23 de junio de 2020

La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso Local presentó una iniciativa de ley para que el Poder Legislativo, revise y autorice las reglas de operación de los programas sociales que actualmente opera el gobierno del Estado de México, a fin de evitar su utilización proselitista o como medida para coaccionar el voto ciudadano o como “condicionantes con fines políticos”.

El proyecto de decreto reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios.

Al leer la iniciativa, durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado Alfredo González González sostuvo que el reto del estado en materia de diseño y ejecución de reglas de operación para programas sociales, es la colaboración y coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual se resuelve con la voluntad de ambos, al complementar la facultad de fiscalizar el ejercicio del gasto público del Legislativo con la de ejecutar leyes y proveer su exacta observancia del Ejecutivo.

La iniciativa establece como obligatorio que la Secretaría de Finanzas, envíe a la Legislatura las reglas de operación de los programas de Desarrollo social, para que esta, las examine en un plazo de 30 días, emita opinión y las autorice.

Además plantea que la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria presente a la Legislatura del Estado, un informe anual, para saber resultados, avances y retos de las regulaciones en la entidad, además de incluir a la Legislatura y al INFOEM como invitados permanentes en las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.

Señala que la Legislatura debe tener una participación activa en los procesos previos de análisis a las aprobaciones, no sólo de reglas de operación, sino en las regulaciones tanto del Estado como de los municipios.

“La época donde los beneficios de la política social eran sometidos al clientelismo y burocracia arbitraria, deben terminar. Los tiempos han cambiado y el gobierno de la cuarta transformación es ejemplo de que la legalidad guía las políticas sociales, ocasionando congruencia para alcanzar de manera eficiente una justicia social duradera”, sostiene el proyecto propuesto por Monserrat Ruiz.

La iniciativa fue enviada para su análisis y dictaminación a las comisiones.

Actualmente el gobierno del Estado de México no cuenta con padrones de beneficiarios confiables, identificables y separados por programa, no obstante ser una de las recomendaciones que se le han hecho a la administración mexiquense incluso por organismos como el PNUD.

Staff Redacción