22 de junio de 2018

El principio de disponibilidad establece que los archivos no son propiedad de los servidores públicos, sino que deben permanecer disponibles y abiertos a la sociedad. Así, el desarrollo de las políticas públicas debe facilitar a la población la consulta de los conocimientos registrados y, por ende, la generación de opiniones sobre el actuar gubernamental, afirmó José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Junto con Javier Martínez Cruz, también Comisionado del Infoem, los integrantes del Pleno de este órgano participaron en los “Diálogos rumbo a la implementación del modelo de gestión archivística”, enmarcados en la conmemoración del Día Internacional de los Archivos y convocados por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en coordinación con el organismo garante de Tlaxcala (IAIP).

En su intervención, el Comisionado Luna Hernández aseguró que la Ley General de Archivos puntualiza que debe preservarse todo el acervo documental producido por las instituciones públicas, que se encuentran obligadas a tratar adecuadamente y a instrumentar los procedimientos necesarios para que los archivos de trámite y de concentración se conserven y transfieran de manera correcta; adicionalmente, que se identifiquen los documentos con valor histórico.

Por su parte, el Comisionado Martínez Cruz entregó proyectos de inversión para el desarrollo de infraestructura en materia archivística destinados a los 60 municipios del estado de Tlaxcala, a través de los cuales se propone la creación y, en su caso, la modernización de sus centros documentales. Para ello, dijo, es importante registrar el proyecto en la cartera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaba cada año, a fin de que forme parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

En su participación, José David Cabrera Canales, Comisionado del IAIP, señaló que deben aprovecharse todas las acciones en materia archivística llevadas a cabo en la entidad, pues es imperiosa la homologación de la normatividad estatal con la Ley General de Archivos, con el propósito de que la población pueda ejercer los derechos tutelados por el órgano garante.

En su oportunidad, Francisco Morones Servín, también Comisionado del IAIP, se refirió a los resultados de la segunda encuesta diagnóstica a los sujetos obligados de la entidad, como parte de las acciones del Consejo Estatal de Documentación de Tlaxcala, y destacó la relevancia de capacitar al personal dedicado a esta labor.

Para finalizar, Martha Arely López Navarro, Comisionada Presidenta del órgano garante de Sonora (ITIES), compartió la experiencia en su estado y subrayó que invertir en recursos humanos, materiales y tecnológicos para resguardar el acervo documental en archivos seguros previene la pérdida de documentos y fortalece los derechos de acceso a la información pública y protección de los datos personales.

Staff Redacción