4 de febrero de 2021
En el caso del General Cienfuegos y su defensa por parte del presidente de la República, el mensaje es claro: su extradición no fue un proceso en búsqueda de la justicia, sino el rescate de un presunto criminal que goza de poder político en medio de historial de corrupción, favores y protección.
Y no hay otra forma de decirlo, fue el rescate de un hombre acusado de asesino.
Habrá que decir que las autoridades estadounidenses empezaron un trabajo que México no quiso o no pudo, pero este no fue ningún favor. Es claro que la problemática del narcotráfico no es una cuestión del ‘vecino malo y el bueno’, sino que es todo un fenómeno complejo y multifactorial en el que se ven inmiscuidas ambas naciones y, por lo tanto, las acciones deben venir de ambos responsables.
Cienfuegos es el militar de mayor rango que jamás se hubiese arrestado bajo la acusación de narcotráfico, y en esa acción México no estuvo involucrado; más, los oficiales de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) fueron tan recelosos y herméticos con relación a las investigaciones, que el gobierno mexicano solo se enteró de las mismas cuando Cienfuegos fue detenido al llegar a Los Ángeles, el pasado 16 de octubre del 2020.
No sé qué reacción esperaba Estados Unidos, tal vez alguna de agradecimiento, con lo que sí no contaban era que funcionarios mexicanos amenazaran con expulsar a agentes estadounidenses de la DEA por el arresto sorpresivo.
Diplomáticamente la situación se tomó como una afrenta, y Estados Unidos decidió ceder, retirar los cargos, y permitir que el general regresara a México con la idea de que acá fuera enjuiciado, y nos enviaron las investigaciones en dónde constaban los delitos de los que lo estaban acusando.
Es decir, hasta nos compartieron ‘los apuntes’ para aprobar un examen de confianza, implícito y de mala gana.
El 18 de noviembre, a pedido del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una jueza federal en Brooklyn desechó formalmente los cargos contra Cienfuegos.
La noticia del retiro de cargos fue recibida como un triunfo del gobierno de México, y Andrés Manuel López Obrador hasta agradeció a Estados Unidos que lo hubiera escuchado. El discurso fue que de esta forma los principales agraviados, es decir, los mexicanos, harían justicia.
Pero después de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió el 14 de enero no ejercer acción penal en contra de Cienfuegos. Es decir, desechó las acusaciones y, además, el gobierno hizo público el expediente que le entregó la DEA, en un hecho sin precedentes en la cooperación bilateral.
Así, México descalifica el trabajo de los estadounidenses y los exhibe, dándole prioridad y validez a sus propios intereses internos y políticos, validando de ese modo una cadena de corruptela que, aunque es evidente, parece que nadie puede, ni quiere detener –ni el presidente –; esto asesta indudablemente un golpe muy dañino a la, ya muy inestable, relación de ambos países.
La administración actual se ha mantenido cooperativa con Estados Unidos, y hasta cierto punto las relaciones han sido pacíficas. Aunque había señales de llegar a más. Sobre todo, tras la imagen de Andrés Manuel López Obrador junto con el ahora expresidente Donald Trump, en una declaración conjunta en La Casa Blanca, en julio del año pasado, cuando se auguraba la posibilidad de una mejor cooperación y comunicación entre ambos países, en el sentido económico y en cualquier otro.
Ahora el escenario es distinto dado que los documentos que le fueron entregados al presidente en las manos, en calidad de confidencial y para fines de investigación, éste los hizo públicos en un acto, aparente, de confianza con el pueblo de México, aunque violentó el trato de cooperación con la DEA.
Peor aún, decidió acusar a esa agencia de fabricar un caso en contra de Cienfuegos. Si tan ineficiente es la DEA ¿Por qué no mandamos traer a García Luna?
Y si bien no considero que la detención de capos o corruptos sea la parte más efectiva del plan de acción en contra del problema del narcotráfico, creo que en el caso del general Cienfuegos no se le debe olvidar que sobre él pesa una acusación grave que lo vincula con la desaparición y el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
Se le señala como responsable de proteger y consentir el uso de exceso de fuerza por parte de elementos castrenses, y cuyo aparato, la Secretaría del Defensa Nacional, se encontraba bajos sus órdenes. Si hay rencor del pueblo mexicano, habría que decirlo.
La exoneración de Cienfuegos fue adelantada por periodista Anabel Hernández, quien ha centrado su trabajo en la corrupción en México, identificó la acción como un cheque en blanco de impunidad al Ejército.
Me temo, sin embargo, que el mensaje es aún más desolador: no hay, ni habrá justicia.
Quienes votaron por la alternancia en el Gobierno de México lo hicieron a sabiendas de que no era la solución eficaz e inmediata a los problemas del país, aunque sí con la esperanza de que por lo menos ésta fuera una ventana a un lugar más justo; pero con acontecimientos tan mayúsculos como la exoneración del comandante, esta ventana se nos cierra de golpe y nos aplasta los dedos.
Tal vez, un sector pueda sentirse protegido y validado en la situación de poder frente al gobierno mexicano, y citar a Pancho Villa como el otro mexicano que le ganó a los gringos; pero a largo plazo y en materia de seguridad, las relaciones bilaterales son importantes, y están peligrando.
Esta semana misma, Andrés Manuel y Biden, el actual presidente de Estados Unidos, tuvieron su primera reunión de trabajo, habrá que esperar para ver si este roce generado por el caso del general puede sortearse y la cooperación restablecerse, por el bien de la comunidad mexicana.
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Karen Cano. Escritora, feminista y periodista de Ciudad Juárez, sobreviviente de la guerra contra el narco, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, reportera desde el 2009; ha trabajado para distintos medios de comunicación y su trabajo literario ha sido publicado en Ecuador, en Perú y en distintas partes de México.