5 de marzo de 2019
El Congreso Local abrogó por unanimidad de votos, dos decretos de 1945 y otro de 1993, que otorgaban privilegios de por vida a exgobernadores del Estado de México, a manera de pensiones vitalicias. Estos decretos quedaron al descubierto por una investigación de larga data de la periodista María Teresa Montaño, directora de este portal. La periodista facilitó a los legisladores los documentos, obtenidos por vía de transparencia a lo largo de varios años de indagaciones, para que pudieran elaborar la propuesta legislativa.
Se trata del decreto 87 de 1945 emitido por Isidro Fabela y el 86, de 1993 de Ignacio Pichardo Pagaza, el cual emitió, este último solo 120 días antes de dejar el cargo. En este último decreto, se instituyó de manera tácita la adjudicación de personal de ayudantía (seguridad personal, chofer y secretaria) a los exmandatarios.
Algunos de estos datos fueron publicados por la periodista Montaño a lo largo de al menos 10 años en diversos medios nacionales, originalmente para el periódico Milenio y posteriormente se continuó documentando para el Universal y el portal The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público.
El trabajo periodístico de seguimiento y documentación consistió en desencriptar primero en 2008 y develar después, de manera completa en 2018 y 2019, las pensiones en especie que de manera "secreta" se adjudicaban los exgobernadores al dejar el cargo, consistentes en la adjudicación de personal a su servicio por el resto de sus vidas y con cargo al erario público.
A la llegada de la nueva legislatura mexiquense, con mayoría de Morena y sus aliados del PT y PES, parte de los documentos que se obtuvieron por vía de transparencia a través de varios años, fueron facilitados a legisladores morenistas a solicitud de ellos, quienes a partir de estos, construyeron una reforma para derogar los decretos de estos privilegios, para finalmente aprobarla por unanimidad de votos, tras largas discusiones en las comisiones de dictamen.
Los decretos "secretos", cuya existencia se confirmó por transparencia mediante las solicitudes promovidas por esta reportera, fueron la base para que el Congreso Local Mexiquense, realizara modificaciones que terminaron por su derogación final.
Para más información de la investigación periodística puede seguirse
en este link y consultar los documentos obtenidos por transparencia.
Los morenistas indicaron en ambos decretos -desencriptados por Montaño- se señalaba que los exgobernadores “merecían” dichos apoyos, lo que a la postre se convirtió en privilegios que “ellos nunca les dieron a los habitantes del Estado de México: seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el territorio”, señalaron.
La iniciativa que fue primero aprobada en las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, así como de finanzas, fue aprobada por unanimidad de votos, según lo indicado desde la Mesa Directiva por la presidenta en turno.
LOS PRIVILEGIOS ¿EN QUE CONSISTÍAN?
Los decretos derogados le otorgaban a los exgobernadores un “jefe de ayudantes” con categoría de subdirector; un “chofer ayudante”, con categoría de chofer del Secretario General de Gobierno; así como “tres ayudantes” con categoría de oficiales de seguridad pública.
Además de estos beneficios se les adjudicaba el derecho de tener a su servicio personal “una secretaria”, con categoría de secretario particular y de un secretario de gabinete adicional, todo, con cargo al erario público.
En total se trataría de un total de 19 plazas de igual número de servidores públicos, asignados al servicio de cinco exmandatarios hasta 2015, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de transparencia 000085/SF/IP/2015, entregada por la Secretaria de Finanzas en ese año, sin embargo habrá que recordar que en 2017, dejó el cargo Eruviel Ávila Villegas, con lo cual el número de exgobernadores beneficiados habría aumentado a seis y luego a siete, con la reincorporación de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2017, a esta lista, toda vez que dejó el cargo el 30 de noviembre de ese año y que en otra solicitud anterior, se informó que el ejecutivo en 2012, al asumir como presidente de la República, habría renunciado a su pensión en especie.
En dicha respuesta, se especifican los sueldos asignados a cada uno de los 19 servidores públicos asignados los exmandatarios para distintas funciones, de acuerdo con los términos del decreto 86 que finalmente fue derogado. En total estas plazas representaban un gasto mensual por 372 mil 736 pesos con 14 centavos. Consulte el documento aquí:
https://drive.google.com/file/d/1W7fY61rhLb6rHdUq2FDxpx2KCQap-DRe/view?usp=sharing
Lo que no quedó claro es a partir de cuando entrará en vigor esta contrarreforma que termina con una tradición entre la clase política del Estado de México, identificada con el grupo Atlacomulco.
Una copia del decreto original, puede observarse aquí:
https://drive.google.com/file/d/1H7yErzqlliKQCIEIdB6nN5c_Figg0lHN/view?usp=sharing
La nota que dio un vuelco al caso y se actualizó, cuando Enrique Peña estaba por dejar el cargo como presidente de la República, para retomar sus privilegios como exmandatario del Estado de México, puede consultarse en el siguiente link:
https://www.theobserver.mx/2018/11/29/las-pensiones-secretas-de-los-exgobernadores-de-edomex-ahora-para-pena-tambien/
Staff redacción