS)”

3. Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México dispone en su artículo 29 las siguientes prerrogativas de los ciudadanos del Estado: “Artículo 29.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado:

IV. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del Estado y de sus municipios; y

V. Participar en las organizaciones de ciudadanos que se constituyan en sus comunidades, para la atención de sus necesidades.”

De conformidad con las anteriores disposiciones constitucionales, es indudable que constituye un derecho humano de todas las personas transitar libremente por el territorio nacional, estatal y municipal, sin necesidad de solicitar algún tipo de permiso. Así mismo, es fundamental tomar en consideración que cualquier grupo de personas puede reunirse cuando su objeto y fin sea licito, tal como en el caso concreto, lo es la promoción de diversas corrientes ideológicas y sus propuestas en un Municipio, máxime cuando nos encontramos de cara a una coyuntura política de máxima importancia, donde las condiciones de competencia deben estar en un plano de igualdad.

Sin embargo, diversos grupos de choque pertenecientes a la organización de “Antorcha Campesina”, en complicidad con el gobierno en turno, han cooptado diversos territorios dentro del municipio de Chimalhuacán, impidiendo a toda costa la entrada de personas ajenas a su organización, utilizando la violación como su principal arma y haciendo uso indebido en ciertos casos de los cuerpos de seguridad pública, sin omitir mencionar que hacen alusión a ciertos “permisos” que deben obtenerse por parte de su organización para poder ingresar a esos territorios.

Esta situación se ha venido replicando desde hace ya varios años, pero su intensidad ha aumentado en recientes fechas, al grado de que la participación de los militantes y colaboradores de los partidos políticos de oposición y otras organizaciones, se hace casi imposible, pues el temor al daño de su integridad física e incluso de sus propias vidas, hacen inevitable el repliegue de su presencia en dichos sectores.

Lo anterior resulta sumamente grave, ya que en primer lugar las vidas de las personas corren un riesgo inminente, y posteriormente estas acciones coartan los derechos de libre tránsito y libertad de reunión antes aludidos, y con dichas conductas, los integrantes de estos grupos de choque hacen imposible la participación ciudadana en los aspectos relevantes de la vida policía del municipio, rompiendo totalmente con la lógica democrática que debe imperar en los comicios que están próximos a llevarse a cabo.

La intolerancia ideológica es un mal que no debe ser permitido en ninguna sociedad hoy en día, máxime cuando viene acompañada de expresiones repletas de violencia como las que acostumbra realizar “Antorcha Campesina”, quien a base de amenazas y chantajes tiene subyugada a gran parte de la población de Chimalhuacán, circunstancia que se agrava llegando a dimensiones insospechadas, cuando advertimos que incluso los elementos policiacos son empleados para este tipo de acciones y demás propósitos particulares del grupo en el poder.

Por todo lo anterior, se hace un atento llamado a las autoridades correspondientes, para que en uso de sus atribuciones lleven a cabo las acciones necesarias para mitigar y eliminar, este fenómeno que atenta en contra de los ciudadanos de Chimalhuacán y de la democracia misma.

Staff Redacción