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mayo 13, 2019Rarámuris contra el crimen organizado
PLUMAS
Rarámuris contra el crimen organizado
Cada vez más queda menos que defender; sin embargo, quienes se aferran a la Tierra y sus recursos naturales siguen en pie de lucha pese a que caen como moscas en una batalla en contra de grandes corporaciones, crimen organizado e intereses de unos cuantos que hacen millones acabando con selvas, ríos, montañas y bosques.
Una reciente investigación realizada por Mexicanos contra la corrupción, alerta de la creciente represión contra indígenas, sobre todo en el estado de Chihuahua, donde defensores de territorio son asesinados --al igual que los recursos naturales-- y las comunidades son desplazadas por criminales que tienen la mira en la tala legal e ilegal en la Sierra Tarahumara. En esta zona también aumentaron los proyectos mineros y a decir de las víctimas, el gobierno no hace algo para frenar la masacre contra la naturaleza ni contra los rarámuris, quienes ahí habitan.
Las reporteras Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga relatan las tragedias que familias rarámuris viven a causa del crimen organizado y por el mal gobierno, que en lugar de defender estos territorios, otorga concesiones a mineras que finalmente acaban con el entorno. En la comunidad Colorada de la Virgen, ha habido varios asesinatos. Un importante empresario de Chihuahua, Mario Humberto Ayub Touche y dos hijos de Artemio Fontes Lugo, cacique local, son señalados como responsables de talar el bosque y de ser parte de los grupos de narcotráfico de la región y del despojo de territorio tarahumara.
De 2001 a 2017, la Sierra Tarahumara perdió 19, 100 hectáreas, según datos de monitoreo Global Forest Watch y unos de los principales motivos es la siembra de mariguana y amapola. En México, la superficie de cultivo de amapola pasó de 25,200 a 30,600 hectáreas de 2016 a 2017, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el gobierno mexicano. Ese reporte señala que la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, donde comparten territorio los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua (el sur de la sierra Tarahumara), está entre las principales productoras de amapola en el país.
La inseguridad permanente ha provocado el éxodo de decenas de familias. Desde hace casi diez años los pobladores de esta zona son obligados a trabajar en sembradíos de amapola, casi secuestrados, y a fungir también como sicarios, de lo contrario los asesinan, por eso huyen. En la publicación Diagnóstico y Propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara se señala que en la zona existe “un control de la actividad forestal por parte del crimen organizado, control que va desde el robo de guías (documentos para certificar que un árbol se taló en forma legal), corta ilegal y legal, transporte y comercialización, o incluso una veda regional por oponerse a vender a los criminales”.
En otro informe de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria se resalta que las autoridades ambientales federales otorgan permisos de aprovechamiento forestal en zonas habitadas por comunidades indígenas, “sin realizar una consulta previa a esta población, como lo marca la legislación internacional y nacional”.
Organizaciones civiles denunciaron que al menos 15 defensores de bosques y territorios en la Sierra Tarahumara fueron asesinados de 2009 a 2018, aunque pueden ser más pero no están en las estadísticas, “porque suceden en zonas en donde no hay trabajo de organizaciones, ya sea porque son lugares muy apartados, de difícil acceso o porque ocurren en territorios tomados por el narco”, dice una defensora de derechos humanos a las reporteras de Mexicanos contra la corrupción.
Esta es una situación que preocupa porque no solamente atentan contra el ecosistema, la delincuencia organizada, coludida con algunos gobernantes, intenta quitar del camino a quien le estorbe, en este caso se trata de un pueblo ancestral que lleva siglos ocupando ese territorio, a los rarámuris les pertenece la Sierra porque la cuidan, respetan y luchan porque no se extinga.
DESDE EL CENTRO
Los defensores de la Tierra, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron asesinados el fin de semana pasado en Guerrero, luego de una reunión en la que se organizaban para realizar movilizaciones ya que diversas dependencias estatales y federales se han negado a tratar las demandas sociales y políticas de estos organismos. Fueron acribillados por un grupo armado, en Chilapa, a pesar de la presencia del Ejército Mexicano y de las policías ministerial, estatal y municipal… Y la situación económica se complica para México y el actual gobierno morenista, porque resulta que amanecimos con que Estados Unidos impondrá cuotas compensatorias de 17.65 por ciento a las importaciones de tomate mexicano, con lo cual se pone en jaque a los productores que generan 400 mil empleos directos y más de un millón indirectos. Esta drástica determinación de los vecinos del norte se tomó al vencer el “acuerdo de suspensión” que suscribieron ambas partes en 1996, cuando el Departamento de Comercio, bajo la presión de los productores de Florida, presentó una petición antidumping contra los mexicanos y comenzó una investigación sobre si se vendía ese producto en el mercado estadounidense a precios por debajo del mercado. De acuerdo con los especialistas, dicho “acuerdo de suspensión”, se ha renovado varias veces desde 1996 para evitar el pago de cuotas compensatorias que en aquel entonces se iban a imponer y que promediaban 17.65 por ciento; y el más reciente venció este martes. La preocupación para nuestro gobierno no es menor, pues hay que recordar que nuestro país desplazó a los Países Bajos como el mayor exportador de tomates del mundo en el 2018, con ventas externas por 2 mil 261 millones de dólares, todo un récord, pero a costa de una dependencia casi total con el vecino del norte, a quien envía 99.7 por ciento de sus exportaciones. Es decir, en México, las más de 3.5 millones de toneladas de producción de tomate representan poco más de 20 por ciento de la producción nacional de hortalizas, siendo los meses de febrero, octubre y noviembre los de mayor cosecha; y los estados con la mayor participación en el valor de la producción son Sinaloa, con 15.7 por ciento, San Luis Potosí 13.2 por ciento, y Baja California 9.5 por ciento…Por su parte, Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, señaló que esta decisión del gobierno norteamericano, accionada por conducto del Departamento de Comercio, impactará igualmente en el riesgo de la planta de empleo en 17 entidades federativas mexicanas, con un total de 1.4 millones de empleos directos, de los cuales más de un millón corresponden a la planta industrial y a empresas alimentadoras de insumos y servicios, y alrededor de 400 mil se refieren a jornaleros agrícolas. Lo que sigue: el Departamento de Comercio reactivará la investigación antidumping y emitirá su decisión final a más tardar el 19 de septiembre de 2019; posteriormente, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos emitirá 45 días después -1 de noviembre de 2019- su determinación final del daño a la industria… En el marco del Día de la Madre en México, reflexionemos: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el 80 por ciento de la población femenina interna en centros penitenciarios tienen hijos, y más del 60 por ciento de estas mujeres tienen entre 18 y 39 años, aún en edad reproductiva; por ello, algunas durante su proceso quedan embarazadas y su maternidad se ve fragmentada en el momento en el que sus hijos cumplen seis años y son enviados a otras instituciones para su cuidado.
abicorrea79@hotmail.com
Una reciente investigación realizada por Mexicanos contra la corrupción, alerta de la creciente represión contra indígenas, sobre todo en el estado de Chihuahua, donde defensores de territorio son asesinados --al igual que los recursos naturales-- y las comunidades son desplazadas por criminales que tienen la mira en la tala legal e ilegal en la Sierra Tarahumara. En esta zona también aumentaron los proyectos mineros y a decir de las víctimas, el gobierno no hace algo para frenar la masacre contra la naturaleza ni contra los rarámuris, quienes ahí habitan.
Las reporteras Thelma Gómez Durán y Patricia Mayorga relatan las tragedias que familias rarámuris viven a causa del crimen organizado y por el mal gobierno, que en lugar de defender estos territorios, otorga concesiones a mineras que finalmente acaban con el entorno. En la comunidad Colorada de la Virgen, ha habido varios asesinatos. Un importante empresario de Chihuahua, Mario Humberto Ayub Touche y dos hijos de Artemio Fontes Lugo, cacique local, son señalados como responsables de talar el bosque y de ser parte de los grupos de narcotráfico de la región y del despojo de territorio tarahumara.
De 2001 a 2017, la Sierra Tarahumara perdió 19, 100 hectáreas, según datos de monitoreo Global Forest Watch y unos de los principales motivos es la siembra de mariguana y amapola. En México, la superficie de cultivo de amapola pasó de 25,200 a 30,600 hectáreas de 2016 a 2017, de acuerdo con el monitoreo realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el gobierno mexicano. Ese reporte señala que la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, donde comparten territorio los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua (el sur de la sierra Tarahumara), está entre las principales productoras de amapola en el país.
La inseguridad permanente ha provocado el éxodo de decenas de familias. Desde hace casi diez años los pobladores de esta zona son obligados a trabajar en sembradíos de amapola, casi secuestrados, y a fungir también como sicarios, de lo contrario los asesinan, por eso huyen. En la publicación Diagnóstico y Propuestas sobre la violencia en la Sierra Tarahumara se señala que en la zona existe “un control de la actividad forestal por parte del crimen organizado, control que va desde el robo de guías (documentos para certificar que un árbol se taló en forma legal), corta ilegal y legal, transporte y comercialización, o incluso una veda regional por oponerse a vender a los criminales”.
En otro informe de la asociación civil Consultoría Técnica Comunitaria se resalta que las autoridades ambientales federales otorgan permisos de aprovechamiento forestal en zonas habitadas por comunidades indígenas, “sin realizar una consulta previa a esta población, como lo marca la legislación internacional y nacional”.
Organizaciones civiles denunciaron que al menos 15 defensores de bosques y territorios en la Sierra Tarahumara fueron asesinados de 2009 a 2018, aunque pueden ser más pero no están en las estadísticas, “porque suceden en zonas en donde no hay trabajo de organizaciones, ya sea porque son lugares muy apartados, de difícil acceso o porque ocurren en territorios tomados por el narco”, dice una defensora de derechos humanos a las reporteras de Mexicanos contra la corrupción.
Esta es una situación que preocupa porque no solamente atentan contra el ecosistema, la delincuencia organizada, coludida con algunos gobernantes, intenta quitar del camino a quien le estorbe, en este caso se trata de un pueblo ancestral que lleva siglos ocupando ese territorio, a los rarámuris les pertenece la Sierra porque la cuidan, respetan y luchan porque no se extinga.
DESDE EL CENTRO
Los defensores de la Tierra, José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, miembros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron asesinados el fin de semana pasado en Guerrero, luego de una reunión en la que se organizaban para realizar movilizaciones ya que diversas dependencias estatales y federales se han negado a tratar las demandas sociales y políticas de estos organismos. Fueron acribillados por un grupo armado, en Chilapa, a pesar de la presencia del Ejército Mexicano y de las policías ministerial, estatal y municipal… Y la situación económica se complica para México y el actual gobierno morenista, porque resulta que amanecimos con que Estados Unidos impondrá cuotas compensatorias de 17.65 por ciento a las importaciones de tomate mexicano, con lo cual se pone en jaque a los productores que generan 400 mil empleos directos y más de un millón indirectos. Esta drástica determinación de los vecinos del norte se tomó al vencer el “acuerdo de suspensión” que suscribieron ambas partes en 1996, cuando el Departamento de Comercio, bajo la presión de los productores de Florida, presentó una petición antidumping contra los mexicanos y comenzó una investigación sobre si se vendía ese producto en el mercado estadounidense a precios por debajo del mercado. De acuerdo con los especialistas, dicho “acuerdo de suspensión”, se ha renovado varias veces desde 1996 para evitar el pago de cuotas compensatorias que en aquel entonces se iban a imponer y que promediaban 17.65 por ciento; y el más reciente venció este martes. La preocupación para nuestro gobierno no es menor, pues hay que recordar que nuestro país desplazó a los Países Bajos como el mayor exportador de tomates del mundo en el 2018, con ventas externas por 2 mil 261 millones de dólares, todo un récord, pero a costa de una dependencia casi total con el vecino del norte, a quien envía 99.7 por ciento de sus exportaciones. Es decir, en México, las más de 3.5 millones de toneladas de producción de tomate representan poco más de 20 por ciento de la producción nacional de hortalizas, siendo los meses de febrero, octubre y noviembre los de mayor cosecha; y los estados con la mayor participación en el valor de la producción son Sinaloa, con 15.7 por ciento, San Luis Potosí 13.2 por ciento, y Baja California 9.5 por ciento…Por su parte, Eduardo Orihuela Estefan, presidente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, señaló que esta decisión del gobierno norteamericano, accionada por conducto del Departamento de Comercio, impactará igualmente en el riesgo de la planta de empleo en 17 entidades federativas mexicanas, con un total de 1.4 millones de empleos directos, de los cuales más de un millón corresponden a la planta industrial y a empresas alimentadoras de insumos y servicios, y alrededor de 400 mil se refieren a jornaleros agrícolas. Lo que sigue: el Departamento de Comercio reactivará la investigación antidumping y emitirá su decisión final a más tardar el 19 de septiembre de 2019; posteriormente, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos emitirá 45 días después -1 de noviembre de 2019- su determinación final del daño a la industria… En el marco del Día de la Madre en México, reflexionemos: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el 80 por ciento de la población femenina interna en centros penitenciarios tienen hijos, y más del 60 por ciento de estas mujeres tienen entre 18 y 39 años, aún en edad reproductiva; por ello, algunas durante su proceso quedan embarazadas y su maternidad se ve fragmentada en el momento en el que sus hijos cumplen seis años y son enviados a otras instituciones para su cuidado.
abicorrea79@hotmail.com
