11 de junio de 2020

En México se tienen actualmente 200 mil personas privadas de su libertad, de las cuales alrededor del 39%, incluyendo mujeres, se encuentran en prisión preventiva, por lo que sin haberse comprobado su culpabilidad por algún delito, podrían contagiarse y morir de COVID-19, dado que enfrentan condiciones de hacinamiento, insalubridad y ahora aislamiento, lo que empeora aún más, si se trata de las prisiones mexiquenses, donde el 37% de la población penitenciaria, comparten celda con más de 15 personas.

Este fue el balance que realizó Ana Pecova de la organización “Equis Justicia para las Mujeres en México”, al plantear la situación que enfrentan las prisiones mexicanas, durante un encuentro virtual de expertos convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que se levantó la alerta, para que autoridades de los Estados y regiones, acaten las recomendaciones emitidas en marzo pasado por el organismo, para instrumentar medidas urgentes que despresuricen las cárceles y salven vidas.

Al respecto Pecova, lamentó que en México este siendo prácticamente imposible y lento el avance para la adopción de medidas que permitan “sacar a las personas de las prisiones” para salvarles la vida “no hay de otra”, dijo, pues hay resistencias tanto de autoridades como de jueces, pese a que el 50% de las mujeres en prisión y el 37% de los hombres, no han recibido sentencia y aun así, dijo, podrían enfermar y morir.

Mencionó que actualmente hay 200 mil personas privadas de la libertad en las cárceles mexicanas, de las cuales solo 5.2% son mujeres.

El problema radica que cuatro de cada 100 centros penitenciarios en el país están sobresaturados y en este punto, destacó el caso particularmente especial del Estado de México, donde el 37% de su población penitenciaria comparte celda con hasta 15 personas, mientras que el 46% de los reos a nivel nacional comparte celda con otros 5.

También a nivel nacional se estima que 11% son mayores de 50 años; 30% no tienen acceso a agua potable en sus celdas y 92% no reciben artículos de limpieza por parte de las autoridades.

Explicó que esta situación se ha agravado frente al escenario de la pandemia, ya que entre las medidas adoptadas por la generalidad de las autoridades, tanto en México como en otros países de América Latina, ha sido cerrar las cárceles y suspender las visitas, provocando un mayor caos, toda vez que al tiempo que las autoridades no les proveen de lo básico a las personas, les violan sus derechos al prohibirles las visitas familiares, quitándoles lo único que tienen, es decir, el acceso a comida, medicinas y artículos de limpieza, a través de sus seres queridos que los visitan.

Ana Pecova también alerto sobre un retraso generalizado, para instrumentar la recientemente aprobada Ley de Amnistia en los estados, para la implementación de mesas donde se atiendan y revisen los casos –mesa ya aprobada- a nivel federal y la cerrazón de autoridades mexicanas, para empujar e instrumentar estos mecanismos, mientras los jueces se resisten a aplicar una ley (se refiere a la de amnistía), de manera retroactiva, “bajo el argumento de que prefieren tener un inocente en las prisiones que en culpable en las calles...”, dijo.

Mencionó el caso de la Ciudad de México, donde las autoridades implementaron medidas para liberar a unas 4 mil 600 personas de sus saturadas cárceles, sin embargo hasta ahora solo han liberado a unas 460 y no son mujeres.

Al respecto refirió que las mujeres privadas de su libertad están invisibilizadas totalmente, pues al ser un grupo minoritario dentro de las prisiones, nadie se ocupa por atender sus necesidades.

Por su parte el relator de la CIDH que atiende los derechos de las Personas Privadas de su Libertad y preside la comisión para la prevención de la tortura, explicó que en la región se tienen contabilizados más de tres mil 300 casos confirmados de PPL con COVID-19 y más de 797 fallecidos.

Mencionó que en general el sistema carcelario de América Latina, enfrenta condiciones de salta de salubridad, de higiene y hacinamiento “extremo”, que en algunos casos es superior al 300%.

En este sentido, el relator Estuardo Raldos, conminó a las autoridades de los Estados y las regiones de América Latina, a adoptar las medidas que recomendó el pasado 31 de marzo, para tomar con urgencia medidas que garanticen el derecho a la vida y la salud de las personas privadas de su libertad y que están bajo su reguardo en las prisiones.

Ma. Teresa Montaño