5 de agosto de 2020

Víctimas y familiares de personas injustamente presas, pidieron a la Legislatura local que incluya como un supuesto para la Ley de Amnistía, los casos de delitos graves y de alto impacto, pues muchos de estos son utilizados para fabricar culpables por temas políticos.

Durante el segundo día de Parlamento Abierto propuesto por el Grupo Parlamentario de Morena, para discutir la construcción de esta ley, Oscar Hernández Neri, maestro del CNET, relató que estuvo preso por más de 4 años en Texcoco, acusado injustamente de homicidio por su oposición a la Reforma Educativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Relató que uno de sus compañeros fue torturado por policías ministeriales para que lo acusara falsamente de homicidio, y fue necesaria la movilización social y más de 155 diligencias para demostrar su inocencia, pero aún enfrenta el estigma del reclusorio y perdió su antigüedad de 29 años como docente.

“Diputados, tienen la posibilidad de corregir la podredumbre, del sistema de impartición de justicia terriblemente enfermo que ha causado el actual sistema penal de la entidad”, refirió .

Leidy Plácido, cuyo hermano está injustamente preso, dijo que en el activismo han encontrado un patrón recurrente en el sistema de justicia, con personas detenidas sin orden de aprehensión, incomunicadas por varias horas, y víctimas de tortura recurrente, jóvenes en situación vulnerable y que se dedicaban a oficios como albañiles, obreros, talacheros, mecánicos y taxistas.

“Diputados y diputadas tienen la oportunidad de hacer justicia y de regresar la libertad que nos han robado, no cierren sus ojos ni sus oídos. Aquí la justicia no existe pero tienen la oportunidad de ser justos y actuar apegados a derecho”, apuntó.

El diputado Max Correa, reiteró que es necesario reconciliar a la sociedad mexiquense con sus administraciones de justicia, pues se han cometido muchos errores por parte de los impartidores, y que han llevado a la fabricación de delitos, y pidió a la Fiscalía General conocer qué cantidad de internos se encuentran en alguno de los 14 supuestos que considera la Ley de Amnistía impulsada por Morena.

Gerardo Ulloa pidió que la Codhem se sume a la construcción de un mecanismo para lograr la reinserción social de los beneficiados con la Amnistía y se sume para perfeccionar una ley que vele por los derechos humanos.

Mariana Uribe pidió que la Fiscalía expliqué qué medidas está tomando para evitar la discriminación de personas por su aspecto y garantizar una real impartición de juscia, “pues muchos casos solo por ver a una persona sucia o en condición de pobreza, se crea un falso culpable, que hoy cumple una condena que no merece porque no delinquieron”.

En reunión de las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, Fernando Cárdenas, Fiscal General Jurídico de la entidad recordó que históricamente la Ley de Amnistía se ha utilizado para resolver temas políticos, se ha utilizado en conflictos sociales, para privilegiar la paz.

Apuntó que la Fiscalía tiene una política de priorización de casos de alto impacto, enfocada en delitos graves, pues en 2019, de 270 mil denuncias por ilícitos no se procesan ni el 10 por ciento, pues no hay capacidad para judicializar todos los casos.

Insistió en definir con puntualidad cómo se va a definir el procedimiento para acceder a la Amnistía y quién lo hará, si por medio de una comisión o un juez y tener cuidado en que no se convierta en una tercera instancia.

“Nuestra opinión es que debe ser el juez, es el ideal, pero hacer falta definir particularidades, si se puede ofrecer pruebas o no, si se admite, y deba definir en 10 días, si se va a substanciar algo o no, si habrá contradicción, o solo con la petición de quien solicite la figura”, apuntó

Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoció la apertura de la legislatura para discutir las iniciativas, y reiteró el compromiso de su organismo para construir una norma vanguardista a nivel local y nacional, y que considere los más altos estándares de derechos humanos.

“Esta ley no se debe criminalizar ni estigmatizar, tampoco coincidimos en que va a favorecer la impunidad, pues contiene un catálogo que garantiza los derecho humanos de víctimas y personas privadas de la libertad, por eso la importancia de reflexionar y discutir que esta iniciativa genere certidumbre en el aparato de procuración de justicia y cohesione el beneficio social.

Apuntó que la finalidad es que se logre la reinserción social, para lo que será necesario establecer alianzas y pactos sociales con los sectores laborales y económicos del estado. Y consideró necesario analizar la interrupción legal de embarazo, para incluirla en el catálogo, al figurar dentro del derecho de las mujeres a decidir.

Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero recordó que en muchos casos de presos políticos, como los campesinos de Atenco y muchos otros activistas, fueron acusados de secuestro, robo con violencia y homicidio, para deshacerse de quienes defienden la tierra y el agua, por lo que exigieron que se incluyan todos los delitos y en indicios de violaciones graves a derechos humanos.

“Les fabricaron delitos de alto impacto y gracias a la movilización y la protesta pública fueron absueltos”.

La activista aseguró que en la entidad se criminaliza a la juventud , la pobreza y la ignorancia, y en esta condición hay al menos 19 mil 500 personas, además de que el 65 por ciento de los reclusos fueron ingresado cuanto tenían entre 18 y 29 años.

Ángeles Bravo, del Frente Nacional por la Familia insistió en que se considere una propuesta integral para la reinserción social, y que no haya posibilidad para la impunidad y liberar a personas que cometieron delitos menores, pues el ciudadano quedaría en la indefensión.

Staff Redacción