11 de diciembre de 2018

La LX Legislatura Local recibió una iniciativa histórica, que propone derogar dos decretos que se instituyeron en 1945 y 1993, para “normalizar” las “prerrogativas o “privilegios” a favor de exgobernadores del Estado de México, consistentes en la asignación de seis funcionarios públicos para su servicio personal. La nómina de estos servidores públicos corre por cuenta del presupuesto estatal.

Se presentó la iniciativa, que de ser aprobada, pondrá punto final a las pensiones en especie que reciben al menos siete exgobernadores en la actualidad: Enrique Peña, Eruviel Ávila, Arturo Montiel, Emilio Chuayffet Chemor, Alfredo del Mazo González, Cesar Camacho Quiroz e Ignacio Pichardo Pagaza, autor de la iniciativa de 1993, que “regularizo” el número de funcionarios adscritos a cada exmandatario. La iniciativa se basó en una investigación periodistica de la reportera María Teresa Montaño, quien fue quien descubrió que había un decretó que se mantuvo en secreto por años.

En la exposición de motivos, se dieron a conocer los antecedentes de los decretos de 1945 y el del 1993, y consideró que se trata de “privilegios” y de un “tratamiento preferente” en materia de seguridad a los exmandatarios (actualmente siete), que no resultan compatibles con las actuales disposiciones en materia de austeridad y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos.

Estos decretos fueron descubiertos mediante mecanismos de transparencia por la periodista Mará Teresa Montaño, aunque la egisladora ponente nunca reconoció la investigación que se documentó a lo largo de más de diez años. El documento considera que debe cuestionarse si la asignación de seguridad personal, chofer y secretaria a cada exmandatario, “tiene utilidad pública” en los tiempos actuales que vive México.

El decreto publicado en julio de 1945, fue expuesto a la luz en 2008 originalmente, cuando la periodista Montaño lo descubrió. a partir de entonces comenzó a documentar estos privilegios con la interposición de más de 10 solicitudes de información desde entonces a la fecha.

Cabe destacar que en 1993 y a solo semanas de dejar el cargo, el exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza, regularizó estas prerrogativas con otro decreto que les asigna un total de seis servidores públicos a cada uno, incluido un jefe de seguridad; tres operativos, un chofer y una secretaria.



staff redacción