En la Cuenta Pública 2017, el gobierno estatal reveló deuda a largo plazo por 38,277.1 millones de pesos, obtenida con nueve instituciones financieras y doce empresas constructoras. Importe menor en 963.1 millones de pesos a lo verificado por 39,240.2 millones, la diferencia se debió a la disminución en 960.2 millones de pesos de un crédito con Banobras, sin que se correspondiera a una amortización de deuda y 2.9 millones de pesos del pago a una constructora sin contar con la autorización requerida.

Solamente durante 2017, el gobierno estatal obtuvo 4,046.9 mdp de deuda pública a largo plazo, de los cuales 46.9 millones de pesos correspondieron a obras financiadas por constructoras y la mayoría restante de 4,000.0 millones de pesos a créditos bancarios, supuestamente destinados para inversión pública productiva.

La ASF revisó las erogaciones por 3,788.6 millones de pesos del total adquirido, y se concluyó que las obras financiadas por contratistas representaron un costo financiero mayor al pagar intereses con una sobretasa del 4%, superior a las establecidas en el mercado financiero. Respecto al destino de los recursos obtenidos con instituciones financieras, el gobierno estatal proporcionó documentación que no transparentó la aplicación de recursos locales que fueron reembolsados con financiamientos, así como los programas estatales financiados; y no acreditó las erogaciones por 1350.5 millones de pesos.

Además, el Gobierno del Estado no reportó en la Cuenta Pública 2017 las obligaciones presentes y futuras estimadas mediante valuación actuarial en el tema del sistema de pensiones y jubilaciones, además de que no ha creado las reservas de las pensiones futuras, ni realizado el estudio actuarial en los términos señalados en la LDFEFM; por lo que no cuenta con los elementos para realizar una planeación financiera que le permita crear las reservas en el corto, mediano y largo plazos, lo que a juicio de la ASD impactará de forma negativa la sostenibilidad de las finanzas públicas presentes y futuras.

Se observó además en la Cuenta Pública que el 11.9% del total de los ingresos de ese año, correspondieron a los obtenidos mediante recaudación local, es decir, en su mayoría, los ingresos del Estado de México dependen en una amplia mayoría de los recursos federales que se le asignen.

Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, el Estado de México se encuentra en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que, podrá adquirir financiamiento neto en el ejercicio subsecuente equivalente al 15% de sus ingresos de libre disposición. Por último, en 2017, de Alfredo del Mazo no cumplió con el principio de sostenibilidad establecido en la LDFEFM, al obtener resultados deficitarios en los balances Presupuestario por 2,504.5 millones de pesos y Presupuestario de Recursos Disponibles por 2,455.6 millones de pesos, a pesar de que este último reportó resultados superavitarios en el Balance Presupuestario por 993.6 millones de pesos y el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles por 4.6 millones, los cuales obtuvo, justifica la ASF, por errores aritméticos en el cálculo, al no considerar los importes bajo el momento contable devengado y registrar los ADEFAS como ingresos derivados de financiamiento.

En cuanto a los municipios, Ecatepec disminuyó su deuda de 665.5 millones de pesos en 2017 a 660.7 en 2017, lo cual significa una disminución de 6.5%. En 2008 la deuda del municipio era de 601 millones de pesos, para ascender en 2011 a 741.6 millones, y luego un descenso drástico a 221.7 en 2015 para dispararse de nuevo en 2016.

Mismo caso con Naucalpan, que pasó de 490.8 millones de pesos a 474 millones de 2016 a 2017, 9% de disminución de su deuda pública, pese a que en ese municipio se ha mantenido un poco más estable, teniendo en 2008 483.6 millones, 484.5 millones en 2011 y aumentando en 2015 a 492.5 millones de pesos.