13 de julio de 2020

Organizaciones civiles denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.

En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones; sin embargo, en la práctica, se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad.

La crisis de desapariciones se mantiene en el país, con un registro oficial de 61,637 personas desaparecidas, incluidas 5,184 personas desaparecidas en 2019, de las cuales 1,277 son niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos. Los datos confirman que desde inicios del 2019, 33 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, de entre las cuales 4 fueron mujeres, incluyendo dos mujeres trans defensoras de derechos humanos y 19 periodistas, demostrando que labor periodística es de alto riesgo en México. La violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día. Cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual. Las niñas, niños y adolescentes son, por su parte, víctimas de 7 asesinatos y 7 desapariciones al día. Tan solo en el primer año de la administración, 117 crímenes de odio contra personas LGBTTTI+ fueron contabilizados. Los datos públicos disponibles, si bien no reflejan la totalidad de los casos, sí dejan entrever un aumento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos dio a conocer que entre de marzo a junio, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, se registraron 103 agresiones en contra de quienes defienden el derecho a la salud; 47 ataques contra el personal de salud, 141 agresiones contra personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas y 237 personas desaparecidas.

Asimismo, las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales. También hicieron hincapié en el debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.

Respecto al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la Unión Europea y México, resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin consulta ni participación de la sociedad civil, lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras.

Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México y a la Unión Europea:

A cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas (CPLI), y paralelamente implementar mecanismos obligatorios para identificar, prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales públicas y privadas, tanto domésticas, como extranjeras.

A fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por la COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo.

A reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, personas defensoras, periodistas, migrantes, personas LGBTTTI+, pueblos indígenas, y niñas, niños y adolescentes ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia.

A fortalecer la cooperación técnica para lograr un mayor acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

A incorporar una perspectiva de prevención en las acciones realizadas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por ejemplo mediante la emisión periódica de alertas por parte de la Delegación de la Unión Europea en casos de amenazas, detenciones arbitrarias y otros graves ataques.

A diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.

Finalmente, las OSC instaron al Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta para el seguimiento de las recomendaciones.

Staff DH