30 de julio de 2020

El Grupo Parlamentario de Morena en la 60 Legilsatura Local, propuso reformar diversas disposiciones para prohibir que los deudores alimentarios y agresores por violencia intrafamiliar, no puedan acceder a cargos públicos y de representación popular.

La iniciativa de ley correspondiente, fue presentada en el pleno por el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, al considerar que este tipo de aspirantes, no pueden tener un cargo público.

El documento que fue turnado a comisiones, propone que esta restricción sea aplicable a todos los servidores públicos, pero se destacó su viabilidad en los cargos a gobernador, diputados, integrantes de los Ayuntamientos, titulares de las dependencias, organismo y entidades del Ejecutivo, Fiscal General de Justicia, integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, magistrados y jueces, defensores públicos, Consejeros Electorales, Magistrados Electorales, Contralores, y Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

“Es bien sabido que en el discurso los altos funcionarios públicos condenan este tipo de violencia, pero en la práctica la generan, la consienten o no hacen nada para combatirla desde el ámbito de sus atribuciones”, aseguró Gutiérrez Cureño.

Recordó que la violencia en contra de las mujeres en México, y particularmente en la entidad es alarmante, pues más de la mitad de las mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento.

Sostuvo que desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar y permanecer en dichos cargos, pues desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad para dar un trato digno a la ciudadanía.

“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”, apuntó Gutiérrez Cureño.

El proyecto retoma el trabajo de la organización política “Las Constituyentes Feministas”, que a nivel nacional impulsa la “el 3 de 3 de violencia de género”, donde se propone como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual, y no ser agresor por razones de género.



Staff Redacción