24 de julio de 2018

El contralor interno del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, reconoció que existen al menos 30 casos de alcaldes, en los cuales la implementación de sus respectivos sistemas municipales anticorrupción se ha empantanado, no por falta de recursos materiales o humanos, sino porque a los ediles en cuestión simplemente no les conviene hacerlo, debido a “sus negocios” en las comunas.

Entre esta treintena de alcaldes, se encuentran lo mismo ediles de municipios rurales o semiurbanos, que de grandes municipios metropolitanos, incluso del valle de México, aunque también en el valle de Toluca hay retraso y en este caso el argumento es la falta de personal competente que esté disponible.

Sin embargo Barrios Dávalos admitió que existen otros casos, alrededor de 30, de ediles a quienes no les conviene que se implemente el sistema estatal anticorrupción, por el simple hecho de que tienen algunos negocios al interior de las propias administraciones municipales y temen que se pongan al descubierto.

“Muchos, porque no quieren que los investiguen, no quieren que haya un ciudadano... o sea, somos parte de la administración pública, pero yo no quiero que un ciudadano de fuera, que además es muy incisivo venga a decirle a los ciudadanos, que yo estoy haciendo mal esto”, señaló el contralor, para ejemplificar el argumento común entre los alcaldes omisos, que buscan evadir la implementación de su sistema municipal.

Indicó que estos alcaldes no quieren correr riesgos, pues podrían ver expuestos algunos de sus negocios.

“Por lo menos unos 33, que quieren mantenerse en la opacidad algunos incluso creo que hasta por riesgo, porque no quieren que sepan a quien le compran, dónde compran, porque compran...”, agregó.

Dijo que por ello algunos le dan largas a la implementación de sus sistemas municipales anticorrupción, por lo que a la fecha suman solo 71 los que lo tienen totalmente instalado, aunque no todos estén ya operando.

Tras una conferencia magistral impartida por la contralora interna del ayuntamiento de Calimaya, Eunice Torres Guerrero sobre “El reto de construir el Sistema Municipal anticorrupción”, el contralor del Poder Legislativo, reconoció que aún faltan realizar algunos ajustes al marco legal para que quede alineado y se haga más operativo; por ejemplo están pendientes cambios a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cual consideró, deberá ser una “prioridad” para la próxima Legislatura que inicia funciones el 5 de septiembre próximo.

Por su parte Eunice, dio una amplia explicación de cómo se articula y opera el sistema municipal anticorrupción, así como algunas de las lagunas o deficiencias que presenta, sobre todo de tipo procedimental.

En este sentido, coincidió en que se requieren algunos ajustes en diversos ordenamientos, para hacerla más operable, pero también la asignación de recursos a los ayuntamientos, para que cuentan con el personal suficiente que requiere su conformación, pues ahora, por ejemplo, no solo las autoridades pueden impugnar un procedimiento, también los particulares que se vean implicados en alguna investigación, con lo cual, dijo “se previene la corrupción de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro”.

Ese aspecto, dijo, es un “parteaguas”, además de que insistió en que se dote de suficiencia presupuestaria a los municipios para que puedan incorporar el personal que requieren para instrumentar su estructura anticorrupción, ya que ahora no solo se requiere un contralor y un abogado, como antes, sini por lo menos a dos abogados, a un arquitecto y a un contador.

Mary Delgado