9 de febrero de 2021


Por décadas, los gobiernos mexicanos se han valido del concepto de soberanía nacional para defender la autonomía de sus decisiones en materia de política interior y justificar posturas –o la falta de ellas– en el escenario internacional.

Heredado de los regímenes priistas, el argumento de la soberanía nacional viene y va como mejor convenga, aunque ello sea a conveniencia de quien gobierna y no de sus gobernados.

La soberanía nacional ha estado ausente para defender el abuso de las inversiones extranjeras (como las prácticas anticomerciales y posiblemente ilegales de las mineras canadienses) o, más recientemente, para negarse a un acuerdo que, impulsado por Donald Trump, obligó a las personas migrantes a quedarse en México en espera de que se solucione su petición de asilo en Estados Unidos, así sea en condiciones que no atienden las necesidades más básicas de esa población, generalmente desplazada de sus lugares de origen por la violencia y la pobreza.

Durante la era Trump, desde México tampoco se escuchó de la defensa de la soberanía nacional para reclamar el discurso que, una y otra vez, aseguraba que de este lado del río se pagaría por el muro fronterizo; en cambio, sí se usó a la Guardia Nacional para detener la migración centroamericana en la frontera con Estados Unidos.

Cuando finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a Joe Biden como el próximo mandatario de Estados Unidos, lo hizo en una misiva en la que se pronunciaba por seguir “aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

De nuevo el cuento de la soberanía pero ahora en un escenario especialmente complicado para México, que además de inseguridad y violencia, atraviesa las consecuencias de una pandemia: complejo escenario económico y la necesidad de acceder pronto a tantas vacunas como sea posible.

En el análisis de la relación entre ambos países se atraviesa necesariamente el asunto de Salvador Cienfuegos y cómo la detención del militar en Estados Unidos y su posterior acusación por narcotráfico, puso de cabeza al gobierno mexicano, que jaló todos los hilos necesarios para traer al general a territorio nacional y luego dejarle libre, sin mancha de investigación en su contra.

Como consecuencia de la detención de Cienfuegos, México respondió con una reforma que limita la actuación de los agentes extranjeros y que les obliga a realizar labores de inteligencia siempre que el gobierno mexicano lo autorice, una medida apreciada como una represalia hacia Estados Unidos.

La reacción mexicana da el tiro de gracia a una cooperación que, si bien no era ideal, sí dotaba de certeza sobre la aplicación de la justicia. Decenas de capos y exfuncionarios relacionados con el narcotráfico enfrentan en Estados Unidos una justicia que aquí nunca llegó.

El cambio en la relación México-Estados Unidos se da además cuando desde el legislativo estadounidense hay un análisis sobre el pobre impacto que han tenido los miles de millones de dólares de la Iniciativa Mérida y la necesidad de resignificar la estrategia de combate al narcotráfico.

En México, donde a pesar de la creación de Guardia Nacional, del aumento de poder del Ejército y la Marina, la violencia sigue creciendo (con masacres a migrantes, ataques en lugares públicos a plena luz del día y asesinatos de empresarios y políticos), se requiere de una política exterior que pueda aprovechar la cooperación, que abra mejores canales de comunicación e intercambio de información y que combata la impunidad, aun a costa de someter a los criminales a la justicia en otro país.

Ahora que la política exterior mexicana parece un batiburrillo que pone en riesgo la relación con Estados Unidos, para buenas y malas, nuestro principal socio comercial estratégico, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó a sustituir a la embajadora Martha Bárcenay con Esteban Moctezuma, un político ajeno a la diplomacia y sin mayores credenciales en los círculos estadounidenses.

Ello parece indicar que estamos lejos de recomponer la relación con Estados Unidos, con las pésimas consecuencias que en materia de seguridad ello pueda tener.

DESDE LA FRANJA

El fin de semana pasado hubo más de 15 asesinatos en Ciudad Juárez, de acuerdo con los reportes de medios locales. No es noticia que la inseguridad es un problema sin resolver por ninguno de los tres niveles de gobierno, lo que sí es nuevo es que en su último informe de gobierno, Javier Corral se atrevió a presumir una disminución en delitos como robos (vehículos, locales comerciales, casa habitación y bancos), secuestro y extorsión.

Sobre la ola de violencia que, de nueva cuenta, hay en Juárez, el gobernador hizo mutis. Ahora que están haciendo maletas y buscando dónde acomodarse, los fiscales César Augusto Peniche y Jorge Nava tampoco reconocerán su fracaso en la tarea de brindar seguridad a la población y así, con ese cinismo, aspiraron a buscar el voto popular.

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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.