12 de marzo de 2019

A cien días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Greenpeace ve con preocupación que la política energética adoptada por el mandatario, contraviene de manera radical la lucha en contra del cambio climático y los compromisos del Acuerdo de París, que él mismo ha ratificado.

Recientemente el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) señaló en su evaluación estratégica de la política nacional en este tema que las acciones que se estaban tomando desde el gobierno para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) están siendo borradas por completo para dar paso a energías altamente contaminantes

Así, los cien días de mandato de López Obrador se cumplen en medio de una crisis climática insostenible que tiene a cientos de miles de jóvenes protestando alrededor del mundo debido a la inacción de los tomadores de decisiones; de una grave situación de contaminación atmosférica en el país que provoca la muerte prematura de al menos 17,000 personas cada año y de instituciones gubernamentales como el INECC advirtiendo que las estrategias climáticas no se están cumpliendo.

Estas son 5 de las decisiones del actual presidente en torno a la política energética del país que nos colocan en una trayectoria que nos aleja del combate al cambio climático y que muestran que el medioambiente, en los hechos, no resulta un tema relevante, a pesar de que el mismo ejecutivo haya declarado que “no podríamos, de ninguna manera, llevar a cabo una actividad económica, por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio”.

1. El plan nacional de refinación -que busca reconvertir el sistema de refinación, que hasta el momento está diseñado para procesar crudo ligero, a crudo pesado (el tipo de petróleo dominante en las reservas mexicanas) junto con la construcción de una refinería más en el municipio de Dos Bocas, Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción de combustibles refinados a un millón 600 mil barriles diarios entre diésel y gasolina

2. La cancelación de la cuarta subasta energética en plazos, donde la energía renovable es más competitiva que los combustibles fósiles

3. El anuncio de la reactivación del sistema de plantas termoeléctricas

4. El plan de incremento en la extracción de petróleo, incluso a través de fracking (método que el mismo López Obrador declaró públicamente que no se usaría en su administración)

5. La reducción de recursos asignados para mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en 36% respecto al del 2018.

Ante esta última acción, Greenpeace promovió un juicio de amparo por considerar que la reducción presupuestal de 61,457’819,955 pesos en 2018 a 39,125’536,166 pesos para 2019, es una violación del Congreso a los derechos humanos, pues tiene la obligación de asignar progresivamente recursos públicos por respeto al derecho a un medio ambiente sano reconocido en la Constitución, además de los compromisos internacionales que existen y obligan a México a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para progresar en la plena efectividad de los derechos humanos. Confiamos en que la sentencia[3]favorezca la protección de tan importante causa.

“Desde Greenpeace reconocemos la importancia de la autosuficiencia energética, así como la necesidad de erradicar la pobreza energética en nuestro país. Es verdad que lograr la soberanía en cuestión de energía es algo prioritario pero no podemos hablar de soberanía si seguimos anclados y dependiendo de los combustibles fósiles a través de una política que agudice la grave crisis climática global”, señaló Pablo Ramírez, responsable de los temas de calidad del aire de Greenpeace México.

México, al ser un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, debería ser líder en la lucha que lo combate. Al mismo tiempo somos un país con un potencial de energías limpias enorme[4] que debemos aprovechar de inmediato para reducir las emisiones de GEI, pues de acuerdo con el Informe Brown to Green G20 2018, en el que se hace una revisión de las medidas de mitigación, finanzas y vulnerabilidad de los países del G20, si solo dependiera de México y de continuar con la tendencia actual, colocaría al mundo en un escenario de aumento de la temperatura de 3°C, cuando los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) han advertido de la necesidad de detener el termómetro planetario en 1.5°C para evitar impactos catastróficos.

México está a tiempo de dar un giro y alinear su política económica a la muy necesaria política climática. La actual administración se encuentra en una posición en la que tiene una responsabilidad histórica y única en cuanto a las decisiones climáticas que se adopten.

Por tal motivo, exigimos al presidente López Obrador que disminuya el uso de combustibles fósiles en aras de cumplir con los acuerdos climáticos ratificados en los Acuerdos de París; que cumpla la estrategia climática asentada en la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, que prohíba de manera inmediata el uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos y que fortalezca la política de calidad del aire que actualmente no es consistente con las recomendaciones para un ambiente sano de la Organización Mundial de la Salud.

Staff Redacción