Ma. Teresa Montaño

Toluca, Méx., a 21 de mayo.- El presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDH), Adrián Ramírez, coincidió que la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de México, aprobada en 2020 para resolver la problemática de los internos recluidos injustamente en cárceles mexiquenses, presenta fallas sustanciales al pretender que jueces la operen y no el Poder Legislativo.

Luego de que la Comisión de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, lanzara este domingo una alerta para pedir la intervención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debido a la intervención de los jueces -que en teoría provocaron parte del problema-, para aplicar este instrumento, la LIMEDH coincidió en esta irregularidad, al advertir la intromisión del Poder Judicial en el otorgamiento de las amnistías, cuando éste solo debiera ser responsable de acciones administrativas en su aplicación, no en su determinación.

“Hay algo que de origen es importante contemplar y es el hecho que la amnistía, es un tema eminentemente del Poder Legislativo, o sea el Legislativo aprueba y se genera una comisión de amnistía porque no es un asunto de carácter judicial eminentemente”, señaló.

Aclaro que en una amnistía como las que se han aplicado en diversas partes del mundo, no son los jueces, sino el Poder Judicial el que las opera.

“El Poder Legislativo es quien emite la ley de amnistía, quienes la aprueban y de alguna manera vigila la implementación, el Poder Judicial solo participa en la parte administrativa de dejar sin efectos órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la administración de la amnistía, no propiamente en la decisión de en qué casos se da o no la amnistía”, destacó el presidente de la LIMEDH.

-¿Pero es la forma en que está operando la amnistía en la entidad no?

Sí, es lo que estamos diciendo nosotros, que no estamos de acuerdo. Porque el Poder Judicial tiene otra función, la única parte ahí que le toca al Poder Judicial es que se les notifique, qué casos han sido amnistiados para que proceda a hacer el registro correspondiente y no la participación de decidir, qué casos sí y qué casos no van a hacer amnistiados.

-¿Pero así lo están haciendo en el Estado de México no?

-Así lo pretenden hacer, puntualizó Adrián Ramírez.

EL DISEÑO DE LA AMNISTÍA

En el caso del Estado de México, la ley determinó filtros para allegar los casos de personas potencialmente amnistiables, mediante organizaciones no gubernamentales defensoras de Derechos Humanos y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), a quienes se dirige la solicitud.

Posteriormente estas solicitudes son remitidas a jueces quienes revisan los casos y los determinan, pero basados en las mismas documentales, pruebas de cargo, acusaciones y carpetas de investigación que llevaron a prisión a las personas que buscan la amnistía, además de que ésta, en el caso de Edomex, solo opera para cargos menores y primo delincuentes, y no para cargos graves, que de acuerdo a las propias organizaciones, concentran la fabricación de culpables.

Una vez que los jueces determinan la amnistía -es decir juzgan su propio trabajo-, los asuntos solo son palomeados por una comisión legislativa, que quedo al frente del diputado Gerardo Ulloa Pérez, (legislador por primera vez en tiempos de Arturo Montiel entre 2000 y 2003) y quien mediante un comunicado fechao el 29 de marzo pasado, informó que “el Poder Judicial concedió la primera amnistía” en esa fecha, y no los diputados.

Hasta finales de abril pasado el Poder Judicial había concedido solo 50 amnistías de un total de 712 peticiones, de las cuales solo dio entrada a 304 y finalmente apenas concedió el medio centenar.

Este domingo el abogado Antonio Lara Duque, aseguró que la amnistía en Edomex está a punto de quedar en “letra muerta”, ante los obstáculos que ponen los jueces que revisan los casos, luego de que se los turnan las ONGs y la CODHEM.

En este sentido los acuso de impedir que personas inocentes y acusadas injustamente alcancen la libertad.

Actualmente la población penitenciaria en el Estado de México, de acuerdo con datos de la Comisión de Derechos Humanos (CODHEM), ronda las 30 mil personas, distribuidas en 21 centros carcelarios.

Organizaciones no gubernamentales como la propia LIMEDH, a través de su presidente, Adrián Ramírez, ha advertido que la fabricación de culpables a través de diversos mecanismos, como la tortura, imputaciones falsas, testigos falsos y venta de inocencia -con la suplantación de personas-, además de la grave corrupción que impera en la red de Ministerios Públicos y jueces, continúan siendo fenómenos comunes en el Estado de México desde tiempos de Arturo Montiel Rojas.

Las organizaciones tanto LIMEDH como Zeferino Ladrillero, han estimado que más de la mitad de las prisiones del Estado de México, están saturadas de personas inocentes, mismas que podrían representar más del 50%.