Cualquier persona que haya iniciado un negocio desde cero, sin experiencia previa y sin contactos clave en bancos o gobierno podrá dar fe de lo complicado que resulta emprender y, luego, convertir esa aventura en ganancias que se traduzcan en un mejor nivel de vida.

Desde los permisos requeridos por las diferentes autoridades hasta el cumplimiento absoluto de las obligaciones fiscales, el camino de micro y pequeños empresarios en México se ve lleno de obstáculos que muchas veces pueden ser superados solamente con sobornos si es que se quiere seguir con el negocio en cuestión.

Además de hacer frente a la regulación y a los “moches” solicitados por servidores públicos, muchos negocios mexicanos deben satisfacer las demandas del crimen organizado que, a base de extorsiones y amenazas, determina las reglas que también han de aplicar a los negocios dejados por el Estado a merced del poder del narco.

Tan acostumbrada está nuestra sociedad a esta suerte de impuestos alternativos que entendemos perfectamente lo que significa el derecho de piso y que a nadie extrañan las historias de negocios que decidieron cerrar o que fueron destrozados por el incumplimiento con la cuota que ha de entregarse al narco en turno.

Numerosas voces han puesto énfasis en cómo el crimen organizado amenaza el crecimiento económico en México, al frenar la creación de empresas y empleos y disminuir las ganancias e inversión en nuevos negocios, a la par, claro, de convertir la extorsión una fuente extra de ganancias para el narco.

Sin embargo, poco se habla de cómo gracias precisamente a la corrupción de gobiernos y corporaciones, el narcotráfico logra acrecentar su poder a través de empresas creadas legalmente, que funcionan incluso de manera próspera sin que autoridad alguna se atreva a investigar, mucho menos frenar sus operaciones.

En su libro El Traidor, la periodista Anabel Hernández documenta cómo líderes y socios del Cártel de Sinaloa mantienen decenas de negocios en México, algunos con participación de políticos y empresarios que se mantienen en la vida pública nacional como ejemplo de exitosos hombres y mujeres de negocios.

Los tentáculos del narco son tan amplios, de acuerdo con la investigación de Hernández, que incluyen a empresas líderes en sus respectivos ramos, con presencia en todo el país y que funcionan en absoluta legalidad.

Contra empresas boyantes que a fuerza de balas o billetes toman su parte del mercado, no hay nada que pueda hacer un micro o pequeño empresario. Así, la participación en créditos, inversiones, exportaciones y programas de apoyo gubernamentales, termina por favorecer a quienes ya tienen una posición privilegiada, no muchas veces alejada del propio narcotráfico.

La analista Viridiana Ríos publicó hace algunos días un artículo que muestra las profundas desigualdades entre los grandes empresarios mexicanos que acaparan el mercado y las ganancias y los micro y pequeños negocios que se enfrentan a panoramas adversos que les cierran una y otra vez, la posibilidad de competir en las grandes ligas.

A esas desigualdades, evidentes para cualquier empresario ajeno a la verdadera oligarquía, hay que agregar las de una economía invadida por el narcotráfico.

Hoteles, casas de cambio, restaurantes, productoras agrícolas, bancos, aerolíneas y cientos de negocios más han sido vinculados judicialmente a actividades ilegales de crimen organizado, sin que ello haya supuesto una disminución en las inversiones del narco.

El escándalo del banco HSBC (que permitió el lavado de dinero de miles de millones de dólares del narcotráfico) terminó prácticamente sin consecuencias en México.

Mientras que en Estados Unidos le supuso multas que, sin embargo, no significaron mella en la actividad comercial del grupo financiero, ni mucho menos la mejora de sus controles antilavado.

El privilegio que significa tener grandes flujos disponibles de efectivo, el control de autoridades y esta suerte de “mejora regulatoria” que funciona para el narco distorsiona el mercado nacional, principalmente en contra de los micro y pequeños emprendedores, a quienes una sola multa del SAT puede suponerles el fin de su negocio.

De nuevo, el Estado mexicano queda en deuda, sin que hasta la fecha haya impulsado algún combate serio, efectivo, que combata a esta narcoeconomía de la que todos participamos.

DESDE LA FRANJA

Juárez volvió al semáforo naranja por la cantidad de contagios y de camas ocupadas por COVID-19; en un solo día, de acuerdo con las cifras oficiales, 17 personas murieron por coronavirus en esta frontera. Mientras crecen los contagios y la pérdida de vidas, Javier Corral se va de gira a Aguascalientes para declararle al mundo que está muy molesto con el gobierno federal y que por enésima vez luchará con todas sus fuerzas para demostrar la dignidad del pueblo de Chihuahua. Es una lástima para la población chihuahuense que la lucha del gobernador no incluya a las personas desaparecidas, a las víctimas de feminicidio y a otras miles de víctimas que arrastra su mandato y por las que no ha salido una sola vez a pronunciarse.

*** Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.