15 de diciembre de 2021

A solo dos semanas de que concluya el año, los trabajos en la 61 Legislatura Local para definir el paquete fiscal del 2022, se encuentran en apariencia detenidos, aunque en realidad el jaloneo tras bambalinas ya está en marcha y conforme transcurran las próximas horas se intensificará más, debido a que lo que se juega en los proyectos legislativos para delinear el presupuesto para el año entrante son más que pesos, en realidad son votos, junto con el futuro del PRI, completo.

Las claves a la vista son sencillas, cuando a vuelo de pájaro se revisan los proyectos de reformas, además de otro par de propuestas para introducir cambios al Código Financiero, que en realidad lo que pretenden es garantizarle al gobernador varias fuentes inagotables y seguras de suministros para las campañas que se avecinan, pues no se olvide que el proceso electoral para renovar la gubernatura, arranca en septiembre del 2022.

Lo anterior significa que justo apenas contarán con el tiempo para armar el enorme tinglado que necesitara el PRI (con aliados o sin ellos), para sacar el barco a flote que ya comenzó a "hacer agua" desde hace un rato, aunque se mantiene artificialmente, con costos millonarios y dispendios importantes en coptación anticipada de votos con miras al 2023, por vía del Salario Rosa, cuya efectividad en combatir y dignificar la pobreza, resulta altamente cuestionable, no así su uso electorero.

Los puntos rojos están no solo en el endeudamiento que busca sí o sí obtener el ejecutivo estatal mediante una iniciativa de reformas al Código Financiero, en la que en al menos tres momentos se autoriza financiamiento externo, planteado de forma rebuscada y repetitiva en diversos puntos de una iniciativa enredada, inentendible y repetitiva. La suma del endeudamiento que se busca, se encuentra ubicada en varios párrafos inconexos como en una estrategia que busca aquello de que "si no pega uno, pegue otro", de los artículos donde se plantea "autorizar deuda".

Otro foco rojo es haber sacado de la iniciativa del Código Financiero de manera textual y explícita que deben auditarse los programas sociales. Esto es así porque al no haber ya obligatoriedad en este punto, el tricolor y el ejecutivo podrán tener "manga ancha" para el uso electoral del programa Salario Rosa, de manera más abierta y sin restricción alguna, como se ha documentado en diversas investigaciones, publicadas aquí.

Aunque funcionarios de finanzas aseguraron en las sesiones de comisiones, que todos los programas sociales son o deben ser auditados, lo que es un hecho es que los artículos que lo establecían como parte integra del Código Financiero, fueron misteriosamente retirados, por más que los funcionarios de Finanzas sostengan lo contrario. Sí no está en la ley de manera explícita y formal, nada obliga.

A estas estrategias pre electorales del Estado de Edomex, habrá que sumar la iniciativa del ejecutivo para crear cuatro nuevos impuestos, los cuales de aprobarse le daran una fuente adicional de recursos a costa de las clases mexiquenses más expoliadas ya de por sí.

El otro peor riesgo es que estos preparativos con miras a la batalla electoral del 2023, se dan frente a una clase política que responde más a agendas políticas personales que al interés de la protección del ciudadano.

Hasta la próxima