17 de marzo de 2020

En México persiste una situación de violencia estructural en contra de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales que les impide ejercer con libertad y seguridad su derecho a defender derechos humanos, señala el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales. México, 2019, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Si bien, en lo que se refiere al número de agresiones, 2019 registra la cifra más baja en los últimos seis años con 39 ataques en contra de personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, es necesario destacar que casi un tercio de los casos registrados fueron homicidios, resultando 15 personas asesinadas y un intento de homicidio. Es altamente preocupante que el homicidio siga apareciendo como una de las principales agresiones contra las personas defensoras en nuestro país.

El contexto de México en materia de derechos humanos se ha caracterizado por la violencia sociopolítica que se agudizó desde 2006 en el marco de la guerra contra el narcotráfico y en la que existe un patrón sistemático y generalizado de violaciones graves por parte del Estado Mexicano. Dicha situación se agravó a raíz de la entrada en vigor de la reforma al sector energético, aprobada por el Congreso en diciembre de 2013.

Es así que, entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de ataques a personas defensoras ambientales. Los años con el mayor número de agresiones fueron 2015 y 2016, con 107 y 85 ataques respectivamente. El sector energético generó el mayor número de agresiones con 133, lo que representa el 29% del total. Específicamente, el subsector con más agresiones fue el de hidroeléctricas en diferentes lugares del país, con 66 ataques, seguido de la energía eólica con 53.

Con relación a la nueva administración federal que entró en funciones en diciembre de 2018, el tema tampoco ha merecido atención prioritaria. En el periodo de enero a diciembre de 2019, el homicidio fue, al igual que en 2018, la principal agresión cometida contra las personas defensoras del medio ambiente. De los 39 casos de ataques registrados, en 12 de ellos ocurrieron homicidios así como un intento de homicidio (21.1 % del total). En estos ataques fueron asesinadas 15 personas.

En segundo lugar de las agresiones se ubican las amenazas con 11 casos (19.3% del total); en tercer lugar la criminalización (9 casos) (15.8%), y en cuarto lugar la intimidación (8 casos) (14%). En menor número aparecen las agresiones físicas, el hostigamiento, la difamación, la desaparición forzada, el allanamiento, el robo, la privación ilegal de la libertad, la estigmatización, el secuestro y el uso indebido de la fuerza.

Oaxaca es la entidad que registró el mayor número de agresiones en 2019 con 6. Le siguen Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, cada uno con 4 casos; Chihuahua con 3, y Jalisco, Ciudad de México y Zacatecas con 2 casos. En el resto de las entidades federativas como Colima, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Sonora y Yucatán se contabilizó una agresión.

De los 39 ataques registrados por el CEMDA contra personas defensoras ambientales en 2019, 8 de ellos están relacionados con proyectos de energía eléctrica (20.5%), particularmente con el Proyecto Integral Morelos (PIM) (4 casos), el cual consiste en la construcción de una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto. El sector forestal registró 6 casos (15.4% del total); en el sector de proyectos para la construcción de vías de comunicación se registraron 5 agresiones (12.8% de los casos); de éstas, dos están relacionadas con el proyecto del Tren Maya y dos más con la construcción de la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México. Finalmente, los sectores minero, agropecuario y de hidrocarburos tuvieron un registro de 3 casos cada uno (7.7% de los ataques); los proyectos hidráulicos registraron 2 casos (5.1%), y el desarrollo urbano y el industrial registraron un caso cada uno (2.6%).

En 17 de los 39 ataques (40.5%) no fue posible identificar al agresor. En otros 17 casos registrados, el gobierno aparece como presuntamente responsable (40.5%), siendo mencionadas las fiscalías locales, la Guardia Nacional y la policía estatal. En menor medida se señaló como agresores a personas de la misma comunidad, al crimen organizado, a grupos paramilitares, grupos armados, a la empresa y los medios de comunicación. 22 de los 39 ataques fueron hacia personas en lo individual, normalmente hacia quienes tienen un papel de liderazgo y mayor visibilidad como defensores. De estos 22 ataques, 8 fueron dirigidos contra mujeres y 14 contra hombres. Se registraron 6 casos contra comunidades (15%) y 2 casos de agresiones contra organizaciones (5%).

El Informe de CEMDA aborda de forma particular el tema de la estigmatización, agresión que tiende a convertir discursivamente a la persona en marginada y contraria a la norma social. Se utiliza de forma habitual para deslegitimar y menoscabar el derecho de una persona a defender derechos humanos. En muchos de los casos graves como el homicidio, se ha identificado que la persona había sufrido otro tipo de agresiones, como la estigmatización. Al respecto, se refiere el caso de Samir Flores Soberanes, quien tenía una posición de liderazgo en la defensa del territorio en contra del Proyecto Integral Morelos (PIM), asesinado el 27 de febrero de 2019, afuera de su domicilio en el estado de Morelos, en vísperas de la consulta ciudadana propuesta por el presidente de México sobre el proyecto. El asesinato ocurrió pocos días después de que el titular del Ejecutivo se refirió a las y los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir, como contrarios al proyecto termoeléctrico.

Finalmente, el Informe incluye una serie de recomendaciones al Estado mexicano encaminadas a garantizar la protección que requieren las personas defensoras de los derechos humanos ambientales para realizar su labor. Si bien, como se ha dicho, la principal recomendación es modificar estructuralmente la situación prevaleciente, existen pasos específicos importantes que se pueden ir dando hacia la transformación de las condiciones que están generando la violencia estructural hacia las personas defensoras del medio ambiente. Uno de dichos pasos es la urgente necesidad de que México ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina (Acuerdo Escazú). La necesidad de dicha ratificación han sido señaladas públicamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Desde CEMDA insistimos en que, alcanzar el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población al que aspira el gobierno actual y desmantelar las condiciones estructurales que están generando la violencia en México, requiere priorizar la protección del medio ambiente, la tierra y el territorio, pues son estos recursos la fuente para proveer bienestar a las personas.

Staff Redacción