Por inercia, sin percibir los efectos negativos en la imagen de los habitantes de la entidad mexiquense, los medios informativos, alimentados informativamente por el INEGI, cuando se difunde los niveles de corrupción en el país, se menciona a los estados, no a los gobiernos, como debería ser.

El gobierno del Estado de México aparece invariablemente como el más corrupto entre todas las entidades federativas, pero la información no específica que se trata de las autoridades estatales y municipales, en una grave omisión que daña la imagen de una población cercana a los 17.5 millones de personas.

El INEGI es un órgano de estado, con autonomía constitucional, libre de sospecha sobre actuaciones sesgadas para afectar a tal o cual institución. Se le cuestiona su metodología en la medición del desempleo, pero nadie le atribuye mala fe, por lo que su información sobre los niveles de la corrupción de las autoridades mexiquenses debe ser tomada en cuenta y preocupar a las instituciones y la sociedad.

Sobre esto no hay discusión, pero sí respecto de la forma como se presentan los resultados sobre los niveles de corrupción de los gobiernos estatales y municipales. Es conveniente cambiarla, para diferenciar la deshonestidad de las autoridades locales de la población. El fenómeno se localiza en las instituciones y sus perpetradores son servidores públicos de todos los niveles.

En estas circunstancias, resulta injusto y pernicioso para los casi 17 millones 500 mil habitantes de la entidad mexiquense, que al hablarse del Estado de México como el más corrupto del país, se les englobe como parte de quienes cometen corrupción, lo cual evidentemente no responde a la realidad.

Se llega a la cruel paradoja de que quienes son, precisamente, víctimas de actos corruptos de las autoridades, son presentadas como corruptas. No es un problema menor esta situación, y los medios informativos, pero fundamentalmente el INEGI, deben presentar, difundir y atribuir los índices de corrupción a los gobiernos estatales y municipales, no a las entidades federativas.

Las autoridades no son la población. Pueden gobernarlas bien o mal en determinado momento, porque no debemos olvidar que son temporales, pero sus errores y vicios, como el de la corrupción no debe cargárseles a sus comunidades, como ocurre ahora con el Estado de México por la forma como INEGI presenta su incidencia en el tema.

Debe quedar claro que no es la entidad mexiquense la más corrupta de México, sino los deshonestos funcionarios de sus instituciones. Participan de ese fenómeno en los gobiernos, particulares, con relaciones y complicidades de los primeros, pero constituyen una insignificante minoría de la población.

Los mexiquenses son las víctimas directas de la corrupción, no sus autores, puesto que por ese fenómeno reciben obras públicas excesivamente caras, de mala calidad, se sufren extorsiones, agravios de delincuentes protegidos desde el poder público, precisamente, por actos de corrupción de las autoridades; es decir, del gobierno. Esto debe quedar claro.