27 de agosto de 2019

Una jueza federal rechazó este martes conceder una suspensión provisional para desbloquear las cuentas bancarias de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, había admitido a trámite la demanda de amparo de Robles Berlanga, sin embargo, negó el descongelamiento de las cuentas bancarias de la ex funcionaria, ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El próximo 2 de septiembre se decidirá si la juez concede o niega la suspensión definitiva, una vez recibidos los informes de la UIF sobre el caso. “Se niega la suspensión provisional. Se tiene como pruebas las que refiere. Se tiene como autorizados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones”, señala la resolución, la cual puede ser impugnada a través de un Tribunal Colegiado. Rosario Robles está actualmente recluida en el penal femenil de Santa Marta Acatitla por un lapso de dos meses en lo que continúan las investigaciones que la involucran en presunta omisión por contratos anómalos en el esquema conocido como la Estafa Maestra.

Las cuentas a las que se refiere el bloqueo fueron dos de 20 mil pesos cada una, aseguradas por la UIF el 4 de agosto de este año, además de las cuentas bancarias de quien fuera su Oficial Mayor en dicha dependencia, Emilio Zebadúa.

ABOGADOS DE ROBLES LLEVAN QUEJA A LA CIDH

Como se adelantó el día de ayer, los abogados de la ex funcionaria solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, Estados Unidos, que emita una recomendación para que se “apliquen medidas cautelares” y cesen de inmediato las acciones que mantienen encarcelada "ilegalmente” a Robles.

“El juzgador cometió una agravante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”, aseguró el abogado Julio Hernández Barros mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.

El comunicado agrega que “no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicano, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría anulatoria la protección de los derechos de la víctima”

Héctor Castañeda