Si se observa, el informe del INEGI de este año (tabla derecha), hace un comparativo entre el periodo que va del 2013 al 2019, en el que ya reporta un aumento en la prevalencia de los niveles de corrupción en la entidad mexiquense del 4.4%, pues pasó del 16.3% al 20.7%.
Sin embargo si tomamos en cuenta el informe del 2017, donde el índice de corrupción se ubicó en 15.9%, y lo comparamos con el de este año, es claro que la corrupción volvió a crecer otros cuatro décimos de punto al cierre del 2019, para alcanzar un crecimiento de 4.8% y un índice del 20.7%.
El informe del INEGI indica también que a nivel nacional 25 de las 32 entidades mostraron un crecimiento en la prevalencia de corrupción: “Siendo Durango, la Ciudad de México y México las entidades que exhibieron las mayores prevalencias de corrupción en el país para 2019.
Destaca que “un ciudadano de estos estados enfrenta el doble de probabilidad de ser víctima de soborno (corrupción) que en Nuevo León, y el triple de probabilidades que en Colima o Zacatecas, entidades con las menores prevalencias a nivel nacional.
Para conocer los comunicados completos del INEGI en materia de corrupción, tanto el de 2018 como el de 2020, puede seguir los siguientes links:
https://docs.google.com/document/d/1kh__jR3KdJM8oyysGaVGRsyeReqVoD-C6yVQocfbNJk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VAmsWlHV9SyYB1tzUdd4mEFZjKUovKhhzhPaWMQ01Uc/edit?usp=sharing
Es de destacar que los periodos de ambos informes, corresponden al mismo lapso en el que se puso en marcha el sistema estatal anticorrupción del Estado de México, sin embargo a la fecha, no se tiene conocimiento de que hayan dado algún resultado positivo para abatir este fenómeno que ha estigmatizado los gobiernos priístas de la entidad.
El reporte del INEGI al respecto concluye de manera similar al de 2017: “Cabe mencionar que hubo varias entidades, que pese a tener un plan anticorrupción estatal operando por varios años, no muestran evidencia de que el soborno disminuya. Por el contrario, ha aumentado en los últimos años. A pesar del incremento generalizado en los niveles de soborno, hubo siete entidades que entre 2013 y 2019 presentaron una disminución en el porcentaje de víctimas de este delito, siendo San Luis Potosí, Chihuahua, Tabasco y Zacatecas, los estados donde más se redujo la prevalencia de soborno. En contraste, las entidades de Durango, Morelos, Guerrero, Aguascalientes y Sonora tuvieron en 2019 más del doble de víctimas de soborno que seis años antes”.
El INEGI también refiere varios de los efectos que tiene la corrupción entre la población, uno de los cuales tiene que ver con que provoca desconfianza entre la población y desalienta la denuncia, lo que a su vez contribuye a un aumento en los índices de impunidad y en la “cifra negra” de delitos que no se denuncian.
En este sentido, la cifra negra de delitos que no se denuncian por los mexiquenses se ubica incluso muy por arriba de la media nacional en este indicador, la cual es de 81%, mientras que la del Estado de México es del 84.8%. Las razones por las cuales la gente no denuncia los sobornos o extorsiones, se debe a que lo consideran en general una “pérdida de tiempo” y también por la “desconfianza” entre las autoridades.
Finalmente, ambos informes del INEGI, tanto el del 2017 como el de 2020 sobre índices de corrupción, concluyen que a pesar de que las entidades ya cuentan con sistemas anticorrupción, estos no han dado resultados efectivos.
En el caso del Estado de México, no existe evidencia de avances significativos debido a que el sistema estatal anticorrupción está limitado jurídicamente, a la vez que sus integrantes tienen antecedentes que los ligan directamente con el PRI o con gobiernos priístas o panistas, lo que de entrada ya resulta cuestionable, sin contar con la alta carga presupuestaria que representa ese aparato burocrático.
Ma. Teresa Montaño