¿Seguir el mismo camino?

Dada la situación geopolítica de México en el mundo, la inmensa mayoría de los temas de la política exterior de nación latinoamericana se ubican directa o indirectamente ligados con su principal relación bilateral desde que inició su movimiento independentista en 1810: Estados Unidos.

Hasta la administración de José López Portillo, los gobiernos de la república habían buscado sostener un fino balance en su relación con el poderoso vecino del norte, centrado en establecer una relación “constructiva” y con los mayores márgenes de autonomía soberana que les permitieran mantener la integridad territorial y definir sus políticas públicas internas.

Esa época funcionó así: En la década de los 30 del siglo pasado, luego de que en México se estableciera un sistema político relativamente estable, y con la promesa de que el gobierno de Estados Unidos no intervendría una vez más militarmente en nuestra nación (en 1933, en su primera toma de protesta como Presidente, Franklin Delano Roosevelt promovió la puesta en marcha de la “Política del Buen Vecino” que consistía en el abandono definitivo del uso de la intervención militar directa y unilateral en los asuntos de otros Estados como instrumento de la política exterior estadounidense), se establecieron las bases para la cooperación “armónica y amistosa” entre ambos países, hecho histórico que se definió como la era de la “Relación Especial”.

Esta “Relación Especial” se asentó en dos pilares fundamentales que hasta hoy son constantes y prioritarios:

Para México, contener la hegemonía de los Estados Unidos para maximizar su soberanía y gobernar al país sin intervenciones ni cuestionamientos externos;

Para Estados Unidos, el mantenimiento de la estabilidad mexicana y la seguridad de su frontera sur gracias a la existencia de un Estado que garantice la permanencia económica, política y social con buenas dosis de seguridad política y delincuencial.

A lo largo de 55 años, con altas y bajas en la efectividad de esta relación que permitió al gobierno de Washington presionar al Estado mexicano en ciertos momentos de crisis (la expropiación petrolera de Cárdenas, la crisis de los misiles cubanos y el “comunismo” guatemalteco en el gobierno “izquierdista” de Adolfo López Mateos, la represión del movimiento estudiantil de Gustavo Díaz Ordaz, el “tercermundismo” de Luis Echeverría Álvarez, y la crisis económica de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado), esta relación se mantuvo estable, sin mayores complicaciones para ambas naciones.

Fueron los resultados electorales de 1988 en México los que trastocaron sustancialmente las normas del pacto “Especial”.

Para diversos y no pocos funcionarios de la administración del actor Ronald Reagan, Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la elección, pero las señales de cambios profundos en la política económica mexicana que durante la campaña anunció el candidato priista Carlos Salinas de Gortari, 1005 favorables a los intereses del gobierno y las compañías transnacionales, financieras y bancarias estadounidenses, finalmente pesaron para que la administración Reagan, y luego la de George Herbert Walker Bush, aprobaran la controversial elección e incluso el Departamento de Estado la calificó como “un paso muy importante para conformar un sistema político más plural” en México.

Y de ahí en adelante. Salinas y Bush, en su primera entrevista el 22 de noviembre de 1988, en Texas, hablaron del “Espíritu de Houston”, el cual hacía referencia “a la buena voluntad” en la relación de ambos países, así como la idea de que México tuviera como prioridad enfocar su política exterior casi exclusivamente hacia los Estados Unidos.

Luego, en su toma de protesta el 1 de diciembre de ese año, Salinas planteó la necesidad de una nueva relación de México con Estados Unidos al anunciar que su gobierno buscaría “nuevos equilibrios” con el vecino, “ámbito de oportunidades y delicadas diferencias” y que los retos que se generaran de estos cambios de estrategia serían “resueltos con el más decidido esfuerzo de acción concertada y colaboración respetuosa”.

Lo que Salinas anunciaba era la incorporación total de México al mundo neoliberal a través de la emancipación comercial y la inserción en el mundo financiero internacional, que no era más que apuntalar lo que la “Relación Especial” ya había zanjado: que más de las dos terceras partes del comercio mexicano (tanto importaciones como exportaciones) y de los movimientos de capital (tanto de entrada como de salida) tenían en ese momento como contraparte a los Estados Unidos.

La pieza final de esta política del Estado mexicano fue la firma del primer Tratado de Libre Comercio entre las tres naciones de Norteamérica, el cual significó para México el compromiso de no entablar negociaciones comerciales con otras naciones –económica y financiera emergentes– en el planeta.

Igualmente, el llamado TLCAN sirvió para imponer la reforma salinista en materia económica y significó el inicio de una nueva etapa de cooperación, tanto cualitativa como cuantitativamente, entre México y Estados Unidos.

Connotados historiadores mexicanos como Lorenzo Meyer y Josefina Vázquez afirman que a partir de entonces se pasó de ser “vecinos distantes a socios económicos, multiplicándose no sólo el intercambio comercial y financiero, sino también aumentando exponencialmente la densidad institucional entre los dos países”.

Es decir, México siempre había favorecido la creación de normas e instituciones entre ambas naciones para acotar los espacios de acción de Estados Unidos en momentos de normalidad de la relación, pero con el tratado comercial Estados Unidos optó por una mayor institucionalidad (y dureza) en su relación con nuestro país y sus gobiernos.

Por otra parte, el “terrorismo talibán” del 11 de septiembre del 2001, y antes el crecimiento de la violencia y el trasiego de drogas de los grupos delictivos mexicanos en los 80 y 90 –que tuvo su punto de quiebre con el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena–, replanteó la relación en materia de seguridad y este conflicto se resolvió con la puesta en marcha de la “Iniciativa Mérida” que Felipe Calderón y George Bush firmaron en 2008 – y trascendió a los gobiernos de Enrique Peña Neto y Barak Obama–, para contrarrestar la violencia ocasionada por los cárteles de las drogas y las actividades comerciales y financieras de la delincuencia organizada que incluyen tráfico de armas, lavado de dinero y mayor demanda y consumo de narcóticos.

Ambas políticas –el tratado comercial y el pacto de seguridad– representan el compromiso total de cinco gobiernos mexicanos con los intereses y las propuestas de Washington en el desarrollo económico, político, social, financiero y hasta cultural de nuestra nación. Para decirlo en palabras coloquiales, Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña nos casaron con los lineamientos que desde Washington se dictaron para el pueblo mexicano.

Desafortunadamente, para esos gobiernos y los ciudadanos mexicanos los resultados de estas políticas de Estado no cancelaron la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad o la inseguridad; al contrario, las aumentaron y sólo generaron enormes beneficios para una élite de poder que hoy nos avergüenza como nación.

Y si pedimos a especialistas su opinión del resultado de esas estrategias, aquí algunas de ellas.

El pasado 14 de septiembre, en el portal Contralínea, Eduardo Alfonso Rosales Herrera. Investigador y catedrático adscrito a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reflexionó: “La independencia política es una ficción cuando no hay independencia económica”.

Y explicó: “La economía estadunidense es 20 veces mayor que la de México. Por ello, ambos países mantienen una relación asimétrica que ha sido aprovechada por la hasta ahora potencia hegemónica mundial. En números cerrados, actualmente el 80 por ciento de las exportaciones de México va a Estados Unidos. La situación es similar a la de la época del porfiriato. Esto te establece un marco de subordinación”.

Otro especialista, el doctor en economía mundial y geopolítica José Luis Calva Téllez, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la UNAM, expresó que la subordinación de México a Estados Unidos no es ineludible o imposible de sacudirse, ya que se trata de un asunto de decisión política que, por falta de conocimiento o de voluntad, no se desarrolla.

“El modelo económico neoliberal que abrazó México a principios de la década de 1980 no sólo ha empobrecido al país: ha profundizado la dependencia de los mexicanos hacia los estadunidenses”, subrayó en entrevista del 21 de diciembre del año pasado.

Y el periodista jalisciense Rubén Martín, director del programa “Cosa Pública 2.0” de Radio Universidad de Guadalajara y especialista en temas de desaparición forzada, afirmó que la clase gobernante mexicana “apostó todo por la integración económica, política y de seguridad con Estados Unidos, dando la espalda a las relaciones con el resto del mundo, especialmente con América Latina. Ahora queda claro que más que integración se trató de una supeditación y dependencia absoluta de nuestro país a los intereses de predominio capitalista y geopolítica de Estados Unidos”

Cabe entonces preguntar: ¿Es benéfico para nuestro país mantener ese modelo de “cooperación” y desarrollo que únicamente benefició al socio más poderoso? ¿Debemos apostar a Estados Unidos cuando el mundo económico y financiero está dando la bienvenida al nacimiento y consolidación de nuevas potencias en Europa y Asía, además de que Rusia renueva sus laureles en el entorno de liderazgos internacionales? ¿Realmente es un error no buscar otras alternativas de desarrollo que concluyen finalmente con la verdadera vía mexicana hacia la felicidad y el progreso realmente autónomo?

Al menos intentémoslo.

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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.