23 de septiembre de 2021

En la elección 2021, solo 5.7% (7,345) de la totalidad de los candidatos y candidatas (135,354) publicaron su declaración patrimonial, de intereses y de cumplimiento fiscal, siendo 13 estados del país los más opacos, incluido el Estado de México, donde ni un solo candidato transparentó un solo de estos datos o al menos una declaración para sus votantes.

La opacidad de los candidatos mexiquenses que buscaron el voto en la contención para diputados federales, fue absoluta, también en el caso de los candidatos a alcaldes o diputados locales de todos los partidos y fórmulas.

Lo anterior significa que 57 millones de personas votaron sin tener información mínima sobre candidatos y candidatas, de acuerdo a un comunicado emitido por Transparencia Mexicana con organismos locales.

De acuerdo con un informe de Transparencia Mexicana, en 2021, 2 de cada 3 electores del país no tuvieron la información mínima indispensable sobre las candidatas y candidatos para poder emitir un voto informado.

Por ello, a propuesta de Transparencia Mexicana, el 14 de junio de 2021, se estableció un grupo de trabajo de especialistas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), Órganos garantes de los estados de la República, Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, y especialistas de todo el país para revisar la situación que guarda la información pública disponible sobre candidatos y candidatas en todo el país y elaborar propuestas concretas de cara a los proceso electorales 2022-2024.

Entre las primeras acciones, el grupo ha puesto foco en la armonización de las leyes electorales y de acceso a la información pública en las 32 entidades y a nivel federal para que los y las candidatas presenten y publiquen información que permita un voto informado en los siguientes procesos electorales. El grupo impulsará la presentación de la declaración patrimonial, de intereses y opinión de cumplimiento fiscal (#3de3) de candidatas y candidatos como un requisito de información mínima que deberá estar disponible para las y los votantes.

El organismo informó que en los próximos días, y conforme las legislaturas estatales entrantes se instalen, se enviará a cada uno de los 34 órganos legislativos del país (Federal y estatales) una iniciativa de reforma para homologar en todo el territorio nacional la información que debe ser presentada y publicada por quienes busquen representar y gobernar a las personas.

El objetivo es obligar que la ley tres de tres, sea obligatoria para los aspirantes a ocupar un cargo público.

La información contenida en formatos como #3de3 permite identificar quién es el candidato, cuál es su trayectoria, y posibles riesgos públicos derivados de sus intereses particulares.

Lo anterior significa que facilita que los electores y electoras sepan con antelación quién es el candidato y especialmente qué vínculos personales pueden afectar su desempeño como servidor público. La #3de3 es, también, un elemento clave para conocer vínculos con empresas fantasma o que participan en esquemas de lavado de dinero.

ESTADOS MÁS OPACOS

La disponibilidad de información para las y los votantes sigue siendo desigual en el país, ya que mientras que electores de Jalisco y Chiapas pudieron acceder al 76,1% y 6,9% de la información de sus personas candidatas, respectivamente, en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no hubo una sola declaración disponible y accesible para las y los votantes.

Ocho estados del país —Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí— tienen una disposición normativa para que los candidatos y candidatas presenten al menos una de las declaraciones, la patrimonial, de intereses y/o fiscal como un requisito para competir en las elecciones.

Staff Redacción