El periodismo en México está cercado y bajo fuego continuo desde hace prácticamente una década y media, cuando en 2006 comenzaron a incrementarse de forma exponencial las agresiones a periodistas, en distintos niveles y de diverso tipo.

Se trata de una prensa en riesgo latente de que sus trabajadores, principalmente reporteros en activo, periodistas investigadores, fotógrafos, columnistas o camarógrafos, sean víctimas de represión policiaca, hostigamiento gubernamental, acoso de grupos delictivos (mediante mensajes directos, escritos, llamadas telefónicas o a través de mensajeros), o víctimas de algún otro tipo de agresión o violencia a sus derechos más elementales, incluidos el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo y sobre todo el Derecho a la Vida.

Esto materialmente puede traducirse en violencia policiaca (como golpizas, detenciones ilegales y torturas), durante coberturas de marchas manifestaciones o durante el levantamiento de investigaciones en campo; espionaje digital o personal por parte de agentes gubernamentales; hostigamiento fiscal (del que por cierto se habla poco en los recuentos de las agresiones); campañas de desprestigio en redes sociales, principalmente contra mujeres periodistas; detenciones arbitrarias casi siempre de la policía o grupos delictivos; pasando por acusaciones falsas de políticos o servidores públicos en altos cargos como alcaldes, gobernadores o directores de áreas de gobiernos de distintos niveles, que buscan golpear la calidad moral de los periodistas o menguar su credibilidad.

Mención especial requieren los encargados de las áreas de comunicación social de entes públicos, gobiernos estatales o municipales, que en los últimos años se han convertido en emisarios y autores materiales de este tipo de acosos, lanzando campañas en redes sociales con bots para atacar a periodistas cuyo trabajo incomoda a sus jefes o a ellos mismos. Estos ataques llevan implícitos el uso de recursos públicos asignados a esas áreas de comunicación social, que en lugar de distraerse en perseguir u hostigar comunicadores, deberían canalizarse en alentar la libertad de expresión en su gran multiplicidad.

La gran variedad de agresiones que enfrentamos los periodistas en mi México su alta regularidad, a contribuido a la normalización de la violencia contra la prensa, pero también a la impunidad que llega al 90%, lo cual significa que al menos nueve de cada 10 agresiones de este tipo no son investigadas, enjuiciadas ni sancionadas.

De acuerdo a la organización no gubernamental Artículo 19, desde el año 2000 a la fecha, en México 145 comunicadores han sido asesinados, de los cuales 134 han sido hombres y once mujeres.

Sin duda los sexenios del expresidente de derecha, Felipe Calderón Hinojosa del (PAN) y del priísta Enrique Peña Nieto, han sido los más letales para el periodismo en México, con 48 y 47 asesinatos respectivamente, durante sus sexenios.

En la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, ya se han cometido cuando menos 26 asesinatos de comunicadores; mientras que adicional a estos crímenes existen al menos 30 periodistas desplazados a causa de la violencia y otros 20 desaparecidos. A la fecha, ninguno de los casos de periodistas desaparecidos ha sido resuelto, y tampoco sus casos investigados, por lo que hay una impunidad generalizada.

¿Pero quiénes son los principales enemigos de los periodistas en México?, sin temor a equivocarme es un hecho que la mayoría de las agresiones provienen de políticos corruptos, cuyas investigaciones de las víctimas pusieron en evidencia sus desvíos, o cuestionaron en alto grado su eficacia o ineficiencia en el servicio público.

Se trata de políticos que en buena parte actúan en conjunción con el crimen organizado, o mafias de cuello blanco -como ocurre en Edomex-, que actúan bajo las mismas lógicas, de retener privilegios, esquemas de corrupción para el saqueo del erario público y la explotación de recursos naturales para beneficios de oligarquías y familias o bandas criminales, según sea el caso y el territorio.

Bajo estos contextos letales para la Libertad de Expresión, los periodistas quedamos atrapados en medio de un fuego cruzado, entre políticos corruptos que saquean el país y desvían recursos, y el crimen organizado o bandas delictivas que asolan a la población o la masacran.

Por ello gran parte de los periodistas mexicanos que han sido asesinados desde el año 2000, dedicaron gran parte de su vida y trabajo a documentar las operaciones del crimen organizado y su colusión con políticos o gobernantes (o jueces, o políticos o alcaldes, o gobernadores o funcionarios públicos) o investigaban saqueos “oficiales” de dinero público, por vía de políticos o funcionarios corruptos.

El panorama del periodismo mexicano en este contexto no es alentador. Se ubica en el lugar 143 del índice de riesgos para la libertad de expresión en el mundo, que elabora la organización Reporteros Sin Fronteras, superado en libertad y menos riesgos incluso, de países en guerra como Irak.

Hoy compartí esta información en la Universidad de Lebrija en Madrid, España ante el azoro de estudiantes de periodismo a quienes resulta incomprensible por qué un periodista puede ser asesinado, secuestrado, perseguido, criminalizado u hostigado por hacer su trabajo. ¿Acaso un médico un ingeniero son perseguidos, por ejercer su vocación?

Compartí el foro con Waldo Fernández, un periodista Cubano que en su país puede ser considerado técnicamente un criminal por informar, por ser periodista.

El problema en México no es que incluso nos lleguen a criminalizar, hostigar, desprestigiar o imponer toda serie de bloqueos informativos.

En México por ser periodista te pueden secuestrar, desaparecer o matar.

Los alumnos de Lebrija quedaron pasmados. Nos preguntan por qué seguir con esto. Y respondemos ¿Por qué no? Hasta la próxima

Tere Montaño