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septiembre 25, 2019Edomex, paraíso de la impunidad
TRANSPARENCIA
Edomex, paraíso de la impunidad
La prima hermana de la corrupción es la impunidad, es decir, el saber que se puede cometer un delito sin que la justicia haga su trabajo. Al arribar al segundo informe de labores de Alfredo del Mazo Maza, los avances en esta materia, que son un mal generalizado del país, son bastante escasos o de plano nulos, lo cual no habla mal solamente de su gestión, sino también del trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por Alejandro Gómez Sánchez.
Tan grave es la incompetencia del sistema de justicia del Estado de México, que la posibilidades de que usted denuncie un delito y este llegue a un juez, es de 1 entre 100.
Debido a lo anterior y convencidos de que estas cifras no figurarían, como ocurrió, en el informe del ejecutivo estatal, aquí ofrecemos un panorama real y preocupante de la impunidad en el Estado de México.
CONFIGURACIÓN DEL DESASTRE
El Estado de México tiene 4.8 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, lo que la convierte en la cuarta entidad con menor número de MPs para este efecto, de acuerdo con el Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019, realizado por la Asociación Civil Impunidad Cero.
A pesar de que el número de ministerios públicos en la entidad aumentó de 3.5 por cada 100 mil habitantes en 2016 a 4.8 en 2017 (lo cual supone un aumento de 34.9%), la cantidad es notoriamente insuficiente, considerando que el Estado de México es la entidad más poblada del país, con 17 millones 363 mil 387 habitantes en 2017, según datos del Consejo Estatal de Población (Coespo); incluso localizándose por debajo de la media nacional de 8.4 ministerios públicos. Debajo del Estado del Edomex, únicamente se encuentran Nuevo León, con 4.6 ministerios públicos, Jalisco, con 4.4 y Puebla, con 2.8 por cada 100 mil habitantes.
En el presupuesto per cápita, la cosa no mejora. La entidad mexiquense tiene asignado un presupuesto de apenas 217.94 pesos per cápita para la procuración de justicia, convirtiéndose en el séptimo estado que menos recursos invierte o de los que dispone, para este efecto. Le siguen Yucatán (203.52 pesos), Morelos (186.32 pesos), Veracruz (175.79 pesos), Oaxaca (166.10 pesos), Puebla (140.16 pesos) y Tlaxcala (106.11 pesos).
Evidentemente, estos factores traen como consecuencia que la carga de impartición de justicia recaiga sobre menos personas, afectando directamente su eficiencia.
De esta manera, el Estado de México es la segunda entidad en el país con mayor carga de trabajo por ministerio público, con 352.7 asuntos atendidos al año, sólo detrás de Baja California, con 365. Esto se traduce en que los tiempos de espera para que una denuncia sea atendida en la entidad sean preocupantes y desesperadamente indefinidos.
En el Estado de México, los denunciantes tienen que esperar un promedio de 196.51 minutos para que su denuncia sea atendida. Es decir, más de tres horas para completar la denuncia por ser víctimas de algún delito en la entidad, convirtiéndola en la sexta donde más tiempo se tarda en denunciar.
La consecuencia lógica de lo anterior es que no exista confianza en la procuración de justicia mexiquense. Sólo el 5.1% de la población declara tener mucha confianza en el ministerio público local. Esto hace que el Estado de México sea la entidad con menor confianza, solo detrás de la Ciudad de México, con 2.9% de la población confiando en su ministerio público.
La entrada en vigor en 2016 del sistema de justicia penal acusatorio, que restaba protagonismo a los juicios orales y donde en las tres etapas del proceso son supervisadas por tres jueces distintos, supuso fallas de origen que en todo el país aún no terminan de perfeccionarse.
En el caso concreto del Estado de México, la efectividad del sistema penal acusatorio es de apenas 20.4%, a pesar de estar muy ligeramente por encima de la media nacional de 19.4%, se encuentra detrás de la Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo, Campeche, Coahuila, Zacatecas, Baja California, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Nayarit, que ocupa el primer lugar con 40% de efectividad.
Predominantemente, en la entidad, el proceso penal termina en el no ejercicio de la acción penal o por mera incompetencia por parte de las autoridades.
DESDE LA NO DENUNCIA A LA IMPUNIDAD CASI TOTAL
Por otro lado y de acuerdo al propio Índice de Desempeño de Procuradurías del País, en el Estado de México, la cifra negra de delitos que no son denuncias alcanza niveles alarmantes, mientras que en contraposición y según los resultados del último Índice de Impunidad que publica anualmente la Universidad de las Américas de Puebla, de cada 100 delitos que se denuncian, solo 0.59% terminará en sentencia.
El estudio de la Asociación Civil Impunidad Cero, señala que el 94.8% de los delitos que se cometen no son denunciados, debido a que la probabilidad de esclarecimiento de delitos en la entidad es de apenas 1.1%.
A pesar de que a nivel nacional la cifra es igual de alarmante (con una media de 1.3%), el Estado de México está entre los últimos lugares con potencial de esclarecimiento de delitos, solo por encima de Aguascalientes, Puebla, Tabasco (0.9%), San Luis Potosí (0.8%), Quintana Roo, Chiapas, Jalisco (0.6%), Tamaulipas (0.4%) y Guerrero (0.2%).
No obstante, la efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión es relativamente alta en la entidad, con un 66.3%, lo cual indica probabilidad de captura en los casos en los que se esclarecen, los cuales, insistimos, son muy pocos. Por encima del Estado de México en este indicador están Hidalgo (70.3%), Sinaloa (73.5%), Tlaxcala (75.2%), Oaxaca (83.7%) y Puebla (87.1%).
Por otro lado, la impunidad en homicidios se mantiene alarmantemente alta: 92.8% de los asesinatos que se cometen en la entidad quedan impunes. No es casualidad que durante 2018 se hayan cometido en la entidad 3 mil 98 homicidios durante el año, 1.67% más que los 3 mil 47 que se registraron en 2017.
Finalmente, los resultados del Índice de Impunidad de la Universidad de las Américas, ubica al Estado de México, en el primer lugar, entre las diez entidades con mayor índice en esta materia: Estado de México (80.06), Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33), Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).
Asimismo los estados que redujeron su índice de impunidad en más de dos puntos en 2018, fueron Morelos (-5.84 puntos) y Campeche (-2.16 puntos); mientras que las siguientes entidades, redujeron ligeramente su índice, no obstante sigue siendo alto, indica el estudio: Colima (-1.72 puntos), Michoacán (-1.46), Querétaro (-1.02 puntos) y Yucatán (-1.19).
Cabe destacar que el mismo estudio advierte que el Estado de México tiene el puntaje más alto del IGI-MEX en materia de impunidad, ya que se registraron 202,205 carpetas de investigación en 2018, la cantidad más alta en todo el país, pero únicamente se registraron mil 209 sentenciados en primera instancia, esto implica que sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia.
El estudio concluye que lo anterior, en caso del Edomex, habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos. Otro punto importante es la diferencia entre las carpetas de investigación y las causas penales abiertas (16,863) lo cual significa que apenas el 8.33% de todas las carpetas se convierten en causas penales, dejando más de 185 mil procesos, en esa etapa, es decir, como causas abiertas y sin determinar.
“Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta la problemática más grave en el país. El Estado de México presenta, también, problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos: no cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país.
El estudio de la universidad de Puebla, también ubica al Estado de México entre las entidades que prácticamente no tienen sistema de justicia, al contar con un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).
CONFIGURACIÓN DEL DESASTRE
El Estado de México tiene 4.8 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, lo que la convierte en la cuarta entidad con menor número de MPs para este efecto, de acuerdo con el Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019, realizado por la Asociación Civil Impunidad Cero.
A pesar de que el número de ministerios públicos en la entidad aumentó de 3.5 por cada 100 mil habitantes en 2016 a 4.8 en 2017 (lo cual supone un aumento de 34.9%), la cantidad es notoriamente insuficiente, considerando que el Estado de México es la entidad más poblada del país, con 17 millones 363 mil 387 habitantes en 2017, según datos del Consejo Estatal de Población (Coespo); incluso localizándose por debajo de la media nacional de 8.4 ministerios públicos. Debajo del Estado del Edomex, únicamente se encuentran Nuevo León, con 4.6 ministerios públicos, Jalisco, con 4.4 y Puebla, con 2.8 por cada 100 mil habitantes.
En el presupuesto per cápita, la cosa no mejora. La entidad mexiquense tiene asignado un presupuesto de apenas 217.94 pesos per cápita para la procuración de justicia, convirtiéndose en el séptimo estado que menos recursos invierte o de los que dispone, para este efecto. Le siguen Yucatán (203.52 pesos), Morelos (186.32 pesos), Veracruz (175.79 pesos), Oaxaca (166.10 pesos), Puebla (140.16 pesos) y Tlaxcala (106.11 pesos).
Evidentemente, estos factores traen como consecuencia que la carga de impartición de justicia recaiga sobre menos personas, afectando directamente su eficiencia.
De esta manera, el Estado de México es la segunda entidad en el país con mayor carga de trabajo por ministerio público, con 352.7 asuntos atendidos al año, sólo detrás de Baja California, con 365. Esto se traduce en que los tiempos de espera para que una denuncia sea atendida en la entidad sean preocupantes y desesperadamente indefinidos.
En el Estado de México, los denunciantes tienen que esperar un promedio de 196.51 minutos para que su denuncia sea atendida. Es decir, más de tres horas para completar la denuncia por ser víctimas de algún delito en la entidad, convirtiéndola en la sexta donde más tiempo se tarda en denunciar.
La consecuencia lógica de lo anterior es que no exista confianza en la procuración de justicia mexiquense. Sólo el 5.1% de la población declara tener mucha confianza en el ministerio público local. Esto hace que el Estado de México sea la entidad con menor confianza, solo detrás de la Ciudad de México, con 2.9% de la población confiando en su ministerio público.
La entrada en vigor en 2016 del sistema de justicia penal acusatorio, que restaba protagonismo a los juicios orales y donde en las tres etapas del proceso son supervisadas por tres jueces distintos, supuso fallas de origen que en todo el país aún no terminan de perfeccionarse.
En el caso concreto del Estado de México, la efectividad del sistema penal acusatorio es de apenas 20.4%, a pesar de estar muy ligeramente por encima de la media nacional de 19.4%, se encuentra detrás de la Ciudad de México, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo, Campeche, Coahuila, Zacatecas, Baja California, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Nayarit, que ocupa el primer lugar con 40% de efectividad.
Predominantemente, en la entidad, el proceso penal termina en el no ejercicio de la acción penal o por mera incompetencia por parte de las autoridades.
DESDE LA NO DENUNCIA A LA IMPUNIDAD CASI TOTAL
Por otro lado y de acuerdo al propio Índice de Desempeño de Procuradurías del País, en el Estado de México, la cifra negra de delitos que no son denuncias alcanza niveles alarmantes, mientras que en contraposición y según los resultados del último Índice de Impunidad que publica anualmente la Universidad de las Américas de Puebla, de cada 100 delitos que se denuncian, solo 0.59% terminará en sentencia.
El estudio de la Asociación Civil Impunidad Cero, señala que el 94.8% de los delitos que se cometen no son denunciados, debido a que la probabilidad de esclarecimiento de delitos en la entidad es de apenas 1.1%.
A pesar de que a nivel nacional la cifra es igual de alarmante (con una media de 1.3%), el Estado de México está entre los últimos lugares con potencial de esclarecimiento de delitos, solo por encima de Aguascalientes, Puebla, Tabasco (0.9%), San Luis Potosí (0.8%), Quintana Roo, Chiapas, Jalisco (0.6%), Tamaulipas (0.4%) y Guerrero (0.2%).
No obstante, la efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión es relativamente alta en la entidad, con un 66.3%, lo cual indica probabilidad de captura en los casos en los que se esclarecen, los cuales, insistimos, son muy pocos. Por encima del Estado de México en este indicador están Hidalgo (70.3%), Sinaloa (73.5%), Tlaxcala (75.2%), Oaxaca (83.7%) y Puebla (87.1%).
Por otro lado, la impunidad en homicidios se mantiene alarmantemente alta: 92.8% de los asesinatos que se cometen en la entidad quedan impunes. No es casualidad que durante 2018 se hayan cometido en la entidad 3 mil 98 homicidios durante el año, 1.67% más que los 3 mil 47 que se registraron en 2017.
Finalmente, los resultados del Índice de Impunidad de la Universidad de las Américas, ubica al Estado de México, en el primer lugar, entre las diez entidades con mayor índice en esta materia: Estado de México (80.06), Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila (77.88), Quintana Roo (77.33), Guerrero (76.08), Aguascalientes (75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).
Asimismo los estados que redujeron su índice de impunidad en más de dos puntos en 2018, fueron Morelos (-5.84 puntos) y Campeche (-2.16 puntos); mientras que las siguientes entidades, redujeron ligeramente su índice, no obstante sigue siendo alto, indica el estudio: Colima (-1.72 puntos), Michoacán (-1.46), Querétaro (-1.02 puntos) y Yucatán (-1.19).
Cabe destacar que el mismo estudio advierte que el Estado de México tiene el puntaje más alto del IGI-MEX en materia de impunidad, ya que se registraron 202,205 carpetas de investigación en 2018, la cantidad más alta en todo el país, pero únicamente se registraron mil 209 sentenciados en primera instancia, esto implica que sólo el 0.59% de las carpetas acaba en sentencia.
El estudio concluye que lo anterior, en caso del Edomex, habla de la debilidad en la integración de las carpetas por parte de los ministerios públicos. Otro punto importante es la diferencia entre las carpetas de investigación y las causas penales abiertas (16,863) lo cual significa que apenas el 8.33% de todas las carpetas se convierten en causas penales, dejando más de 185 mil procesos, en esa etapa, es decir, como causas abiertas y sin determinar.
“Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que presenta la problemática más grave en el país. El Estado de México presenta, también, problemas estructurales de inversión en agencias y ministerios públicos: no cuenta con suficientes jueces y magistrados, además de que se redujo su estado de fuerza policial. Finalmente, es la segunda entidad con la mayor cifra negra (delitos no denunciados) del país.
El estudio de la universidad de Puebla, también ubica al Estado de México entre las entidades que prácticamente no tienen sistema de justicia, al contar con un número inferior al promedio nacional de jueces y magistrados para atender a su población: Aguascalientes (3.34), Baja California (2.73), Coahuila (2.74), Hidalgo (2.5), Estado de México (2.32), Michoacán (3.2), Nuevo León (2.56), Puebla (1.5), Sonora (3.31), Tamaulipas (3.08), Tlaxcala (2.82) y Yucatán (2.97).
