24 de noviembre de 2021

La ilegal y abusiva investigación judicial a la que ha sido sometida la periodista mexicana Marcela Turati Muñoz, junto con la abogada y defensora de derechos humanos Ana Lorena Delgadillo y la especialista forense argentina Mercedes Doretti, representa un absurdo jurídico que vulnera su esfera personal y privada y amenaza la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente.

La investigación abierta por la entonces PGR en contra de Turati, Delgadillo y Doretti coloca en riesgo la integridad física de las tres y de las fuentes que posibilitaron la publicación de investigaciones periodísticas sobre la masacre de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2011, crimen de lesa humanidad que aún no ha sido resuelto por las autoridades.

Amparada en el régimen de excepción que rige los delitos asociados a la delincuencia organizada, la hoy Fiscalía General de la República ordenó y practicó de manera ilegal diligencias de investigación mediante las cuales accedieron irrestrictamente a las llamadas telefónicas hechas y recibidas por Marcela Turati, a sus mensajes escritos e incluso a su ubicación geográfica de febrero de 2015 a abril de 2016.

En ese lapso, Marcela Turati publicó varios textos que pusieron al descubierto las fallas en la investigación y en la identificación y manejo de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de San Fernando.

De estas diligencias estaban enterados los altos mandos de la Procuraduría. La información llegaba al subprocurador Gustavo Salas y también al titular del área de Secuestros, Gualberto Ramírez, hoy investigado por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Al ser objeto de la investigación, la periodista y las defensoras han sido equiparadas con los perpetradores de los delitos de secuestro, desaparición forzada y homicidio en contra de las 195 víctimas localizadas en las fosas clandestinas de San Fernando.

El expediente del caso, que la hoy Fiscalía General de la República mantiene abierto, contiene información sumamente sensible que expone la vida personal y profesional de Marcela Turati, incluida, por ejemplo, la información proporcionada por ella a la Secretaría de Relaciones Exteriores para obtener su pasaporte.

Las autoridades han llegado a un extremo: investigar, espiar e intimidar a la periodista que investiga la masacre para impedir que profundice en las revelaciones de ese caso.

La arbitraria e ilegal vulneración de la esfera personal y profesional de Turati, una de las más reconocidas periodistas por sus reveladores reportajes y crónicas sobre algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas en México, constituye un abuso de mecanismos judiciales para censurar a quienes revelan información de interés público.

El acoso judicial que se vive de manera creciente en México obstaculiza e inhibe la realización de investigaciones periodísticas sobre temas relevantes para la sociedad, una de las claves democráticas que permiten a la ciudadanía empoderarse y ejercer su derecho a exigir un buen gobierno en beneficio de la mayoría.

Quienes suscribimos este comunicado, condenamos los actos arbitrarios e ilegales en contra de Marcela Turati, cuyo trabajo y compromiso periodístico han sido reconocidos con decenas de premios nacionales e internacionales.

Exigimos además a la Fiscalía General de la República y a su actual titular, Alejandro Gertz Manero:

● Que cese el hostigamiento judicial en contra de la periodista e investigue y sancione a los funcionarios que ordenaron ilegalmente las diligencias en contra de Marcela Turati, Lorena Delgadillo y Mercedes Doretti.

● Que frene la arbitraria investigación en curso, cuyo resultado último es la coacción y amenaza a la libertad de expresión y al derecho a saber de la sociedad mexicana.

● Que excluya de la averiguación previa del caso y destruya la información obtenida de manera ilegal.

Staff Redacción