Ayotzinapa es, sin duda, uno de los casos de desaparición forzada más emblemáticos de los últimos años. Un punto de inflexión en la forma en que se entiende la violencia en México, la complicidad del Estado en la comisión de delitos graves y cómo operan los mecanismos de la impunidad para encubrir la verdad. Es también una dolorosa herida abierta.

En los últimos siete años, se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien aseguraba que la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido privados de la libertad e incinerados en un basurero cerca de Iguala. Las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal, y el choque de evidencias científicas han reforzado la idea de que se trató de una operación, desde el Estado, para ocultar la verdad y mantener desaparecidos a los estudiantes.

De ahí que fueron exoneradas —por haber sido torturados y sujetos de otras violaciones a los derechos humanos— todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales; otras 21 personas vinculadas con el caso, se informó recientemente, han fallecido o han sido asesinadas.

Con la llegada de la presente administración federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una Unidad Especial dentro de la hoy llamada Fiscalía General de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según han denunciado los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición.

Sobre las labores de búsqueda, basta decir que se han identificado los restos óseos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La insistencia de las autoridades por construir una narrativa, desestimando indicios y ocultando hallazgos en puntos distintos a los de la “verdad histórica”, derivó en que muchos de los fragmentos encontrados en los últimos años ya no puedan ser analizados.

Estas son 10 claves para entender qué ha pasado en el caso Ayotzinapa hasta este 26 de septiembre de 2021, cuando se cumple el séptimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas: Abel, Aberlardo, Adán, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Dorian, Emiliano, Everardo, Felipe, Giovanni, Israel Caballero, Israel Jacinto, Jesús, Jhosivani, Jonás, Jorge Álvarez, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel Campos, José Ángel Navarrete, José Eduardo, José Luis, Julio César, Leonel, Luis Ángel Abarca, Luis Ángel Francisco, Madgaleno, Marcial, Marco, Martín, Mauricio, Miguel Ángel Hernández, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.

1. La noche de Iguala

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos de manera coordinada por agentes municipales y estatales e integrantes del crimen organizado -y a la vista del Ejército- al salir de Iguala, Guerrero. Los jóvenes, de entre 17 y 25 años, se dirigían a la Ciudad de México para participar, como cada año, en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

La noche de Iguala concluyó con 43 de los normalistas desaparecidos, seis personas ejecutadas —incluidos tres estudiantes, uno con muestras brutales de tortura—, al menos 40 personas lesionadas y dos estudiantes con afectaciones graves y permanentes a la salud. A decir del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alrededor de 700 personas fueron afectadas indirectamente, considerando a los familiares de los agraviados.

2. La “verdad histórica”

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó las conclusiones de la investigación que atrajo el caso luego de que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero declinara su competencia. Según esta versión, que calificó como la “verdad histórica de los hechos”, los 43 estudiantes, luego de ser “privados de la libertad” por policías municipales, fueron “privados de la vida” por miembros del cártel Guerreros Unidos. Sus cuerpos, a decir de esta versión, fueron incinerados en el basurero de Cocula, a unos veinte kilómetros de Iguala, y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

En aquel momento, el procurador acusó al alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, de ser los autores intelectuales del crimen. También sostuvo que los estudiantes fueron confundidos por los sicarios de Guerreros Unidos como miembros de un cártel rival con quien disputaban la plaza, y que eso explicaba el por qué fueron ejecutados e incinerados.

3. El primer informe del GIEI

En noviembre de 2014, debido a la presión ejercida por los familiares de los 43 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno mexicano suscribió un acuerdo para recibir asistencia técnica internacional en el caso. El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por Alejandro Valencia, Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Martín Beristain, presentó su primer informe.

Entre otras cosas, el GIEI concluyó -con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense- que no existía evidencia alguna que confirmara la versión oficial sobre el incendio en el basurero de Cocula, pues de haberse generado un fuego con la magnitud necesaria para la cremación masiva, “daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura”. Los expertos también confirmaron la existencia de un quinto autobús, información clave que había sido omitida en la investigación de la PGR al construir la “verdad histórica”.

La reacción violenta y coordinada en contra de los estudiantes, sugirieron, estaría relacionada con el tráfico de heroína, cocaína y dinero que fluía entre Iguala y Chicago, en Estados Unidos, pues es a través de compartimentos especiales en los autobuses que suele efectuarse el trasiego, de acuerdo con una declaración jurada por un agente de la DEA y escuchas telefónicas de las que daba cuenta una investigación de la Fiscalía Federal para el Estado de Illinois.

El ataque suspendido contra otro autobús de pasajeros —que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones—, antes de que encontraran y detuvieran al quinto autobús, reforzó la idea de que esa noche, los perpetradores recibieron la instrucción de detener a las cinco unidades tomadas por los estudiantes, posiblemente para asegurar un cargamento.

En este primer informe, el GIEI recomendó a las autoridades nacionales investigar otras conductas delictivas que tampoco habían sido perseguidas judicialmente, como tortura —en el caso del estudiante asesinado y desollado Julio César Mondragón Fontes—, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas. Sus integrantes dejaron constancia, por ejemplo, de las lesiones sufridas por 77% de las 80 personas detenidas hasta ese momento, mismas que, adelantaban, podrían constituir actos de tortura.

Por otro lado, confirmaron la presencia de elementos del 27 Batallón de Infantería en el lugar de los hechos, quienes manejaron información restringida del C4 (centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), se enteraron de que la Policía Municipal de Iguala había detenido a los estudiantes e incluso corroboraron que estos no se encontraban en la comandancia. También documentaron su llegada a la clínica Cristina, en donde un grupo de normalistas buscaba atención médica. “Aguantense porque ustedes se lo buscaron”, les dijeron, a decir de uno de los testimonios recogidos.

El Grupo de Expertos, en su segundo y último informe, profundizó estas líneas de investigación y aportó nuevos elementos: además de las policías de Cocula e Iguala, estuvo involucrada la policía de Huitzuco; los celulares de los estudiantes desaparecidos estuvieron activos horas —incluso días— después de los hechos; se destruyó un video tomado por la cámara del Palacio de Justicia —evidencia clave en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes—, que había sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; y el 28 de octubre, un día antes de que buzos de la Marina sacaran una bolsa negra con restos óseos —que más tarde permitieron la identificación de uno de los estudiantes—, la PGR condujo una diligencia de la que no existía constancia alguna.

Contrario al deseo de los familiares de los normalistas desaparecidos, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió no extender este primer mandato del GIEI, que terminó en abril de 2016. A dos días de que concluyera su sexenio y el mismo día en que se presentaba el Informe Final del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA) de la CIDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 15VG/2018, que de acuerdo con los padres y las madres de los estudiantes, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Ángela Buitrago (ex integrante del GIEI) y el Centro Prodh, reavivó parte de la versión oficial que ya había sido descartada con evidencia científica.

4. La Comisión para la Verdad

A tres días de asumir el cargo como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión especial, misma que fue instalada el 15 de enero de 2019.

Una de las primeras acciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, así como por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil, fue la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El 26 de septiembre de 2020, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que, entre otros avances, se impulsó junto con la FGR la creación de una Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UILCA), encabezada por Omar Gómez Trejo, ex secretario ejecutivo del GIEI.

Además, confirmó que de marzo a septiembre de ese año se habían liberado 70 órdenes de aprehensión —de 83 solicitadas— en contra de integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público Federal, ex policías federales y policías municipales; y que para ese momento existían 80 personas detenidas.

López Obrador, en su intervención, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado mexicano. “Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado”, dijo, en alusión no sólo a los hechos del 26 y 27 de septiembre, sino a la intención de las autoridades mexicanas para desaparecer nuevamente a los estudiantes, a través de una verdad construida a modo.

5. Aún desaparecidos, 40 estudiantes

A la fecha, sólo se han podido identificar los restos óseos de tres de los estudiantes desaparecidos: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Los restos de los últimos dos fueron encontrados en noviembre de 2019 en un lugar conocido como Barranca de la Carnicería, a más de 800 metros del vertedero de Cocula; seleccionados para su estudio por los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); e identificados por el instituto de medicina legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, en junio de 2020 y junio de 2021.

Los restos de Alexander y Joshivani ya habían sido identificados durante la administración pasada, sin embargo, en el caso de Joshivani, el análisis de ADN mitocondrial que la procuradora Arely Gómez dio como válido en septiembre de 2015, ofrecía apenas un 17 por ciento de coincidencia; en contraste, la última identificación realizada a partir de ADN nuclear ofreció un 99.99 por ciento.

Alexander, por su parte, fue identificado en diciembre de 2014 —aún con Murillo Karam al frente de la PGR—, pero se presume que la bolsa encontrada a orillas del río San Juan, de donde se extrajeron los restos de ambos estudiantes, fue “sembrada” para apoyar la “verdad histórica”, como quedó documentado en un video. Ahora se sabe que la agente del Ministerio Público que firmó y dio fe de esa diligencia ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, sino que se encontraba en la Ciudad de México.

Un lugar al que también se le conoció como la Barranca de la Carnicería, a unos 400 metros de los últimos hallazgos, fue inspeccionada por la PGR en diciembre de 2014, pero los restos encontrados nunca fueron enviados al extranjero para su análisis y el descubrimiento no se hizo público, según el periódico El País. Los fragmentos óseos, reveló por otro lado Animal Político, deambularon durante años por diversas agencias ministeriales al grado que, cuando finalmente fueron encontrados, su estado ya no permitía realizar estudio alguno.

Algo similar ocurrió con los 180 restos óseos encontrados en la segunda barranca en 2019, pues sólo 22 fueron seleccionados para su identificación. Muchos de los fragmentos, confirmó la Unidad Especial de la FGR este viernes, no presentaron huellas de exposición a fuego pero sí atemperismo (exposición a la intemperie). “Estos restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioraran”, dijo el fiscal García, quien el pasado martes aseguró que en los primeros días de octubre de 2014, varias corporaciones de seguridad estuvieron cuidando la entrada al predio.

En su segundo informe, de abril de 2016, el GIEI documentó que el Equipo Argentino de Antropología Forense solicitó una diligencia en la primera Barranca de la Carnicería. Las horas y la fecha de la constancia ministerial fueron borradas y la PGR se limitó a informarles que la investigación que ahí se llevaba a cabo formaba parte de una averiguación previa distinta al caso de los estudiantes. En reiteradas ocasiones, el GIEI solicitó las actuaciones ministeriales y periciales, que nunca le fueron entregadas; el EAAF, por su parte, tampoco acudió a verificar el sitio.

El 6 de septiembre de 2015, el mismo día en que se presentó el primer informe del Grupo de Expertos, un criminalista de la coordinación de servicios periciales de la PGR remitió un dictamen a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde dejó constancia de la ubicación exacta de este lugar (18º 12´43.5” N; 99º 36´40.6” W), cómo acceder a él y algunas de sus características. El perito, designado para la tarea tres días antes, describió una superficie irregular, manchada de color negro, con restos óseos “al parecer de origen humano, acompañados de cenizas”.

6. Los responsables

Entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, se consignaron a 169 personas por su presunta participación en los hechos que derivaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula y 67 civiles). Se detuvieron a 142 de estas personas y la entonces PGR procesó a 70 de ellas por el delito de secuestro; no por desaparición forzada.

Para el 4 de septiembre de 2019, no obstante, ya habían sido liberados 53 presuntos responsables, luego de que 63 de las 107 pruebas recabadas en diferentes averiguaciones previas fueran desestimadas por un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas; esto a causa de una serie de violaciones al debido proceso, a la integridad personal y a la libertad, incluyendo 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En fechas recientes, la Unidad Especial de la FGR aseguró que todas las personas que en su momento fueron presentadas por la PGR como autores materiales de la desaparición, fueron exonerados; y confirmó la existencia de más de 40 videos que acreditan actos de tortura física y psicológica por parte de funcionarios públicos.

El propio Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y encargado directo de las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue acusado por los delitos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia; en un video ampliamente difundido incluso se le ve interrogando a un presunto responsable —al cual sacó ilegalmente de la cárcel—, con la espalda descubierta y la cabeza tapada, en un tono amenazante.

El 30 de junio de 2020, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero aseguró, en conferencia de prensa, que solicitaron 46 nuevas órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, por delincuencia organizada y desaparición forzada. Estas órdenes se unían a las ya obtenidas, en marzo del mismo año, en contra de ex funcionarios de la PGR, incluyendo la girada en contra de Tomás Zerón, quien sigue prófugo y con ficha roja de Interpol.

El ex funcionario reside desde hace dos años en Israel, país que no se ha pronunciado respecto de la solicitud de extradición en su contra; López Obrador envió una carta al primer ministro, Naftali Bennett, para una aproximación más diplomática. De ser aprehendido, debido a una suspensión definitiva otorgada por un juez en mayo de este año, Zerón de Lucio no podrá ser puesto en prisión preventiva, sino que tendrá que presentarse ante el juez de la causa.

Durante la conferencia de prensa de junio de 2020, en donde también se anunció la captura de “El Mochomo” —líder de Guerreros Unidos, fallecido el pasado 25 de julio por COVID-19—, Gertz Manero subrayó que la PGR cometió diversas irregularidades mientras investigaba el caso: acusaciones parciales, violaciones a los derechos humanos —como tortura—, y la ocultación de pruebas que podrían haber ayudado en la búsqueda inmediata de los estudiantes desaparecidos.

Por lo que respecta a la detención de funcionarios federales, se cuentan las de Carlos Gómez Arrieta, jefe de la Policía Federal Ministerial; Luis Antonio Dorantes Macías, jefe de la estación de la Policía Federal en Iguala; Blanca Castillo, ministerio público de la unidad de secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), y el capitán en retiro del Ejército, José Martín Crespo, el primer militar procesado por el caso Ayotzinapa.

El pasado viernes, en el contexto del séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes, el subsecretario Encinas informó que desde 2014, 21 personas vinculadas al caso han perdido la vida o han sido ejecutadas, silenciadas. Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, confirmó por su parte que desde julio 2019, son 89 las órdenes de aprehensión giradas, tanto por los hechos de la llamada noche de Iguala, como por la manipulación de la investigación; de éstas, aún quedan 40 órdenes por ejecutar: 30 por la desaparición de los estudiantes y 10 por las irregularidades.

En ese sentido, reiteró que los procesos de judicialización ya no se centran exclusivamente en los responsables de la detención y posterior desaparición de los estudiantes; también en aquellos que participaron de la manipulación y tergiversación del caso con el objetivo de mantener la narrativa de la “verdad histórica”.

7. Las armas de los perpetradores

El caso Ayotzinapa también se cruza con otro gran tema que ha acaparado los reflectores de manera reciente: el comercio irresponsable de armas y su tráfico ilegal, motivo que llevó a la administración de López Obrador a demandar, ante tribunales de Boston, Massachusetts, a 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.

En febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Stuttgart, en Alemania, condenó a la empresa Heckler & Koch (H&K) por el desvío ilegal de armas que fueron vendidas al gobierno mexicano —específicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, con la condición de que no se utilizaran en zonas de conflicto.

A pesar de un bloqueo inicial por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, H&K vendió a México, entre 2006 y 2009, de 9,472 a 9,652 fusiles, ametralladoras y municiones por un valor de más de 13 millones de euros. De estos, entre 4,702 y 5,003 armas largas fueron a parar a corporaciones policiacas de Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero, estados que compraron fusiles modelos G36V, G36KV y G36C1 —que pueden percutir más de 800 municiones por minuto—, según consta en documentos oficiales.

Al estado de Guerrero fueron a parar 1,924 de estas armas, en tanto que cuatro ametralladoras MP5 y 56 fusiles G36V terminaron en manos de la Policía Municipal de Iguala, una de las corporaciones implicadas en el caso Ayotzinapa. Facturas de la Sedena, notas de agradecimiento expedidas por otras agencias de seguridad, peticiones de refacciones desde los lugares de destino y las evidencias fotográficas y periciales que arrojaron los eventos del 26 y 27 de septiembre, dan cuenta de lo anterior.

Un arma fabricada por esta empresa, revelaron en su momento las investigaciones del caso, fue la responsable de causar las heridas de Aldo Gutiérrez Solano, normalista que continúa en estado mínimo de conciencia. Tenía 19 años al momento del ataque coordinado entre agentes del Estado y grupos del crimen organizado.

Aunque la familia de Aldo solicitó participar en el juicio, la petición les fue negada con el argumento de que éste se llevaba a cabo por violaciones a leyes mercantiles y no por situaciones relativas a los derechos humanos. La empresa fue multada con 3.7 millones de euros y dos de sus empleados obligados a cumplir menos de dos años de libertad condicional, una multa de 80 mil euros y 250 horas de trabajo comunitario; otros tres acusados fueron absueltos.

8. La muerte y las enfermedades golpean a madres y padres

Luego de siete años de exigir la localización de sus hijos, desafortunadamente, dos padres y una madre de los 43 normalistas han perdido la vida y se han ido sin conocer el paradero de sus hijos.

Bernardo Campos Santos “Don Berna”, padre de José Ángel Campos Cantor, y Saúl Bruno Rosario, padre de Saúl Bruno García, fallecieron en agosto y septiembre de este año; en febrero de 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello.

Sin embargo, a decir de los propios padres y madres —en diversas entrevistas para medios—, las afectaciones también persiguen a los vivos: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, problemas en la piel, cataratas e incluso fracturas en extremidades inferiores; sin contar los problemas económicos que esto les genera. De ahí que a algunos de ellos se les complique cada vez más asistir a las reuniones y manifestaciones que realizan lejos de sus lugares de origen.

En un informe sobre los impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, explica que la desaparición de sus hijos y la complicidad del Estado en el ocultamiento de la verdad, ha derivado en impactos traumáticos diferenciados (trastornos de sueño, fantasías de vejaciones y maltratos a sus hijos) que, además, se detonan por diversos factores: la versión oficial —cada tanto reavivada—, la criminalización y estigmatización de los normalistas o el hallazgo de fosas en donde podría estar alguno de ellos.

“A siete años de la tragedia, la salud de nuestros familiares se desgasta al no haber avance en las investigaciones. El dolor, la rabia y la indignación nos siguen consumiendo”, publicaron en su página de Facebook padres y madres de Ayotzinapa, con motivo de la muerte de Saúl Bruno.

9. El Ejército se niega a cooperar; la FGR, atrapada

Mientras que el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, asegura una y otra vez que su dependencia ha cambiado la manera en cómo atiende el caso, familiares de los 43 normalistas y sus abogados, apenas en enero de este año, señalaron que el Ejército ha estado “dosificando” la información que comparte con las autoridades ministeriales, aún cuando se sabe desde el primer momento, por los testimonios de los sobrevivientes, los informes del Grupo de Expertos y otras investigaciones periodísticas, que en los hechos estuvo involucrado el 27 Batallón de Infantería.

La falta de cooperación de la Sedena, aseguró en entrevista para SinEmbargo el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, es el talón de Aquiles de la investigación. “A la hora de hacer las cosas, de concretar los actos de investigación, vemos obstáculos, vemos reticencias, vemos que las cosas no avanzan”, dijo y recordó que en diferentes ocasiones, el presidente López Obrador se ha comprometido a que las Fuerzas Armadas —de las cuales es comandante supremo— colaboren en todo lo que sea necesario.

Rosales también sugirió que la FGR se encuentra comprometida, ya que aún persisten algunos elementos de la PGR que participaron en la construcción de la “verdad histórica”; dijo que se trataba de al menos cuatro personas que trabajan en diferentes subprocuradurías, coordinando asesores del fiscal e incluso una persona muy cercana a él. De ahí que no sorprenda, explicó, la filtración de información procesal y hasta la fuga de Tomás Zerón de Lucio.

Respecto de la participación del Ejército, el representante jurídico de las familias recordó que se cuenta con elementos de prueba suficientes para acreditar el involucramiento del 27 Batallón de Infantería la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre: además de la presencia de militares en diversas escenas del crimen —tal y como lo documentó el GIEI—, el Ejército monitoreó a los normalistas desde que llegaron a Iguala y desde el C4 en tiempo real.

Un testigo protegido identificado como “Juan” sostiene incluso que 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón, interrogados y varios asesinados, una hipótesis que ha sido desdeñada por las autoridades a cargo del caso pero no por los padres y madres de los normalistas, que en reiteradas ocasiones intentaron acceder a las instalaciones. En julio de 2019, realizaron una visita en compañía de sus abogados.

Unos 40 militares de distinto grado, confirmó el subsecretario Encinas el pasado viernes, han comparecido hasta el momento ante la FGR. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar García, aseguró que la participación del Ejército es una línea de investigación que se está trabajando “de manera fuerte”, y de la cual es coadyuvante el GIEI.

A decir de Vidulfo Rosales, fue el Ejército mexicano el que estuvo “a la cabeza” de la operación coordinada con la Policía Ministerial, la Policía Estatal, la Policía Municipal y el cártel Guerreros Unidos. “Deberíamos estar cerrando la pinza en contra del Ejército […] Los padres de familia necesitan saber: sí o no participó el Ejército mexicano, y en qué nivel participó”.

10. Ausente, nueva mecánica de los hechos

El pasado 21 de septiembre, en la segunda Barranca de la Carnicería, el fiscal Gómez y el subsecretario Encinas insistieron en que han “avanzando mucho en la controvertida verdad histórica”, que las evidencias encontradas ahí —los huesos esparcidos en costalillas que aún siguen en análisis—, los pedazos de la barranca que siguen investigando, los nuevos escenarios y testimonios recogidos —sin incurrir en ilícitos, como sí lo hizo la PGR—, tiraban el montaje del basurero de Cocula y el río San Juan.

Sin embargo, cuando se les preguntó, según las investigaciones del actual gobierno, qué pasó entonces con los 43 estudiantes a partir de la noche del 26 de septiembre, a dónde los condujeron, qué les hicieron, a cuántos de ellos y en dónde, dijeron que aún falta tiempo para tener una explicación. A mitad del sexenio de López Obrador, esas preguntas aún no tienen respuesta.

*Marcos Nucamendi (@makonucamendi) es parte del proyecto A dónde van los desaparecidos. Ha trabajado como periodista y profesor universitario –en las áreas de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas–, en la ciudad de Puebla. Actualmente cursa sus estudios de maestría en Cooperación Internacional en el Instituto Mora.

Foto principal: Sandra Luz Román, mamá de Ivette Melissa. Crédito: Efraín Tzuc