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junio 20, 2019Fiscal General de Justicia, dedicado a “fabricar culpables” desde Eruviel
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Fiscal General de Justicia, dedicado a "fabricar culpables" desde Eruviel
20 de junio de 2019
Durante los años 2011 a 2018, es decir, durante el gobierno de Eruviel Ávila y con la gestión del Fiscal General Alejandro Gómez Sánchez, se han encarcelado injustamente a personas para mejorar la imagen oficial, de acuerdo con el reportaje “Edomex: Fabricación de culpables”, realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con periodistas del portal La Silla Rota.
Cabe destacar que el reportaje no cita -por alguna razón que se desconoce-, que el responsable de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), es Alejandro Gómez Sánchez, durante el periodo en el cual se fabricaron culpables y que es el mismo que continúa ocupando el cargo durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, bajo las mismas directrices y políticas.
El motivo de la fabricación de culpables, que casi siempre involucraba tortura, armas o pruebas falsas y “sembradas” en los imputados y colusión con el Poder Judicial Estatal, era incrementar el número de sentencias condenatorias para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de su gobierno en seguridad pública. Esto, por supuesto, cayó ante la realidad: los secuestros se duplicaron entre el primero y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila, y entre 2015 y 2016 se dispararon los homicidios dolosos.
El 70% de los detenidos del Estado de México a quienes se les inició un proceso judicial fue sentenciado y purga una pena en prisión entre 2011 y 2017, detalla el reportaje. Las estadísticas de este periodo revelan que de los 26 mil 542 juicios que tuvieron una sentencia, 82.6% fueron condenatorias y 16.2% absolutorias, es decir sólo 4 mil 246 personas salieron en libertad.
Ejemplo de falsos culpables fueron Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos, albañiles de Nezahualcóyotl que se encontraban en su domicilio en 2014 cuando policías estatales y municipales de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), junto con militares, allanaron la propiedad, los torturaron y violaron con armas y presentaron ante el Ministerio Público del municipio bajo cargos de asalto a mano armada.
Como ellos, muchos casos terminaron en prisión preventiva oficiosa, lo que significó esperar el proceso judicial y determinación del juez dentro de una cárcel, violando por completo no solo sus derechos humanos, sino también la premisa básica de la presunción de inocencia, a pesar de que Nuevo Sistema de Justicia Penal en México (implementado en el gobierno de Ávila) buscaba hacer énfasis justo en este tema.
De este modo, la Fiscalía (hasta 2016 Procuraduría de Justicia del Estado de México) se encargaba de fabricar los delitos a los imputados desde el Ministerio Público, para luego ser avalados por el poder judicial estatal, a pesar de múltiples irregularidades y obvias inconsistencias. Es decir, las dos instancias procuradoras de justicia enfocaban sus esfuerzos en inventar culpables, en lugar de administrar justicia a verdaderos culpables, algo que, como es de conocimiento común, abundan en la entidad.
Un ejemplo de las irregularidades mencionadas son que, en los 25 expedientes analizados por La Silla Rota, ninguno de los agentes involucrados en la aprehensión estaban identificados. Otro más, en el 64% de los casos, durante las audiencias fue recurrente la que la parte acusadora (o presuntamente acusadora) no estuviese presente, y a pesar de ello, siguió el proceso judicial contra el detenido. En casi la mitad de los casos, los detenidos aseguraron ser víctimas de tortura para “confesar” su culpabilidad, o aceptar que eran miembros de alguna organización delictiva.
Las denuncias en contra de la FGJEM y el PJEM continúan recibiéndose por la misma razón, muchas veces amparadas por violaciones a los derechos humanos, cómo ocurrió recientemente con los indígenas de Salazar, recién liberados, y los de San Pedro Tlanixco. En cuanto a los expedientes, 26 de 44 casos fueron liberados, a costa de permanecer más de un año en prisión y demostrar posteriormente su inocencia.
Cabe destacar que el Fiscal Alejandro Gómez, que trabajó durante la gestión de Eruviel Ávila, aún permanece en el cargo, bajo el amparo del actual gobernador Alfredo del Mazo. Mismo caso ocurre con Fernando Ulises Cárdenas, fiscal central jurídico y quien apareció en un video en 2015 pidiéndole a sus empleados un 80% de efectividad en los juicios, justificando la fabricación de culpables: “De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”
Alejandro Gómez Sánchez, llegó en mayo del 2014 a ocupar el cargo como Procurador General de Justicia del Estado de México y en diciembre de 2016, asumió el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México, en lo que fue un cambio legislativo de nombre, pero no de estrategias.
Héctor Castañeda
Durante los años 2011 a 2018, es decir, durante el gobierno de Eruviel Ávila y con la gestión del Fiscal General Alejandro Gómez Sánchez, se han encarcelado injustamente a personas para mejorar la imagen oficial, de acuerdo con el reportaje “Edomex: Fabricación de culpables”, realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en conjunto con periodistas del portal La Silla Rota.
Cabe destacar que el reportaje no cita -por alguna razón que se desconoce-, que el responsable de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), es Alejandro Gómez Sánchez, durante el periodo en el cual se fabricaron culpables y que es el mismo que continúa ocupando el cargo durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, bajo las mismas directrices y políticas.
El motivo de la fabricación de culpables, que casi siempre involucraba tortura, armas o pruebas falsas y “sembradas” en los imputados y colusión con el Poder Judicial Estatal, era incrementar el número de sentencias condenatorias para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de su gobierno en seguridad pública. Esto, por supuesto, cayó ante la realidad: los secuestros se duplicaron entre el primero y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila, y entre 2015 y 2016 se dispararon los homicidios dolosos.
El 70% de los detenidos del Estado de México a quienes se les inició un proceso judicial fue sentenciado y purga una pena en prisión entre 2011 y 2017, detalla el reportaje. Las estadísticas de este periodo revelan que de los 26 mil 542 juicios que tuvieron una sentencia, 82.6% fueron condenatorias y 16.2% absolutorias, es decir sólo 4 mil 246 personas salieron en libertad.
Ejemplo de falsos culpables fueron Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos, albañiles de Nezahualcóyotl que se encontraban en su domicilio en 2014 cuando policías estatales y municipales de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), junto con militares, allanaron la propiedad, los torturaron y violaron con armas y presentaron ante el Ministerio Público del municipio bajo cargos de asalto a mano armada.
Como ellos, muchos casos terminaron en prisión preventiva oficiosa, lo que significó esperar el proceso judicial y determinación del juez dentro de una cárcel, violando por completo no solo sus derechos humanos, sino también la premisa básica de la presunción de inocencia, a pesar de que Nuevo Sistema de Justicia Penal en México (implementado en el gobierno de Ávila) buscaba hacer énfasis justo en este tema.
De este modo, la Fiscalía (hasta 2016 Procuraduría de Justicia del Estado de México) se encargaba de fabricar los delitos a los imputados desde el Ministerio Público, para luego ser avalados por el poder judicial estatal, a pesar de múltiples irregularidades y obvias inconsistencias. Es decir, las dos instancias procuradoras de justicia enfocaban sus esfuerzos en inventar culpables, en lugar de administrar justicia a verdaderos culpables, algo que, como es de conocimiento común, abundan en la entidad.
Un ejemplo de las irregularidades mencionadas son que, en los 25 expedientes analizados por La Silla Rota, ninguno de los agentes involucrados en la aprehensión estaban identificados. Otro más, en el 64% de los casos, durante las audiencias fue recurrente la que la parte acusadora (o presuntamente acusadora) no estuviese presente, y a pesar de ello, siguió el proceso judicial contra el detenido. En casi la mitad de los casos, los detenidos aseguraron ser víctimas de tortura para “confesar” su culpabilidad, o aceptar que eran miembros de alguna organización delictiva.
Las denuncias en contra de la FGJEM y el PJEM continúan recibiéndose por la misma razón, muchas veces amparadas por violaciones a los derechos humanos, cómo ocurrió recientemente con los indígenas de Salazar, recién liberados, y los de San Pedro Tlanixco. En cuanto a los expedientes, 26 de 44 casos fueron liberados, a costa de permanecer más de un año en prisión y demostrar posteriormente su inocencia.
Cabe destacar que el Fiscal Alejandro Gómez, que trabajó durante la gestión de Eruviel Ávila, aún permanece en el cargo, bajo el amparo del actual gobernador Alfredo del Mazo. Mismo caso ocurre con Fernando Ulises Cárdenas, fiscal central jurídico y quien apareció en un video en 2015 pidiéndole a sus empleados un 80% de efectividad en los juicios, justificando la fabricación de culpables: “De 10 asuntos tienen que ganar ocho y perder dos… ¿que los delitos son inventados? ¡Eso es de toda la vida, hombre!”
Alejandro Gómez Sánchez, llegó en mayo del 2014 a ocupar el cargo como Procurador General de Justicia del Estado de México y en diciembre de 2016, asumió el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México, en lo que fue un cambio legislativo de nombre, pero no de estrategias.
Héctor Castañeda
