20 de junio de 2021

El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) solicitó la intervención “inmediata y urgente” de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer la Ley de Amnistía en México, de manera particular en la región que gobierna Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, ante criterios de jueces locales que la podrían convertir en "letra muerta".

“Se han detectado obstáculos burocráticos innecesarios que impiden que las personas con escasos recursos opten por solicitar amnistía al no ser un proceso asequible”, afirmó el colectivo que defiende las garantías individuales de las personas en México.

A través de una misiva, entregada por el “Zeferino Ladrillero” a la máxima tribuna internacional, se expone que “la aplicación de la Ley está en peligro de convertirse en letra muerta puesto que hemos visto criterios judiciales aplicando de manera, no sólo incorrecta este instrumento jurídico, sino poco garante y distante de su espíritu legislativo”.

En este sentido, el abogado José Antonio Lara Duque afirmó que el objetivo de la Ley de Amnistía —impulsada por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador— es “construir la justicia social y hacer valer los derechos de todas las personas, de manera particular las más vulnerables.

“A pesar de que existen pronunciamientos por parte del organismo público defensor de derechos humanos local, donde se reconoce que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos y al debido proceso, los impartidores de justicia del Poder Judicial mexiquense criminalizan a las personas injustamente presas, a pesar de ser inocentes”, explicó.

De esta forma, el cofundador del CDHZL dijo que, jueces y magistrados mexiquenses se niegan a robustecer el Poder Judicial acorde a los derechos humanos, tal y como lo perfila la reciente reforma al Poder Judicial que impulsa el ministro-presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Hay impartidores de justicia en México que carecen de los elementos básicos para interpretar, por ejemplo, que una persona indígena tiene una serie de garantías jurídicas por el hecho de pertenecer a un grupo vulnerable en el país; en el mismo caso están: menores de edad, personas discapacitadas, adultos mayores, mujeres, entre otros grupos más”, dijo.

Lara Duque resaltó que, Poder Judicial mexiquense, a cargo de Ricardo Sodi Cuellar, esta en franco desacato a la Ley de Amnistía, al impedir que personas injustamente presas obtengan la libertad, a pesar, de que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad reconociera violaciones serias al debido proceso en decenas de casos penales.

Por estos motivos, agregó el abogado Lara Duque, “es urgente la intervención de la ONU, y la de su alta comisión en la materia, para hacer un llamado al Estado mexicano y hacer valer los alcances de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos del que México está suscrito”.

“La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tiene que intervenir de manera inmediata y urgente para evitar seguir atropellando los derechos humanos de miles de personas privadas de su libertad de manera injusta, casos que ya han sido analizados y vinculados a través de la Comisión mexiquense”, explicó.

DATOS A CONSIDERAR

La Ley de Amnistía del Estado de México, fue aprobada y promulgada por la 60 Legislatura Local, como respuesta a una sentida demanda social de miles de familias destruidas por el fenómeno que se conoce en México como "fabricación de culpables", que en el caso de la entidad mexiquense, ha alcanzado niveles industriales en los últimos 10 años, como han denunciado tanto la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, como la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDH), entre otras organizaciones.

La ley sin embargo, dejada en manos de diputados de Morena, regreso a los jueces la eventual calificación de sus propios errores en la fabricación de culpables, por lo que ellos mismos al final deben determinar si hicieron mal su trabajo, lo que resulta no solo paradójico sino una contradicción respecto de los propios objetivos que crearon la ley.

Por otro lado quien está al frente del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi, fue recientemente impuesto en el Poder Judicial aún sin tener trayectoria en este poder, sino que era un académico y amigo del gobernador Alfredo del Mazo Maza.

Las organizaciones de activistas han alertado que la retiscencia a a aplicar la amnistía en Edomex, se relaciona con las actividades económicas que giran en torno a los centros penitenciarios mexiquenses, abarrotados de inocentes en su gran mayoría, pues se estima que hasta un 70% de los internos, presentan irregularidades en sus procesos, retrasos, violaciones diversas y cargos fabricados.

Staff Redacción