20 de mayo de 2020

A semanas de reanudar gradualmente las actividades en el resto del país, las medidas económicas implementadas por el Estado de México por el coronavirus Covid-19, si bien fueron numerosas, aún son insuficientes, asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con el IMCO, y a partir de la información contenida en la base de datos del Mapa de medidas económicas ante la pandemia COVID-19, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la única medida de apoyo alimenticio que emprendió el gobierno del Estado de México fue el adelanto de entregas de apoyo para las familias más vulnerables, apoyos alimentarios, a amas de casa y a artesanos. Estos apoyos tuvieron un valor de mil 600 millones de pesos. Sin embargo, no hay registro de incrementar la capacidad de los centros estatales del DIF, reestructurar el presupuesto de desarrollo social, aceptar donaciones en especie de las empresas de la región ni habilitar centros de acopio.

En el caso de las PyMES, la entidad fue de las 24 del país que reconocen su vulnerabilidad y han adoptado más de un tipo de apoyo a mipymes para lograr una mejor cobertura de las necesidades de este grupo de empresas. En concreto, se creó un fondo de 200 MDP para proyectos productivos para estimular el autoempleo. Impulso a proyectos productivos y microcréditos a tasa cero y periodo de gracia a cuatro meses. Además, se sumó a la campaña "yo consumo local" que promueve las compras en comercios locales. Otra medida fue el descuento del 50% durante el impuesto de nómina a empresas con menos de 50 trabajadores, para que se mantengan todos los empleos. Este fue el tope de número de trabajadores más grande a nivel nacional, pues el IMCO menciona, sin especificar las demás entidades, que en otros estados se llevaron a cabo estas medidas para pequeñas empresas de hasta cinco trabajadores, otras incluso hasta diez. Prácticamente, es la única medida completa para aminorar el impacto económico.

En obra pública, se anunció una inversión pública en infraestructura, con prioridad a empresas locales mexiquenses para que, de las obras que se realicen este año, 500 millones de pesos sean ejecutados por empresas mexiquenses. De esta medida poco se sabe, fuera del hecho de que se hizo una prórroga del acuerdo que establece esa inversión hasta el 30 de mayo.

Otra medida fue el impuesto cero en hospedaje de abril a junio para el sector turístico.

En planeación gubernamental, lo único que se sabe es que se invirtieron 2 mil 900 millones de pesos para impulsar la actividad económica del estado.

Por último, estableció un fondo de 300 MDP a productores del campo, para la compra de insumos, equipamiento, fertilizantes y canastas para el autoconsumo.

Una medida que no implementó el gobierno fue enfocada a aquellas personas que perdieron el empleo a partir de la contingencia. En dos ocasiones, hemos reportado en este portal el grave riesgo de la pérdida de empleos en el Estado de México. Muy pocas entidades implementaron medidas a este efecto, y la mexiquense no figura en la lista.

Ante ello, las recomendaciones del IMCO se desarrollan en ocho puntos.

El primero es diseñar un plan de reactivación económica estatal integral que contemple un abanico de acciones que ofrezca certidumbre y ayude a contener los efectos de la crisis para familias, trabajadores y empresas. Se deben explorar e implementar más líneas de acción que complementen las actuales. Considerando que ningún municipio mexiquense entra oficialmente a sus actividades hasta su evaluación el 1 de junio, está a tiempo de diseñar e implementar medidas de rescate y recuperación.

El segundo es identificar las necesidades más urgentes de la población de acuerdo a las características sociodemográficas, de vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria y la estructura económica local. Las acciones deben permitir que las familias mantengan sus ingresos laborales, remesas y otros relacionados con el emprendimiento informal. Los trabajadores deben contar con algún tipo de seguro de desempleo temporal, especialmente aquellos que laboran en sectores más afectados como el turismo, los hoteles, restaurantes, espectáculos y servicios recreativos. A las empresas se les debe apoyar con liquidez con el objetivo de mantener puestos de trabajo, lo cual implica hacer transferencias y apoyos fiscales directamente a las nóminas y condicionados a reducir al mínimo los despidos.

En tercer lugar, limitar el uso de dinero en efectivo en la distribución de apoyos económicos a familias y pymes. Las transferencias directas utilizando cuentas bancarias, tarjetas prepagadas y servicios de dinero móvil son una alternativa eficiente para hacer llegar los recursos a la población y permiten que puedan gastarlo en sus necesidades particulares. Es preferible que este tipo de apoyos llegue a través de monederos electrónicos, a través del uso de las redes instaladas de distribución de programas sociales para evitar al máximo el uso de dinero en efectivo.

La cuarta recomendación es hacer uso de herramientas de medición de vulnerabilidad ante el riesgo de contagio para dirigir las inversiones en servicios de agua, saneamiento, acceso al sector salud y otros servicios públicos que puedan reducir el riesgo de propagación una vez que termine la primera ola de contagio.

También le pide al Estado de México aumentar la capacidad de los apoyos ya existentes. A pesar de medidas completas como el caso concreto del financiamiento a PyMES, se requiere de asignar mayor presupuesto a estos rubros. Esto también implica hacer una revisión de las posibles fuentes de financiamiento de corto plazo, como la deuda.

En sexto lugar, también recomienda coordinar acciones con los gobiernos municipales y contemplar los apoyos federales existentes con la intención de complementar esfuerzos en vez de duplicarlos.

Algo muy enfático, y en lo que falla el Estado de México, la manera en que los recursos se ejercen, de dónde salen y hacia dónde se dirigen. Tener un correcto control de los padrones de beneficiarios evita actos clientelares, malversación de recursos y actos de corrupción.

Por último, y considerando que 101 municipios mexiquenses han registrado al menos un contagio, se recomienda facilitar a la población de mayor vulnerabilidad económica el cumplimiento del #QuédateEnCasa. En la medida de lo posible, las acciones de apoyo deben estar diseñadas para que la gente no tenga la necesidad económica de salir a la calle y evitar aglomeraciones en las oficinas, lugares de trabajo y transporte público.

Héctor Castañeda