8 de septiembre de 2021

Desde el pasado 28 de agosto, la situación en el sur de México ha cobrado nuevamente niveles alarmantes de violencia y violaciones a los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, como resultado de los operativos implementados por el Instituto Nacional de Migración (INAMI), la Guardia Nacional y el Ejército para contener, dispersar y reprimir los intentos de grupos numerosos de personas extranjeras por salir de Chiapas y continuar su recorrido por el territorio nacional vía terrestre, con el fin de buscar mejores escenarios en otros estados de la República.

Ello, debido a las condiciones de vida indignas en las que se les mantiene entre ellas, la negación de atención médica, de espacios de vivienda adecuados, acceso a alimentos y agua potable, así como los peligros a los que son expuestos (robos, fraudes, extorsiones, secuestros, tanto por parte de agentes del Estado como por parte del crimen organizado, entre otros), la discriminación, el racismo y la xenofobia, la obstaculización para ejercer su derecho a solicitar y recibir asilo, para acceder a trámites de regularización migratoria y, en general, para acceder a la justicia para reclamar sus derechos.

Lo anterior ha sido ampliamente documentado por diversas organizaciones de la sociedad civil, especialmente el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) que monitorea y acompaña a las caravanas, y diversas agencias nacionales e internacionales; como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se han referido o pronunciado al respecto.

En este contexto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos expresa su preocupación, condena la situación y hace un llamado urgente al INAMI, la Guardia Nacional y al Ejército, a cesar los actos violentos, la criminalización de la migración; la persecución y represión mediante el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las devoluciones o deportaciones sumarias, las amenazas, el hostigamiento y agresiones físicas y psicológicas en contra de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y los grupos familiares −quienes tampoco deben ser separados-, que integran las caravanas que requieren continuar su recorrido por México; así como en contra de las personas defensoras y periodistas que les acompañan, y documentan las múltiples violaciones de derechos humanos que cometen las autoridades.

Asimismo, exhortamos a estas autoridades mexicanas a iniciar las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en tales actos contrarios a derechos.

La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, particularmente de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para el pleno respeto y garantía de los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, incluida la adopción de medidas urgentes para agilizar la atención de las solicitudes de refugio y los trámites de regularización migratoria. En este sentido, es obligación del Estado mexicano prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas y su derecho a solicitar y recibir asilo y el principio de no devolución de personas con necesidades de protección internacional.

Staff Redacción