3 de enero en 2019

Para garantizar el derecho al acceso a la información pública, es indispensable que todos los sujetos obligados “cumplan con el deber de documentar la totalidad de lo que realizan en el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones”, comentó José Guadalupe Luna Hernández, Aspirante a Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

Subrayó que esos documentos deben resguardarse en archivos administrativos actualizados, que es ahí donde la materia se vincula con la Ley General de Archivos, expedida de manera reciente por el Congreso de la Unión anterior, al concluir su periodo constitucional.

“Dicha ley refleja una visión jurídica y política de un régimen que estaba concluyendo, por eso creo que, a la luz de la construcción de un nuevo régimen político, es indispensable someter a examen algunos de sus contenidos”, explicó Luna Hernández.

Indicó que en la actualidad la información que tiene vocación de llegar al Archivo Histórico –pero que contenga datos personales sensibles– tendrá que quedarse precautoriamente por un plazo de 75 años en los archivos de concentración de las instituciones.

El aspirante a comisionado nacional remarcó que, la referida información, solamente podrá ser consultada por la ciudadanía en el plazo antes mencionado, y únicamente tendrá que ser solicitada mediante el Derecho de Acceso a la Información, y a través de versiones públicas testando (comprobar) esos datos personales.

Consideró que en las sociedades democráticas estos plazos deben ser menores, sin dejar de lado la importancia que tiene la restricción temporal por contener datos personales sensibles; no obstante, fue claro al afirmar que, si bien la información que formará parte del Archivo Histórico es importante, el plazo de restricción debe disminuir y promover su apertura.

Precisó que recientemente el INAI –en ejercicio de esta facultad– se pronunció sobre la información que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resguarda relacionada con los hechos ocurridos en 1968; correctamente la decisión fue por la apertura, sin embargo, este tipo de información no debe esperar a que un órgano como el INAI tenga que pronunciarse sobre ella para dar una opinión y permitir que pase al Archivo Histórico.

“Esto debe de adoptarse a través de una reforma a la Ley General de Archivos, que debe ser promovida desde el interior del Sistema Nacional de Transparencia y desde el propio INAI. Por eso es que quiero ser comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ya que, mediante una revisión correcta de la Ley Nacional de Archivos, vamos a corregir algunos de los errores que quedaron como resultado de los procesos de negociación en los que se vio inmersa esta norma”, concluyó.

Staff Redacción