18 de julio de 2018

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó multar con 14.6 millones de pesos al PRI por recibir aportaciones descontadas a los trabajadores del gobierno de Chihuahua durante el 2015; a Morena multa por 197 millones de pesos debido a irregularidades detectadas en un fideicomiso para damnificados y al PAN por aportaciones a Ricardo Anaya, trianguladas entre una empresa y particulares, los cuales son familiares del alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar.

La multa al PAN por 3 millones de pesos, se debido a que se detectaron aportaciones a la cuenta del su candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, por un monto de 1.5 millones de pesos, los cuales fueron depositados por la empresa SUART SA de CV, a partir de tres aportaciones realizadas a esa empresa por supuestos servicios prestados a particulares, los cuales, de acuerdo a la investigación realizada por el área de fiscalización del INE, resultaron ser la mamá, el papá y un hermano del actual alcalde de Huixquilucan.

Los consejeros señalaron que se presentaron facturas para amparar supuestos servicios de la empresa prestados a los particulares seis meses antes, pero lo curioso fue que se pagaron hasta que se requirieron las comprobaciones respectivas.

CASO PRI

En el caso del PRI, el Consejo General también determinó sancionar al partido por recibir aportaciones por parte de una dependencia del gobierno del estado de Chihuahua durante el ejercicio 2015.

En la investigación realizada se pudo acreditar que, desde la Secretaria de Hacienda del estado y mediante un sistema de compensaciones, se realizaban descuentos a los trabajadores de Chihuahua sin su conocimiento por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos para ser entregados al partido.

Por este motivo el pleno determinó sancionar al partido la falta, con el 250 por ciento del monto involucrado; es decir, 36 millones 544 mil 702 pesos.

El Consejero Benito Nacif, señaló que el Instituto Nacional Electoral ha sancionado y seguirá sancionando el uso de los recursos administrativos del gobierno para hacer descuentos de nómina, como aportaciones de simpatizantes o militantes de los partidos políticos.

Por su parte, el Consejero Murayama, refirió que “ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna. Conquistar el gobierno no implica poder imponer descuentos a los subordinados, ni forzar adhesiones partidistas”. Los trabajadores de los gobiernos, enfatizó, “son servidores públicos, no base política ni militancia”.

“La fiscalización que realiza el INE es exhaustiva y busca detectar cualquier irregularidad, aun cuando se diseñen mecanismos complejos para tratar de ocultar tramas de financiamiento irregular”, concluyó.

CASO MORENA

Las consejeras y consejeros electorales determinaron por mayoría, con el voto en contra del Consejero José Roberto Ruiz, imponer a Morena una sanción por 197 millones 46 mil 413 pesos por la constitución de un fideicomiso para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la ley.

Al fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 millones de pesos, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo.

La sanción impuesta asciende a 250 por ciento del monto involucrado, al haberse configurado la omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir recursos de personas desconocidas y de ente prohibido (personas morales).

Al respecto, el Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización explicó que esta acción constituye un fraude a la ley, pues se comprobó que la apertura de un fideicomiso, supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo, fue creado y operado por la dirigencia del partido Morena.

“No se trata de una conducta irregular aislada, sino de una trama de financiamiento paralelo. Se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad, además de que el fin de dar dinero a la población es ilegal para un partido”, sostuvo.

El Consejero Murayama precisó que el fideicomiso se nutre de recursos de procedencia prohibida como son los de origen desconocido -44.4 millones de pesos en efectivo- y provenientes de empresas (3.2 millones de pesos), además de que se ejerce un total de 64.4 millones de pesos a través de cheques de caja y en efectivo por 56 personas relacionadas con el partido -legisladores y candidatos- lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas de un partido.

“Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo la competencia democrática”, afirmó.

Por su parte, la Consejera Pamela San Martín añadió que “estamos ante un esquema de creación, operación y manejo de un fideicomiso de financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos de origen privado”.

Al argumentar su voto en contra del proyecto, el Consejero José Roberto Ruiz señaló que, a su parecer, no hay elementos suficientes para acreditar responsabilidad al partido político en la constitución y operación de dicho fideicomiso.

En su defensa el representante de Morena, Horacio Duarte, denunció que la investigación en contra del movimiento, es resultado de una “filtración” por lo que debía ser desechada y aseguró que existen motivaciones políticas detrás de la multa, a las que consideró “coletazos del sistema”. Anticipó que combatirá la resolución. También se informó que El Consejo General tiene hasta el 6 de agosto para resolver 601 quejas en materia de fiscalización.

Staff Redacción