The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, publica este Gran Reportaje, con autorización de sus autoras, Quinto Elemento Lab y como parte de la Articulación de Medios Independientes

Eran las 13 horas y miles de reos del Penal Estatal de Puente Grande en Guadalajara esperaban su turno para pasar frente al cocinero que con el cucharón servía a cada uno el menú del día: sopa de lentejas, ceviche de soya, frijoles de la olla, salsa roja y tres tostadas. Pero algo en ese plato no olía bien y hubo quienes prefirieron aguantar el hambre hasta la cena y devorar una porción de frijoles de la olla, pan dulce y café con leche.

Después, como cada noche, los presos se encaminaron hacia sus celdas. No habían llegado a ellas cuando muchos empezaron a sentir dolor de estómago y de cabeza, diarrea, sudores y náuseas. Hacia las 23:00 horas quedó claro que la noche de ese 24 de mayo de 2014 no sería igual a las demás. Los quejidos y los gritos de auxilio a la enfermería hicieron sonar las alarmas. Los reos pelearon por el único retrete dentro de sus congestionadas celdas. Quienes no lograron abrirse paso entre sus compañeros tuvieron que defecar o devolver el estómago ahí mismo en el suelo.

No se trató de una decena de reos intoxicados; tampoco de 450 como reportó el gobierno a la prensa en los días que siguieron. Según documentos, hasta ahora inéditos, 683 reos, la mayoría jóvenes, cayeron enfermos, 640 con diarrea. La escena era dantesca. La de ese día fue una de las intoxicaciones más numerosas en la historia reciente de las cárceles en América Latina.

Los internos enfermaron de salmonelosis, causada por una bacteria que viaja en las heces de animales y humanos, y que las autoridades encontraron en 81 muestras tomadas a los enfermos, según informó el 28 de mayo el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La “probable fuente de infección” fue el ceviche de soya que les sirvieron ese día.

“Estábamos en shock”, recordó José, exmiembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que estaba preso y que recuerda haber visto a muy pocos médicos y enfermeros atendiendo el brote. “¿Qué va a pasar? ¿Cuántos nos vamos a morir?”, la idea le atormentó aquella noche. José, que pidió la reserva de su nombre completo, dijo que la cárcel estuvo a punto del descontrol; los custodios y las autoridades se vieron sobrepasadas.

La crisis se diluyó días más tarde y, para fines oficiales, el contrato por casi 196 millones de pesos (mdp) que tenía La Cosmopolitana siguió en pie y el capítulo quedó cerrado con una sanción de 331 mil pesos y un donativo por 720 mil para remodelar la cocina.

Esta no era la primera crisis relacionada con la comida que protagonizó esta compañía y tampoco fue la última.

De acuerdo con un informe inédito que elaboró la Comisión Nacional de Seguridad, justo la comida y la falta de agua para beber estuvieron entre las principales razones que animaron el motín en Islas Marías, Nayarit, el 2 de febrero de 2013. La revuelta dejó 32 heridos, algunos de ellos por impactos de bala, y causó graves daños a edificios y vehículos, como muestran fotografías en poder de este medio.

Además, una revisión de cientos de páginas de auditorías, informes, amparos de presos y quejas ante Derechos Humanos, además de una serie de estudios hechos entre reos y custodios, reveló que persistieron los problemas con la calidad, la cantidad y la higiene de los alimentos.

En un estudio más reciente, realizado por académicas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en 2017, los custodios y empleados de cuatro cárceles federales se quejaron de recibir comida en mal estado; algunos dijeron haber encontrado hilos, larvas, gusanos y cucarachas en sus alimentos. La proveedora, La Cosmopolitana, es una empresa propiedad de la familia Landsmanas y forma parte del Corporativo Kosmos (CK).

Una investigación de más de un año realizada por VICE y Quinto Elemento Lab reveló que esta compañía se ha convertido, sigilosamente, en el monopolio del servicio de comidas para un enorme número de mexicanos cautivos.

Según los 704 contratos a los que tuvo acceso este equipo de investigación, en 2002 este proveedor tenía negocios con el gobierno por al menos 6 millones de pesos (mdp). En 2009, por 343 mdp. Para 2018 tenía contratos por más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con esta investigación, Corporativo Kosmos tiene tal fuerza que ha logrado contratos por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y lo que va de 2019 –una tercera parte sin licitación–. Esto, sin contar los que firmó con Pemex y sus subsidiarias, y que la paraestatal se negó a entregar.

Las empresas de Corporativo Kosmos alimentan a los enfermos que duermen en el IMSS, a los niños en guarderías del DIF, a los atletas del alto rendimiento y a trabajadores que pasan semanas en las plataformas marinas de Pemex, damnificados y policías. También dan de comer al personal administrativo, custodios y reos de 14 penales federales, a presos de las 15 cárceles de la Ciudad de México y de prisiones en otros estados; a funcionarios en secretarías de Estado e incluso a quienes fueron a parar a El Torito en una noche de excesos.

El 19 de febrero, en una entrevista con el noticiero Panorama Informativo, de Grupo ACIR, el nuevo director de Centros Penitenciarios Federales, Francisco Garduño, se refirió a La Cosmopolitana, sin llamarla por su nombre. Hay una empresa “que está en todos lados”, dijo, y aseguró que los contratos que tiene con las cárceles federales son “leoninos”.

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en rueda de prensa que presentará un informe acerca de los monopolios de venta de comida y medicamentos a gobierno, y habló de revisar los contratos.

Diversas fuentes informaron a este medio que Julio Scherer Ibarra, actual consejero jurídico de la Presidencia y persona cercana a López Obrador, fue abogado de La Cosmopolitana y de Productos Serel, otra de las empresas de la familia Landsmanas. Esta información fue confirmada por Ulises Castellanos, asesor en comunicación y medios del abogado.

Castellanos dijo que estas empresas fueron clientes del despacho Scherer y Asociados durante alrededor de cinco años y que la relación de trabajo finalizó en octubre de 2018. “Llevaba asuntos de muchos empresarios y políticos”.

El abogado que jugó del lado de este gran corporativo ahora es parte de un gobierno que, a decir del encargado de prisiones, no está del todo satisfecho con los contratos (que por cierto vencen en agosto).

De acuerdo con la información recabada por VICE y Quinto Elemento Lab, el mayor cliente de CK en el gobierno son las cárceles federales. Entre 2012 y 2016 el gobierno le asignó dos contratos de cuatro años cada uno por un total de 12 mil 223 mdp. A partir de entonces, La Cosmopolitana ya no se dedica solamente a servir los alimentos, sino que fue contratada para prestar 12 servicios más, como la lavandería, jardinería, pintura y mantenimiento, entre otros.

El segundo cliente más importante de los Landsmanas es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que los ha contratado cada año sin falta desde 2003 para su red de hospitales. En tercer lugar está el gobierno de la Ciudad de México para sus cárceles, bomberos, el Metro y el DIF.

Los directivos de Corporativo Kosmos declinaron a insistentes solicitudes de entrevista en las seis semanas previas a esta publicación. “El grupo tiene firmados distintos contratos con cláusulas de confidencialidad, lo que nos impide contestar a las preguntas que nos hace”, respondieron al cierre de esta edición.

Una historia de familia

La familia Landsmanas tiene una cualidad que les ha permitido pasar inadvertidos por muchos años: el prudente encanto de la discreción. Ni ellos, ni sus empresas, aparecen en rankings o en las revistas de sociales. Tampoco en aquellas que se dedican a olfatear a empresarios con éxito.

Bajo la letra “L” de una gaveta en el archivo histórico migratorio, están algunas piezas que cuentan la historia de la familia, que llegó a México en 1959 proveniente del Norte de Europa.

Ilja Landsmanas, el motor de este grupo empresarial, aparece en una fotografía de 1975, cuando tenía casi 27 años. Su cabello obscuro remataba en unas patillas largas. Llevaba el bigote perfectamente separado en dos tramos, derecha e izquierda, y el espacio en blanco del medio hacía ver más larga y más recta su nariz.

Según cuentan estos documentos, Ilja –o Elías, como es conocido– llegó a México con sus padres, Pejsach (Pablo) Landsmanas y Chaja Dymensztejn. Los tres eran nativos de ciudades que hoy pertenecen a las repúblicas de Letonia y Lituania.

El señor Landsmanas se empleó en México en una carnicería propiedad de León Brener, otro inmigrado lituano (que fundó lo que hoy conocemos como la marca de embutidos FUD), y más tarde fundó su propia carnicería, La Modelo. La señora Landsmanas se dedicó a su hogar, en Tecamachalco, y a Jorge, el menor de sus dos hijos, que nació 16 años después que Elías, indican los documentos.

Por lo visto, la incursión del señor Landsmanas en el negocio de la carne marcó el rumbo para sus hijos también. Con Elías y Jorge Landsmanas la familia expandió el negocio al pollo y los abarrotes, dijeron empresarios del ramo. Compraron una red de bodegas de almacenaje que tenía el gobierno alrededor del país. Invirtieron en espacios en las centrales de abasto, se hicieron de una gran flotilla de transportes convencionales y refrigerados e invirtieron lo necesario para obtener una variedad de certificados ISO que el gobierno comenzó a exigir, lo que dejó fuera a muchos de sus competidores.

Pejsach Landsmanas murió en 1992, a los 74 años. Sus hijos –hoy de 70 y 54 años–, y más recientemente su nieto, Jack Landsmanas Stern, un Economista del ITAM de 42 años, compraron y se asociaron a empresas del ramo y conformaron un grupo de al menos siete empresas de alimentos que compiten, a menudo en cártel, por los contratos del gobierno. “Elías Landsmanas es un buen comerciante, un buen negociador, de una mano izquierda impresionante”, lo describió un ejecutivo del sector alimentos.

Los Landsmanas son conocidos en el sector por su astucia y porque siguen una estrategia “casi despiadada” para hacerse del mercado, dijo otro empresario. Si había unas 50 empresas rivales hace unos años, ahora se presentan a las licitaciones acaso unas seis, añadió. También son conocidos por su ferocidad: sus competidores declinaron hablar para este reportaje, algunos por temor a represalias.

Según pudieron conocer por diversas fuentes VICE y Quinto Elemento Lab, los ejecutivos de Corporativo Kosmos han seguido una estrategia agresiva que incluye amenazas a sus rivales e incluso intentos de inhabilitar a sus contrincantes, y presuntos tratos con funcionarios encargados de las compras en gobierno a fin de que se inclinen a su favor.

Un presunto caso asomó por accidente, en noviembre de 2010, luego que peritos de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República analizaron la laptop, el teléfono Blackberry, un radio Nextel y tres discos duros de César Mora, coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS. Estaban buscando evidencias de tratos indebidos y posiblemente ilegales de Mora con ejecutivos de dos farmacéuticas.

En su búsqueda encontraron correos de Jorge Landsmanas y del representante legal de una de sus empresas. En uno de los correos electrónicos, que divulgó Televisa en el noticiero de Joaquín López Dóriga en 2011, Jorge Landsmanas indicaba lo siguiente: “Los párrafos en ROJO se eliminan”; “Los párrafos en VERDE se integran”. Según informó la televisora, Jorge Landsmanas conspiraba con Mora para adecuar las bases de una licitación.

César Mora dijo en entrevista con este medio que él ya no trabajaba en el IMSS cuando el escándalo mediático se dio, pues los hechos ocurrieron muchos meses antes, casi un año; y esto nunca se aclaró en Televisa. Indicó que fue “crucificado sin razón” y que la Secretaría de la Función Pública “inició un procedimiento de investigación, y meses después concluyó que no existía prueba y/o evidencia que pudiera resultar en sanción por actos irregulares”.

Según Mora, su correo electrónico estaba dado de alta para recibir los mensajes de muchos proveedores en la etapa de las pre-bases, cuando ellos tienen autorizado, por ley, sugerir cambios a los requisitos de una licitación. Aún así asegura que él no contestó al mail del señor Landsmanas. “Yo pude demostrar perfectamente que esos correos eran un asunto de un procedimiento legal y establecido en la ley de adquisiciones”, aseguró.

Mora indicó que nos haría llegar el expediente que lo exculpa en los siguientes días; y nos hizo llegar un documento fechado este 2018 por la SFP, que indica que en este momento no está sancionado.

Pero la investigación a Mora y los Landsmanas, iniciada en 2010, echó a andar una auditoría a la entrega de alimentos de La Cosmopolitana. A partir del 18 de febrero de 2011 y cada mañana durante tres meses, un equipo de auditores revisó los alimentos que entregaban casi al amanecer a cuatro hospitales generales en la Ciudad de México.

El auditor encargado fue Roberto Santiago Magaña, un contador yucateco con tres años en la institución; un experto en auditorías que rápidamente había ascendido en el IMSS.

Aquí algunas anotaciones que hicieron los auditores, en sus hojas de control: carne de res con mucha grasa, pierna de cerdo en mal estado. Mandarinas secas, plátano verde, chícharo viejo revuelto con chícharo nuevo.

En un hospital observaron que la proveedora entregaba la carne en bolsas de plástico de las que escurría sangre; la carne venía en transportes a 18 grados, en lugar de los cuatro grados centígrados obligados. En otro hospital advirtieron que el pollo llegó sin etiquetas que indicaran siquiera la fecha de matanza. En algunos hospitales entregó menores cantidades de las pactadas.

Según concluyó al final del ejercicio, 28% de las partidas de alimentos no cumplía con las condiciones de entrega pactadas en el contrato. El 7 de junio de 2012, la Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa dos multas por un total de 180 mil 469 pesos. La Función Pública sólo tiene registro de estas dos sanciones a La Cosmopolitana, de 2000 a 2016.

En cuanto al caso de presunta corrupción con el IMSS, la Secretaría de la Función Pública mantiene en secreto sus hallazgos y su resolución.

VICE y Quinto Elemento Lab lograron acceso a la investigación. Sin embargo, la Función Pública tachó casi todos los renglones en cada una de las cinco mil páginas del expediente. Apenas sobresale el membrete de la papelería oficial.

Según la dependencia, revelar la información “afectaría los derechos fundamentales relativos a la dignidad y honor que tienen las personas a su reputación, buen nombre o fama que gozan ante los demás”.

La Función Pública informó que el contrato motivo del escándalo quedó cancelado. Sin embargo, los negocios de los Landsmanas no se detuvieron ahí. Al año siguiente, lograron más contratos con el IMSS y en 2012 sus empresas llegaron a un récord, con convenios por más de 900 mdp, de acuerdo con la base de datos de 704 contratos obtenidos vía Transparencia y Compranet.

Poner candados

En la jerga de los proveedores se llama “poner candados” a la práctica de lograr que un funcionario haga los cambios a las bases de una licitación, justo para salir seleccionados. Esta trampa viola las leyes de Adquisiciones que pretenden emparejar la cancha a todos los competidores.

VICE y Quinto Elemento Lab identificaron dos historias donde rivales de Corporativo Kosmos protestaron porque las bases tenían requisitos que sólo los Landsmanas podrían cumplir.

En abril de 2016, en la licitación de los servicios de comedor para sus trabajadores, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) pidió a los concursantes que presentaran evidencias de que su carne no contenía ciertas hormonas y sustancias; los análisis debían ser realizados por un laboratorio de alimentos autorizado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

En mayo de 2016, ASA anunció que la propuesta ganadora había sido la que presentaron en conjunto Productos Serel y La Cosmopolitana de Polanco, ambas de los Landsmanas, porque de entre todos los competidores, fueron los únicos que cumplieron con el requisito.

El problema asomó unos días después, cuando la empresa Prodilacsa puso al descubierto que ese requisito era imposible de cumplir. Para empezar, la EMA no tenía acreditado ningún laboratorio de alimentos que hiciera tales análisis, documentaron sus abogados. Además, la norma que exigía esos análisis estaba derogada desde 2014.

La administradora de Prodilacsa presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, por presuntos actos irregulares de funcionarios y la posible transgresión a la ley. Ofreció como prueba una carta de la EMA en la que indicó que no tenía acreditado ningún laboratorio para esas pruebas.

Prodilacsa pidió a la Función Pública que investigara el caso y tuvo noticias a mediados de 2017, cuando la dependencia le informó que el caso había sido turnado al Área de Responsabilidades. Funcionarios de ASA declinaron solicitudes de entrevista alegando que el caso sigue en investigación.

Un caso similar ocurrió en otra licitación de 2016, pero ahora con el Consejo Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que pidió estos mismos análisis a la carne. La única empresa que presentó propuesta –y que ganó– fue Productos Serel, de Corporativo Kosmos.

Castigo gastronómico

Cualquier sábado afuera del penal varonil de Puente Grande, se forman desde temprano largas hileras de mujeres que van de visita. Lo que más cargan en sus pesados bultos son guisos para sus familiares presos.

Mireya, quien prefirió ocultar su verdadero nombre, lo ha hecho 14 años. Una vez por semana pasa por la aduana de la cárcel con abarrotes, fruta y botes con arroz, frijoles y algún guiso para su hermano.

“La comida de ahí es de muy mala calidad”, explicó una tarde desde la sala de su casa en Guadalajara. “Les dan pozole, caldo de res, caldo de pollo, atole, pero parecen caldo de pantano, caldo de murciélago. Incluso así ellos tienen bautizadas a las comidas, porque de todo tiene cara, menos de lo que es”, contó.

En 2017, un grupo de académicos y encuestadores escuchó comentarios parecidos, pero de voz de los custodios en cuatro cárceles federales alrededor del país. Estaban realizando un estudio, encargado por Renato Sales, entonces Comisionado Nacional de Seguridad, acerca de las condiciones de trabajo de estos empleados federales.

“La Cosmopolitana no nos da más que carne en mal estado, con gusanos, cucarachas”, consignaron en su informe, hecho por encargo de la Comisión Nacional de Seguridad. “La calidad de la comida es pésima, aparecen larvas, hilos y el agua solo puedes tener la que te dan y es muy inhumano”. “Hay un comedor para funcionarios, pero ellos comen aparte; a nosotros nos dan la misma comida que a los internos y a veces viene con gusanos”. “Las autoridades deberían venir a comer un día con nosotros”, recogió el estudio que lideró Elena Azaola, una de las mayores expertas en el sistema penitenciario de México.

“Imagino que existen fuertes intereses económicos de por medio de los cuales se benefician las empresas y los funcionarios que las contratan”, dijo Azaola en entrevista.

El estudio llegó al escritorio de Sales meses más tarde. “Si la comida es de mala calidad (…) existe un riesgo para la estabilidad y el orden en el centro penitenciario”, nos indicó vía WhatsApp. Según Sales, que no tenía responsabilidad directa sobre las cárceles, él giró órdenes para exigir mejoras al servicio de La Cosmopolitana, pero no precisó de qué tipo y qué seguimiento les dio.

Elena Azaola es la persona que más ha estudiado las condiciones de vida en los penales en México y considera que las autoridades no vigilan que se cumplan los contratos. “Las personas privadas de libertad no tienen manera de protestar, de hacerse escuchar, y entonces, por lo general estas compañías abusan”, dijo Azaola. “Los presos federales nos cuentan –y yo sé que está en manos de esa compañía– que no les surten elementos para limpiar sus celdas; que no tienen escobas y que con una chancla están ahí limpiando; no tienen siquiera cloro y adentro están los inodoros. No les dan los productos de limpieza más que muy rara vez. Claro que esto afecta sus condiciones de vida, de salud, de higiene, de salud emocional y psicológicas. Esto traiciona todos los principios en los que se supone que está basada la legalidad respecto a las prisiones en México”.

El día más triste

José, el exmiembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación, no es el tipo de personas que se asusta con facilidad. Pero los días de la intoxicación en Puente Grande le hicieron temer a la muerte. Aún cuando él no comió del ceviche contaminado ese mediodía, ver a todos los enfermos le hizo sentir una fuerte paranoia.

“Te nervias; te dices ¿cómo vamos a hacer para salvar a tanta gente?”, contó una tarde en lo alto de un mirador en Tonalá, Jalisco. “En el área médica (los enfermos) parecían cigarros, ahí uno tras de otro, 300 tirados en el suelo peleando por su propia vida. Fue muy triste estar ahí”.

El gobierno de Jalisco mantuvo reservados por muchos años los documentos que cuentan lo que ocurrió esa noche y madrugada. Según el reporte de los epidemiólogos, la crisis comenzó la tarde del 24, y tuvo su pico en el número de casos, en las horas de mayor oscuridad, entre la 1 y las 6 de la mañana. El auxilio médico y las medicinas llegaron al penal hasta las seis de la tarde del día 25.

Felipe Madrigal, uno de los paramédicos de la Cruz Roja que condujo una de 16 ambulancias, dijo que en 20 años de carrera no había visto algo así. La cárcel que alojaba a 7 mil 798 hombres, estaba convertida en un hospital a ras del suelo y al aire libre. Cientos de presos que yacían en el patio y corredores, estaban en ruinas.

Esa tarde del 25 de mayo, los camilleros atendieron primero a los presos más ancianos, cinco de ellos. Algunos estaban tan débiles que José, que estaba a unos metros de distancia, juró que estaban moribundos. Según la Fiscalía, nadie murió.

La Cosmopolitana tenía en ese tiempo un contrato de dos años por 916 millones de pesos para alimentar a los presos de Puente Grande y de otros cinco reclusorios estatales de Jalisco. En el contrato se establecía una multa equivalente a 10% del importe del contrato si llegaban a ocurrir tres intoxicaciones. Un anterior contrato, firmado en 2009, era más exigente: ordenaba el pago de la multa a la primera intoxicación.

La Cosmopolitana continuó con el servicio hasta que terminó el contrato. En la siguiente licitación los Landsmanas perdieron ese Penal de Puente Grande, pero ganaron el contrato para alimentar a los reos de otros ocho penales en el estado. Al año siguiente, el gobierno de Jalisco extendió el contrato a las nueve cárceles del estado.

* El de Laura Sánchez Ley y Karla Casillas fue uno de los cuatro proyectos seleccionados en la primera Convocatoria de Quinto Elemento Lab (quintoelab.org), una organización que asesora, acompaña y financia a periodistas con reportajes de investigación. Laura y Karla eran periodistas de VICE Noticias al momento de la investigación. Laura ahora trabaja con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Karla con mexico.com.