19 de julio de 2021

Las encuestas más recientes en materia de discriminación en México, arrojaron que en el último año el 20.18% de la población mayor de 18 años sufrió discriminación, también el 40.3% de los indígenas, mientras que el 18.3% de las mujeres recibió menos sueldo que sus compañeros de trabajo el mismo empleo; cambiar esto, requiere transformarnos socialmente, desde las familias y la educación.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron expertas e integrantes de las comunidades o sectores históricamente excluidos y discriminados, al participar en un diálogo sobre sus derechos políticos.

Algunos de estos grupos tradicionalmente relegados en México son las personas con discapacidad, las afromexicanas y las pertenecientes a la comunidad LGTTTIQ+, o de la diversidad sexual.

Durante el evento que se transmitió a través de YouTube y Facebook del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y moderado por Karina Ivonne Vaquera Montoya, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se destacó la necesidad de buscar mecanismos que garanticen una auténtica participación política de estos grupos y realizar todos los cambios jurídicos y legales que actualmente los impiden o limitan.

En este sentido los consejeros Patricia Lozano Sanabria y Francisco Bello Corona, integrantes de la comisión, refirieron que toda institución democrática busca identificar los retos y oportunidades que permitan reforzar el respeto a la diversidad, por lo que no descartaron empujar cambios para que en próximos procesos electorales y en todo momento personas pertenecientes a estos grupos, se integren activamente a todas las etapas de un proceso, sean elegibles, votados y tengan acceso al poder público.

Durante el diálogo la experta en diversidad y académica, Belén Benhumea Bahena, de la UAEMex, consideró que actualmente uno de los factores que está influyendo para que los esquemas tradicionales de exclusión persistan, es esta idea “binaria” sobre la cual se ha construido el conocimiento, a partir de solo reconocer dos formas de estar en el mundo -hombre o mujer-, lo que a su vez limita una visión más abierta y de inclusión a la diversidad, ya que dicho conocimiento se transmite en los mismos términos y en todos los campos, lo que refuerza más las resistencias al cambio y a la aceptación de otras formas y modos de ser, estar y pensar.

Por su parte Amayrán Ramírez, de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), resaltó que las últimas encuestas en la materia-citadas arriba-, reflejan importantes grados de exclusión que hemos construido socialmente en México y que se requiere desmontarlos.

Destacó también el hecho de que la “discriminación” tiene efectos e impactos acumulativos en las víctimas, y afecta de forma diferenciada a los grupos, además de que en sus tipos de manifestaciones más extremas, estas formas de rechazo pueden decantar en violencia.

Señaló que por eso es importante visibilizar estar formas de exclusión social que a su vez obstaculizan el acceso a la participación política plena de personas pertenecientes a estos grupos históricamente discriminados en México.

Por otra parte destacó que algunos de los aspectos por los cual se discrimina en México también tiene su componente cultural, como la identidad, la sexualidad, la condición económica, etaria, migratoria, el nivel educativo, la salud, la identidad de género, por religión y por discapacidad.

La representante de CONAPRED agregó que por ello uno de los primeros obstáculos para acceder al poder en México es la desigualdad; en tanto que Edith Porcayo González, del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, destacó que mientras el derecho internacional reconoce ampliamente el derecho de las personas discapacitadas para acceder al poder y recomienda a los países adoptar mecanismos de inclusión, jurídicamente existen figuras que limitan su acceso al poder, como las “excepciones” y el no reconocimiento jurídico de estas personas.

Dijo que por ello deben crear “ajustes razonables” que garanticen que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos. “No son las personas con discapacidad las que deben adaptarse a una sociedad ya formada, sino las sociedades deben generar mecanismos de inclusión, crear modelos y nuevas ideas”, señaló la experta.


Tere Montaño