En su informe legislativo 2018, el organismo destaca a la Legislatura Local como una de las que más recursos consume y peor administra, ya que tiene el segundo presupuesto más alto de los Congresos Locales, después del de la Asamblea Legislativa de CDMX, pero del cual destina el 62% a servicios personales y un 19% a "ayudas sociales", en lo que el IMCO ha denunciado como una práctica fuera de la ley.

De hecho, el estudio del IMCO denomina "Sedesoles Legislativas" a esa práctica irregular de algunos Congresos Locales, del cual Edomex es vanguardista, al disponer de recursos públicos para regalar o distribuir apoyos, vía diputados, que pueden ir desde juguetes, hasta materiales de construcción o apoyos directos.

Durante la presentación de los resultados del estudio, el director general de IMCO, aclaró que esta función de “distribuir apoyos” está fuera de la ley y es netamente de tipo “clientelar”.

En el caso del Estado de México, este año se asignó un presupuesto de 187 millones 500 mil pesos al Programa de Apoyo Comunitario (PAC), lo que significó la distribución directa de un promedio de dos millones y medio de pesos para cada uno de los 75 legisladores, excepto los de Morena, que aparentemente renunciaron a este “derecho” local.

En el caso de la legislatura mexiquense, la cual será renovada el próximo cinco de septiembre, es la más numerosa del país con 75 diputados (45 de mayoría relativa y 30 de representación proporcional); una cifra muy superior al promedio de 35 diputados por los mil 124 curules de todos los congresos locales del país. Considerando que es la entidad más poblada del país, es la que también más habitantes por diputado tienen, con 234 mil 728 personas por cada legislador local.

Además, de acuerdo con el IMCO, la mayoría de los legisladores locales son hombres, el 64% de la LIX legislatura, mientras el 36% restante son mujeres, una cifra por debajo del promedio de 42% en los congresos estatales.

Un aspecto relevante y criticable del congreso mexiquense es que es una de las ocho entidades que no cuentan con servicio profesional de carrera, cuyo fin es que el personal que labora en el congreso ingrese a través de concursos con criterios objetivos y meritocráticos, reciba capacitación continua y conozca sus derechos y deberes laborales.

El hecho de que falte un servicio profesional de carrera en el congreso mexiquense fomenta que cualquiera de los mil 277 trabajadores del congreso llegue por “compadrazgos” y contactos, llevando por supuesto a escalar posiciones mediante corrupción.

En cuanto a su presupuesto asignado, también existe una opacidad relevante en cómo dejó el presupuesto la LVIII legislatura en 2015 a sus sucesores que terminan el siguiente mes, pues no existen datos del Estado de México respecto al presupuesto, en este ejercicio del IMCO. De hecho, es la única entidad que no tiene los datos de 2015 y que no permiten conocer el crecimiento en el presupuesto con respecto a los mil 500 millones de pesos de la LIX legislatura en 2018.

En el mismo tema del presupuesto, el porcentaje del presupuesto del congreso respecto al presupuesto del estado es de 0.56%, a cada diputado le correspondería 21 millones 379 mil 226 pesos para ejercerlos y por habitante serían 90 pesos.

Otro problema que resalta el IMCO es que el congreso mexiquense, en lugar de cumplir sus labores legislativas, está funcionando más como órgano de programas sociales, función que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. De esta manera, las Asamblea Legislativa y el Congreso del Estado de México fueron los dos órganos legislativos que más recursos ejercieron en ayudas sociales, 576 millones de pesos en total, una tercera parte del presupuesto de egresos de 1,500 millones de pesos mencionado líneas arriba. Detrás de la Ciudad de México, el Estado de México es la segunda entidad que más dinero del congreso destinó a dádivas.

Se tiene que tomar en cuenta que la LIX legislatura es la que más priístas tiene (hasta el cinco de septiembre, donde será reemplazada por una mayoría morenista), pues 32 diputados eran del PRI, 12 diputados del PAN, 12 del PRD, dos de PVEM, seis de Morena, dos de MC, NA y PT cada uno, tres del PES y una diputada independiente (en aquel momento), Patricia Durán Reveles. Ello explica que la legislatura hubiese destinado dinero a programas sociales para acompañar los programas clientelares del gobierno priísta estatal como la llamada “Tarjeta Rosa”.