Las estadísticas presentadas por el organismo se centran en la corrupción a pequeña escala debido a que es el tipo que la población experimenta con mayor frecuencia, entendida esta como la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público.

A pesar de que ya no se encuentra en la cima de los estados de la república con la prevalencia de corrupción sufrida por la población (presentando, en palabras del propio INEGI, mejoras), la entidad mexiquense ocupa el séptimo lugar en el mencionado rubro, detrás de Ciudad de México, Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas y Durango. El 15.9% de la población mexiquense ha experimentado algún acto de corrupción.

En cuanto a proporción de establecimientos víctimas de corrupción, el Estado de México ocupa el deshonroso segundo lugar, con 10 de cada 100 unidades económicas víctimas de corrupción, únicamente detrás de la Ciudad de México.

En 2017 se encontró que las oficinas de control interno del Estado de México recibieron 5.7 quejas por actuaciones de servidores públicos por cada cien servidores públicos estatales, cifra que rebasa por más del doble a la media nacional de 2.6. Esto deja a la entidad como el tercer estado donde más quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos por cada 100 seguidores, después de la Ciudad de México (9.5) y Aguascalientes (8.3)

Además, la entidad mexiquense forma parte de los 15 estados de la república que apenas parcialmente han implementado la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que también el Estado de México es de las 17 entidades en 2017 que contaban con un plan anticorrupción.

En este sentido, Zacatecas fue el estado que tenía el mayor número de trámites considerados dentro de las acciones de control de la corrupción, con un total de 23 trámites, seguido del Estado de México con 19 trámites.

Otro punto positivo es que la entidad mexiquense tiene el 100% de sus municipios con órganos de control interno. No obstante, de una manera muy contrastante, solo el 15.2% de los municipios cuentan con plan o programa anticorrupción.