16 de octubre de 2018

Jesús Ramírez, vocero del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, informó que la consulta ciudadana que promueve el mandatario entrante para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México costará un millón y medio de pesos, aproximadamente.

El vocero también dio a conocer la única pregunta que aparecerá en las boletas para la consulta que se realizará del 25 al 28 de octubre.

“Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea usted que sea la mejor para el país?”, será el cuestionamiento que tendrá dos opciones de respuesta:

A) Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea Santa Lucía, o B) Continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La consulta estará organizada por la Fundación Arturo Rosenblueth, a pesar de que, de acuerdo con las propias palabras de Enrique Calderón Alzati, su presidente “están aprendiendo” en temas de consultas.

La consulta se realizará de los días 25 al 28 de octubre. En 538 municipios se instalarán 1,073 mesas de votación en 538 municipios en los 32 estados de la República.

FALTA DE COMUNICACIÓN

El vocero indicó, a pregunta expresa, que el dinero saldrá de los voluntarios de los legisladores. Sin embargo, líderes de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron que legisladores de ese partido vayan a financiar la consulta sobre el nuevo aeropuerto, de un costo estimado de 1.5 millones de pesos, como dijo el equipo de Andrés Manuel López Obrador, este lunes.

“No obedecemos a ninguna instrucción. No estamos obligados ni nadie lo ha planteado. Son rumores. No veo cómo podemos financiarlo, a mí nadie me ha pedido”, dijo Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena y presidente de la Cámara Baja.

“Evidentemente los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente; pasó el tiempo en que los diputados de Morena, o antes del PRD, enviaban recursos a la campaña del Presidente electo. Ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido”, agregó.

Además, el diputado mencionó que la encuesta no necesariamente decidirá el destino del nuevo aeropuerto ya que “una consulta vinculante la debe hacer un órgano calificado, hay que pensar en cuál, como el INE, por ejemplo, de acuerdo a lo que marca la Constitución”. En entrevista, Muñoz Ledo explicó que la consulta “no es ilegal, pero no tiene validez; es más un compromiso personal del Presidente electo que una cuestión vinculante. No es vinculante, pero es indicativa y lo fundamental es que la gente opine”.

Por su parte, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, también rechazó la idea de desviar el presupuesto de las cámaras a la consulta que promueve AMLO. “Nosotros no vamos a financiar nada, primero porque estamos en un proceso de austeridad, sólo disponemos de nuestra dieta; y segundo, porque se está llevando a cabo esta consulta por el Presidente electo y su equipo, y de ninguna manera nos han planteado alguna situación económica adicional a la que están viendo ellos”, aseguró.

¿ES ILEGAL LA CONSULTA?

De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, promulgada en marzo de 2014 y aún vigente, en su artículo 26:

Cuando la petición de consulta popular provenga del Presidente de la República, se seguirá el siguiente procedimiento:

I. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales;

II. Recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá:

a) Resolver sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta; no sea tendenciosa o contenga juicios de valor; emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible, y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.

b) Realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta y cumpla con los criterios enunciados en el inciso anterior.

c) Notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a que la emita;

III. En el supuesto de que la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria, dará cuenta y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido;

IV. Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, la pregunta contenida en la resolución, no podrá ser objeto de modificaciones posteriores por el Congreso, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictamen; V. El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso; en caso contrario, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, y

VI. Aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En resumen, el presidente (en funciones) es quien propone la consulta ante el congreso, la Suprema Corte la valida y el INE la organiza. El presidente electo aún no entra en funciones y está organizando la encuesta directamente con una asociación civil, violando la ley antes mencionada, por lo que sus resultados, desde el punto de vista legal, no deben ser definitorios ni oficiales.

El líder nacional del PRD, Manuel Granados, calificó de ilegal la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto, señalando que quien la organiza es un partido político, Morena, y quien la convoca es un ciudadano, Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Acompañado por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no descartó incluso recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer un recurso legal, a fin de revertirla.

“La consulta no puede ser vinculatoria y menos cuando aún no asumen el cargo público, como es el caso del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue siendo un ciudadano, no ha sido el electo por el pueblo (…) en tanto no tiene ninguna atribución ni facultad para generar condiciones para llevar como ciudadano este esquema de consulta”, subrayó.

Por su parte, el senador Gustavo Madero, del PAN, cuestionó la legalidad de la consulta. “¿Andrés Manuel está haciendo esto porque es un demócrata o porque es un cabrón (sic)? ¿Está haciendo esto porque está convencido de que está convencido de qué está haciendo, o la verdad está manipulando?”

Agregó que todos quieren que se consulte, pero no “con remedos, no desvirtuando los instrumentos de democracia directa que tenemos los mexicanos y que haga creer que está consultando”. El senador aseguró que hay intenciones turbias debajo de la consulta y que la consulta es “manipulada”.

“Si el aeropuerto va a consulta ¿por qué el Tren Maya no?, si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué la construcción de las refinerías no? Si el aeropuerto va a consulta, ¿por qué el corredor trans sísmico que propone el presidente electo no?” cuestionó la senadora Kenia López Rabadan, del PAN.