27 de noviembre de 2019

La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados federal dio luz verde al dictamen para iniciar el procedimiento de juicio político en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) Rosario Robles, por su presunta participación en los desvíos de la Estafa Maestra.

Con 12 votos a favor y un voto en contra de la diputada del PRI Ivonne Álvarez, dictaminó que procede el juicio político en contra de la ex funcionaria, por ello el día de mañana, las comisiones unidas de Gobernación y Justicia discutirán y votarán este dictamen; en caso de que se apruebe será la Sección Instructora la que resuelva en un plazo de 60 días si el dictamen se somete a votación del pleno cameral o se desecha.

Rocío Barrera, copresidenta de la Subcomisión, aseguró luego de la reunión privada que será un proceso largo y estimó que en febrero de 2020 se determine si el dictamen de juicio político se somete a votación del pleno de la Cámara de Diputados.

"Es un proceso bastante largo que, de acuerdo a los plazos establecidos, estaría concluyendo en febrero; sin embargo, el trabajo que se está haciendo en esta subcomisión no sólo es en contra de una sola persona sino de todos aquellos funcionarios que no hayan cumplido con las obligaciones y funciones que les fueron conferidas”, expresó.

Agregó que “fue un tema de un recurso que fue etiquetado a las universidades, que no hay antecedente alguno, y por estar violando un tema de derechos humanos, y un tema de las facultades que le fueron conferidas allá en los dos encargos que tuvo como secretaria en Desarrollo Social y de la Sedatu”, asegurando que desde 2013 Robles ya tenía solicitudes de juicio político en su contra de parte del PAN, PRD y Morena, a pesar de que en ese año Morena aún no era formalmente partido político hasta 2014.

Verónica Juárez, diputada del PRD, señaló a su vez que desde el 2013, legisladores de su partido, expusieron que Robles incurrió en un daño patrimonial sustancial, al evitar que estos recursos se destinarán para garantizar derechos que tenían que ver con la salud, con la educación, con la vivienda.”

Héctor Castañeda