28 de septiembre de 2020

Texto y fotos de Alma Ríos

Lo único que se puede decir de la víctima es que era una adolescente de 13 años de edad, que era trabajadora doméstica y que se dirigía a su casa en San Felipe del Progreso cuando todo ocurrió.

La menor fue raptada por varios hombres que la subieron a un vehículo contra su voluntad, la violaron y después la arrojaron en la orilla de la carretera.

Semanas después, los médicos le confirmaron a los padres que la adolescente estaba embarazada y que había contraído VIH-Sida, un dato que ventiló el propio centro de salud que la atendió luego de haber sufrido la violación, no le proporcionó retrovirales ni la píldora anticonceptiva de emergencia como lo marca la Ley.

Fue hasta la semana diez de gestación que a la víctima se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

En México es legal practicar el aborto por violación conforme a esta Norma Oficial y todas las instituciones de salud, sin excepción, deben prestar el servicio, pero no siempre respetan esta disposición, alertaron familiares de víctimas y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Hasta el 2019, en el estado de México se habían practicado 74 interrupciones voluntarias del embarazo por violación sexual de acuerdo a la NOM 046, en un periodo de cuatro años, de éstas 24 fueron en 2019, según la información obtenida por solicitud de transparencia.

Hasta entonces, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) fue el único que había aplicado esta disposición. Tanto el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconocieron que sus unidades médicas no habían reportado interrupciones voluntarias del embarazo desde el 2015.

En contraste y de acuerdo con un reporte de la Ciudad de México sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), entre enero y julio de este año, un total de 2 mil 223 mujeres mexiquenses, acudieron a unidades de salud de la capital del país, para practicarse la interrupción legal del embarazo de manera gratuita y sin riesgos.

Este documento indica que desde el 2007, cuando se legalizó el aborto en la Ciudad de México al 31 de julio, un total de 61 mil 018 mujeres originarias del Estado de México, han acudido a los servicios de salud de la capital para realizarse este procedimiento, el cual, a diferencia de la entidad mexiquense, puede realizarse en cualquier momento a decisión de la mujer y no necesariamente por causa de una agresión sexual.

Es de resaltar que después de las mujeres originarias de la Ciudad de México que han decidido interrumpir un embarazo en hospitales y clínicas de la capital (con 4 mil 502 casos, solo este año, y 157 mil 675 desde el 2007), las mexiquenses ocupan el segundo lugar entre las pacientes de todo el país, que viajan a la capital para realizar este procedimiento-trámite sin riesgos y sin ser criminalizadas por ello.

El reporte completo de estos servicios puede ser consultado aquí: https://drive.google.com/file/d/1n8BEFNhrD-QWurSEeiL3yOr-w8Io1P3a/view?usp=sharing

PERSISTEN RESISTENCIAS EN EDOMEX A APLICAR LA NOM-046

Reiteradamente, Esperanza Arias Velázquez, presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddesser), ha denunciado que algunos hospitales se niegan a atender casos y los canalizan al ISEM, "bajo el argumento de que no cuentan con el protocolo de atención para víctimas o no cuentan con personal para hacer el legrado, cuando no es necesario hacer el legrado"

También reprochó que hay médicos "objetores de conciencia" que se rehúsan a canalizar los casos con otro doctor para su atención.

De enero a agosto de este año, en el estado de México se han iniciado 714 carpetas de investigación por violación simple y 444 por violación equiparada, además la línea 911 recibió 229 llamadas de emergencia relacionadas con este delito, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Actualmente en México y América Latina, grupos de feministas, colectivos y organizaciones diversas, enfrentan una intensa lucha para lograr un aborto legal, seguro y gratuito, pues se estima que alrededor de 47 mil mujeres mueren cada año en el mundo por abortos clandestinos, mientras que en el Estado de México, el aborto sigue siendo un delito en el artículo 251 del Código Penal, el cual indica que la mujer puede recibir una pena de hasta tres años de prisión.