Un año y medio después de haber sido creado, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) podrá comenzar a funcionar al contar ya con su grupo coordinador. El reto de este órgano multidisciplinario, con autonomía técnico-científica y único en el mundo, es regresar el nombre a los miles de cuerpos sin identificar que hay en México, un país donde más de 90 mil personas están desaparecidas y a quienes sus familiares no dejan de buscar.

Los expertos y expertas seleccionadas para enfrentar el colapso forense y devolver decenas de miles de cuerpos a sus familias son: Sharon Bisell, especialista en cooperación técnica internacional; Ximena Antillón Najlis, a quien se designó como experta en enfoque psicosocial y vinculación con familias; Edgar Cortez Morales, quien será el experto en materia legal y jurídica; y Yadira Reyna Hernández, Alan Gabriel Robinson Cancedo, Jairo Hernando Vivas Díaz y Magner Rincón Soto, quienes coordinarán el área forense.

Aunque el mecanismo se creó desde el 4 de diciembre de 2019, la falta del grupo coordinador retrasó el comienzo de sus labores.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, representantes del Gobierno federal, familiares de personas desaparecidas y organismos internacionales presentaron al grupo coordinador que liderará el MEIF.

"No basta que sigamos con las labores de búsquedas y exhumación de cuerpos si no garantizamos el derecho a la identidad de las personas que lamentablemente perdieron la vida y fueron desaparecidas, y garanticemos el derecho a las familias a que sus familiares regresen dignamente con ellos", afirmó Encinas.

Graciela Pérez Rodríguez, madre de Milynali Piña Pérez, dijo que la presentación del grupo coordinador del MEIF es el inicio de un largo camino: “Es uno entre muchos mecanismos de garantía que requerimos para hacer realidad la verdad, la justicia y la reparación”.

Además, recordó que, “como la ley de víctimas, el MEIF surgió gracias a la lucha y con la participación de las víctimas, las familias y colectivos”. Y advirtió que las familias estarán atentos y vigilantes de su labor para que “no sea sólo una institución con la cual se le diga a la comunidad internacional que México está haciendo algo. Queremos resultados… Será indispensable que el Estado garantice el presupuesto y la coordinación interinstitucional necesaria”.

El grupo coordinador será el encargado de elaborar los lineamientos del MEIF y su plan de trabajo, vincularse con familiares de personas desaparecidas, sus representantes y autoridades para el desarrollo, difusión y cumplimiento de sus tareas, así como evaluar sus acciones e identificar retos, entre otras actividades.

También propondrá a la Secretaría de Gobernación, a una persona servidora pública que fungirá como Secretaría Ejecutiva del MEIF, y deberá crear, al menos, una unidad operativa y de gestión.

“No puede volver a suceder lo que durante tantos años ha pasado en los Semefos (Servicios Médicos Forenses), no se puede volver a repetir los tráilers de la muerte en Jalisco, no se puede continuar con cuerpos en los pisos en los Semefos. La dignidad humana no termina con la vida. Es por eso que ese mecanismo es tan importante”, afirmó Grace Fernández, quien forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México y busca a su hermano Dan Jereemel.

En México, las instituciones forenses han visto rebasadas sus capacidades una y otra vez. En septiembre de 2018, por ejemplo, en Jalisco cientos de cuerpos sin identidad fueron depositados en tráileres. En Jojutla, Morelos, el gobierno estatal cavó fosas de manera ilegal y enterró cuerpos sin las placas que permitieran identificarlos posteriormente. Durante las exhumaciones en fosas comunes en Coahuila, este año quedó evidenciado que algunos cuerpos no estaban en el sitio donde supuestamente fueron enterrados o había más cuerpos de los que indicaba el registro de las autoridades.

La comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, mencionó que se realizaron alrededor de 40 reuniones para definir cómo funcionará el grupo coordinador del mecanismo, para el cual aplicaron más de 200 personas, de las que se seleccionaron las y los siete especialistas.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH) y el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA) reiteraron su apoyo técnico al MEIF.

“Para facilitar la realización de su tan importante y necesario trabajo, estarán acompañados de manera permanente tanto por el Fondo de Población como por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dijo Leonor Calderón Artieda, representante del UNFPA en México.

Por su parte, Yadira Reyna, del grupo coordinador, dio un mensaje en representación de sus compañeras y compañeros, en el que resaltó que para cumplir con su decreto de creación, el MEIF desarrollará un trabajo multidisciplinario que incluye disciplinas forenses de cooperación internacional, jurídica y psicosocial.

“Estamos comprometidos y comprometidas —subrayó— a realizar nuestro trabajo con independencia, con enfoque científico, de derechos humanos y con perspectiva de género, pues entendemos que la identificación forense forma parte crucial de la búsqueda de personas desaparecidas y es parte del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familias”.

Una creación a tropezones y con retos por delante

Desde 2016, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 90 colectivos de buscadores, presionó al gobierno mexicano para que se incluyera en la ley general en materia de desapariciones la creación de un mecanismo de esta naturaleza, pero la propuesta quedó fuera de la versión final.

“En aquel entonces no hubo las condiciones políticas; es decir, hubo una negativa por parte del gobierno federal —entonces presidido por Enrique Peña Nieto— para que la ley abordara esos temas. Y lo que quedó fueron cosas muy generales como la obligación de generar un plan nacional de exhumaciones”, explicó en entrevista Humberto Guerrero, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización de la sociedad civil que asesora al Movimiento.

En 2019, continuó, iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y cuando el subsecretario Encinas, reconoció que México es una “gran fosa clandestina”, los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que los acompañaban propusieron un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para crear un mecanismo extraordinario para dar asistencia técnica al Estado mexicano, similar al creado en 2014 para buscar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Las autoridades federales hicieron una contrapropuesta: crear la Ley General del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense pero, poco tiempo después, desecharon su propia iniciativa, a pesar de que el Movimiento por Nuestros Desaparecidos incluso avanzó en la elaboración de proyecto de ley. Finalmente, sólo se llegó al consenso de crear el MEIF a través de un acuerdo.

“El origen del MEIF lo coloca en una posición endeble frente a fiscalías, éstas últimas tienen mucho margen para poner obstáculos y siendo un acuerdo del Sistema, el MEIF tiene pocas herramientas. Dependerá, en gran medida, del capital político que pueda generar para servir como medida de presión”, explicó Guerrero.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, mencionó en entrevista que el MEIF nació debilitado: “No tiene una base de normatividad sólida o fuerte que pueda obligar a las autoridades a tomar medidas; al haber nacido a través de un acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, el nivel jerárquico que tiene como norma es bajo, es un acuerdo administrativo que definitivamente no puede obligar, por sí mismo, a una fiscalía o a otras instituciones”.

Consideró que sería importante que se retome la propuesta de la Ley General del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, de la que existe un proyecto de ley, y que el gobierno desdeñó.

“Una ley general aplica para todas las autoridades, está por debajo de la constitución, o sea, obliga a todas las autoridades y no hay quien pueda excusarse de no querer participar por una cuestión de autonomía o por ningún otro tema”, explicó la abogada que representa víctimas de masacres de migrantes.

Si bien existen dudas sobre las limitaciones que puede tener el MEIF, originándose de un acuerdo, las organizaciones que acompañan al Movimiento decidieron apostarle a este último modelo que el gobierno propuso, apelando a que las autoridades van a cumplir con sus obligaciones y con la salvedad de que, de lo contrario, estarán denunciando la simulación.

Este mecanismo tiene la encomienda de realizar peritajes a cuerpos y restos óseos que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) hasta diciembre de 2019. De acuerdo con una investigación de A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab, en ese periodo las morgues mexicanas habían recibido más de 38,500 cuerpos sin identidad.

En un reciente informe, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México actualizó el dato hasta agosto de 2020 y señaló que la cifra es de 52 mil cuerpos de identidad desconocida. Los Semefos tendrán la obligación de identificar los cuerpos que hayan llegado posterior a la creación del MEIF, es decir, después de diciembre de 2019.

Primeros pasos: acuerdos con fiscalías y Semefos

El trabajo del MEIF no será sencillo: además de la cantidad de cuerpos pendientes por identificar y el estado en el que se encuentren algunos de ellos, los especialistas tendrán que lograr que las fiscalías estatales colaboren con el mecanismo para realizar los peritajes correspondientes.

Martín Villalobos, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, resaltó que para conseguir parte de su encomienda, el mecanismo deberá lograr acuerdos de cooperación con las fiscalías estatales y los Semefos del país. Esta división y falta de coordinación provoca que estas instituciones no compartan bases de datos o información sobre reportes de personas desaparecidas, cuerpos no identificados o resultados de análisis genéticos que terminarían con la búsqueda de muchas familias.

“Habrá que presionar a los Estados para que puedan, de alguna manera, tener la voluntad de aceptar la participación de este mecanismo extraordinario de identificación forense”, explicó Villalobos, quien confía que de lograrlo se tendrán avances para atender la crisis forense que se vive en el país.

A pesar de los obstáculos, la puesta en marcha del mecanismo le devuelve la esperanza a familiares que buscan a sus seres queridos.

“Realmente hay mucha esperanza en el mecanismo porque creemos que va a ayudar a que muchas (personas) puedan regresar a casa, pero también sabemos que no va a ser algo que de la noche a la mañana se va a tener”, resaltó Martín Villalobos, familiar de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, joven desaparecida en la Ciudad de México en 2004.

Más allá de la abrumadora cantidad de cuerpos por identificar, entre los retos que enfrentará el MEIF está el poder acceder a ellos.

“Tener esos acuerdos para que se genere toda esa información que va a necesitar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, ese va a ser sin duda el reto enorme que va a tener el mecanismo”, dijo José Ugalde, del colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro.

Basado en la experiencia de los colectivos, Martín Villalobos, integrante del Movimiento, cree que las autoridades actuarán como acostumbran: “van a tratar de ocultar ciertas cosas, porque políticamente no les conviene a los Estados”.

Su preocupación tiene un claro trasfondo: en muchos casos las autoridades estatales han estado involucradas en la “desaparición administrativa” de cadáveres sin nombre, es decir, la pérdida del registro del destino final de los cuerpos, la incineración o destrucción de los mismos, y podrían tener responsabilidades penales por ello.

Además, la falta de información de calidad y el estado en el que se encuentran los cadáveres, algunos con más de una década en el anonimato, también podrían limitar el trabajo de las expertas y expertos que integran el grupo coordinador del MEIF.

“Hay que seguir profesionalizando (a los Semefos), no hay que quitar el dedo del reglón, y hay que insistir mucho porque el MEIF va a sacar rezago, pero los servicios forenses tienen que seguir invirtiendo recursos y tienen que seguir mejorando para los (cuerpos) del diario”, advierte Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México.

Tener el tiempo en contra

Guerrero señaló que el mecanismo mexicano es único en el mundo, si se compara con otros esfuerzos internacionales de identificación masiva de cadáveres: “Para construir el MEIF tuvimos charlas con gente que había trabajado para el tribunal de la ex Yugoslavia y para la comisión de personas desaparecidas de Timor Oriental. También de las experiencias latinoamericanas de Guatemala, Colombia y Perú, principalmente”.

Durante más de un año, familiares de personas desaparecidas organizadas y no organizadas, organizaciones civiles, secretarías de estado, comisiones de búsqueda, representantes de las fiscalías, y organismos de cooperación internacional como la CIDH, ONU-DH, UNFPA, CICR y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), colaboraron en conjunto para el diseño del mecanismo.

En la convocatoria de selección de los especialistas que integrarían el grupo coordinador se especificó que su labor sería de febrero a diciembre de 2021, es decir, ha pasado más de la mitad de ese periodo. Aunque se prevé lograr una extensión del plazo y es posible la recontratación.

Este grupo contará con 40 millones de pesos para realizar sus labores, aseguró la comisionada nacional de búsqueda.

Estas personas son las especialistas que liderarán el MEIF:

Yadira Reyna Hernández. Especialista en identificación forense

“Empecé a interesarme en los temas forenses y a trabajar en temas de desaparición por un llamado que nos hacen, desde Guatemala, para apoyar justamente con temas de búsqueda e identificación de personas, a partir del conflicto armado que tenían ellos tan grave en aquel momento. Un equipo de estudiantes y profesores respondemos a ese llamado. Cuando fuimos en aquellas ocasiones jamás me imaginé que tuviéramos que estar en una situación tan parecida, casi 25 años después, en nuestro país. Lo veía como algo ajeno y totalmente lejano”, mencionó la doctora en Ciencias antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Su participación y colaboración como integrante del MEIF será desde los aspectos relacionados con la antropología y la arqueología, en el entendido de que estás técnicas son “un eslabón de las muchas cadenas que tienen que ver con personas, con instituciones, con organismos y con actores sociales que conduzcan a la verdad, a la justicia y la reparación”.

Hernández ha trabajado como coordinadora del Equipo de Antropología Forense para el Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE), de 2017 a 2018; como perito profesional para la Procuraduría General de la República (PGR) de 2011 a 2012. Y ha sido profesora en la ENAH e investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Alan Gabriel Robinson Cañedo. Especialista en identificación forense

Es antropólogo y arqueólogo forense y criminólogo con experiencia en el apoyo en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en el diseño e implementación de estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en zonas de conflicto y desastres masivos.

Se ha desempeñado como perito, director y líder en varios equipos multidisciplinarios de ciencia forense en países como Guatemala, Kosovo y Afganistán, con organizaciones no gubernamentales, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Jairo Hernando Vivas Díaz. Especialista en identificación forense.

“Para mí, al igual que los compañeros, es un honor poder ser partícipe de mecanismo, y con toda la disposición de poner mi conocimiento al servicio de las familias, que podamos lograr cumplir los objetivos en una forma interdisciplinaria y dar respuestas a todas las familias que hacen búsqueda en el país”, mencionó el médico cirujano con especialidad en medicina forense por la Universidad Nacional de Colombia.

Vivas Díaz comenzó su labor profesional en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, como patólogo forense e identificación humana, donde formó parte del primer proceso de justicia transicional que logró la recuperación de ocho mil cuerpos y la identificación de más del 50% de las víctimas y la entrega digna a sus familiares. Además, ha sido asesor del Comité Internacional de la Cruz Roja, para procesos de identificación.

Magner Armando Rincón Soto. Especialista en identificación forense.

“Hoy me siento honrado de formar parte de este mecanismo, desde el cual contribuiré en las políticas, estrategias, abordaje y lineamientos técnicos de la genética forense, integrándola en la realidad del país, así como las demás ciencias forenses y otras disciplinas, con el fin de que los familiares reciban una respuesta certera en la identificación de sus seres queridos”, comentó el biólogo de profesión y posgraduado en estadística, con 20 años de experiencia en la práctica forense.

Rincón Soto ha trabajado como perito en identificación humana en el contexto del conflicto armado de Colombia para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; perito adjunto de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el proyecto de identificación de las víctimas y desaparecidos durante la dictadura militar de Chile, y asesor científico en el caso de la fosa común de Perus en Brasil, y la presentación de resultados a los familiares de los desaparecidos de la dictadura militar.

En México, apoyó en el seguimiento de la Acreditación de los Laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses, ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para prestar sus servicios en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2016.

Sharon Bissell Sotelo. Especialista en cooperación técnica internacional

“He tenido la oportunidad de conocer muchos diferentes temas de justicia social a lo largo y ancho del país y de ahí mi acercamiento con la tragedia de las desapariciones en México y los cambios tan importantes que hemos vivido en los últimos años”, señaló Bissell Sotelo, estadounidense, con nacionalidad mexicana. En el MEIF, será la responsable de la coordinación con la cooperación internacional así como del acompañamiento financiero y técnico.

Bissell Sotelo es maestra por la Universidad de Tulane y licenciada por el Whitman College. Tiene un diplomado en género, salud reproductiva por El Colegio de México y otro en derechos humanos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Durante 25 años ha trabajado en temas de salud reproductiva, sistema de justicia penal y derechos humanos. De 2011 a 2020 fue directora de la Oficina de México de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, fundación que otorga financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en temas de población, salud reproductiva, migración y derechos humanos.

Ximena Antillón Najlis. Especialista en enfoque psicosocial y vinculación con familias

Antillón Najlis dijo que el grupo coordinador del mecanismo trabajará al lado de las familias que llevan décadas promoviendo la conformación de grupos de expertos para la búsqueda de personas: “ustedes que han impulsado, que han venido construyendo este mecanismo, con base en el derecho de las personas desaparecidas y de sus familiares al trato digno, y con base al derecho a la información y a la participación conjunta”.

La especialista hace acompañamiento psicosocial en graves violaciones a los derechos humanos, violencia política y catástrofes. Ha trabajado en temas como la salud mental comunitaria, la desaparición forzada, violencia de género y feminicidio.

Actualmente, forma parte del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la organización civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Antillón Najlis estudió la licenciatura en psicología y es maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones, ambos títulos obtenidos en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. Cursó la Especialidad en Práctica Psicoanalítica: Posicionamiento Ético ante el dolor en el Colegio de Saberes.

Edgar Cortez Morales. Especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y por particulares en México

“Me sumo a este equipo porque considero que es una vía excepcional para trabajar de manera conjunta en favor de la verdad y la justicia para las víctimas de desaparición y para ustedes, sus familias”, destacó Cortez Morales, quien es licenciado en Derecho y en Filosofía y Ciencias Sociales y cuya labor, como integrante del MEIF, estará enfocada en el aspecto jurídico.

Actualmente, coordina proyectos en el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre los que se encuentran procesos de litigio estratégico relacionado con casos de violaciones graves de derechos humanos, en particular violencia contra las mujeres y desaparición de personas.

Fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre 1998 y 2004, y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos (Red TDT), del 2004 a 2010.

*Efraín Tzuc es reportero en A dónde van los desaparecidos y asistente de investigación en Quinto Elemento Lab.

A dónde van los desaparecidos es un proyecto de investigación periodística sobre las lógicas de la desaparición de personas en México y las luchas emprendidas por sus familiares en búsqueda con una perspectiva de derechos humanos y memoria.