25 de marzo de 2022


Familiares de internos recluidos por delitos que les fueron fabricados por Ministerios Públicos en el Estado de México, exhibieron la red de complicidades y colusión entre autoridades y redes delictivas que controlan los centros penitenciarios mexiquenses, con cobros ilegales para prácticamente todo; además de denunciar que son las familias las que sostienen las cárceles, pues cada una debe pagar -de acuerdo a un estudio serio-, mil 259 pesos semanales en promedio, para que coman sus seres queridos, tengan acceso a servicios y no sean violentados.

Lo anterior, pese al millonario presupuesto que recibe anualmente el sistema penitenciario, incluyendo montos extroadinarios para comida, agua y otros servicios que son obligación del Estado proporcionar a cada uno de los más de 20 mil internos que aproximadamente tiene el sistema penal de Edomex.

Adicionalmente exhibieron la serie de pagos extralegales que deben pagar para que sus seres queridos, la mayoria con delitos fabricados, tengan acceso a un espacio para dormir en el piso, no sean atacados por delincuentes, accedan al baño, al agua o no sean golpeados por los custodios, o incluso para que refrigeren su comida o puedan usar una mesa en la visita.

En un encuentro con legisladores, quienes no han hecho efectiva la Ley de Amnistía de Edomex para delitos graves fabricados deliberadamente por Ministerios Públicos, o la han boicoteado -como ocurrió con el diputado experrista de Morena Gerardo Ulloa Pérez-, las madres, padres e hijos de "falsos culpables", narraron algunos de los contidianos excesos en violación sistemática de Derechos Humanos que viven ellas y ellos, pero también sus seres queridos en las cárceles de Edomex. Brevemente una madre resumió que se trata pricipalmente de jóvenes que no rebasan los 25 años de edad detenidos en la calle, llevados a la cárcel y acusados de delitos muy graves que no cometieron, los cuales están pagando con su libertad, mientras los autenticos criminales siguen gozando de ella.

Una de las familias víctimas de este esquema de "justicia" que prevalece en la entidad y que se ha intensificado desde la pasada administración, explicó que estos jóvenes están recibiendo sentencias extrodinarias y violatorias de garantias individuales desde 40, 45, 70 ó 136 años de prisión, por delitos que no cometieron. "Enterrados en vida", dijo.

Los relatos partieron de la presentación del Segundo Informe sobre el Sistema Penitenciario de Edomex, elaborado por el organismo independiente defensor de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero A.C., basado en estudios de diversas disciplinas y en encuestas directas a familiares de los miles de internos que actualmente saturan el sistema penitenciario de la entidad.

Tras una breve presentación del informe, en el que se destacó que, de acuerdo al estudio levantado por expertos y especialistas en diversas disciplinas, el 50.1% de los presos en la entidad están ahí bajo "prisión preventiva" y que 83% de los familiares han sido extorsionados o sobornados por los custodios, uno de los expertos del organismo, Iver Andrés Arancena, aseguró que en el sistema penitenciario de Edomex, prevalecen dos "sistemas de ley" alternos o tres en realidad: el sistema formal y legal, la ley de los custodios y la ley que an impuesto grupos delictivos que controlan los centros.

Debido a ello, los familiares están obligados a pagar las condiciones que les imponen las reglas de custodios y las reglas de los criminales, las cuales se traducen, en ambos casos, en "pago de cuotas" para prácticamente todo o extorsiones o sobornos.

El experto también resumió que los familiares de los internos, son sistemáticamente violados en sus Derechos Humanos por parte de autoridades penitenciarias, solo por ser familiares de personas privadas de su libertad.

En este sentido otra madre de familia, quien se dedica a hacer y vender tortillas a mano para juntar el recurso que evite que su hijo -encarcelado de un delito fabricado-, sea apaleado en la carcel, por los cusodios o los internos, lo resumió así: "Eso que ustedes llaman justicia se ha dedicado a destrozar familias", por la forma en que está operando el sistema en los centros preventivos, "excesiva tecnología pero totalmente deshumanizado", resumió otra madre.

Al encuentro acudió el legislador Gerardo Ulloa, quien mantiene paralizada la Comisión de Amnistía del Estado de México desde la 60 Legislatura Local y a la fecha no ha dictaminado un solo caso de falsos culpables "por delitos graves", pues incluso se desapareció en la pasada diputación de la que también formó parte, dejando los casos y a las organizaciones esperando, luego renunció a su curul para irse a contender por la reelección, sin dar resultados.

También el presidente de la JUCOPO, Maurilio Hernández, dio un discurso y luego se retiró del lugar sin escuchar a las familias.

TOCAMIENTOS A FAMILIARES MUJERES, EVIDENCIAN VIOLENCIA DE GÉNERO

Claudia Juárez, quien lucha por la liberación de su padre y su hermano, detenidos arbitrariamente y juzgados por delitos que ellos no cometieron, coincidió con otras mujeres -incluso mayores- en el sentido de que en los centros preventivos de Edomex, se "ha normalizado" el tipo de violencia de que so objeto madres, esposas, hijas o visitantes mujeres cuando acuden a visitar a sus seres queridos.

Señaló que los custodios "tienen demasiado acercamiento" hacia ellas, les realizan "tocamientos" y en ocasiones las obligan a dejar la ropa que llevan puesta bajo el argumento de que no cumple los reglamentos aunque esto generalmente es falso.

"Piensan que es normal que en las visitas haya acercamientos excesivos por parte del personal de custodia, insinuaciones por parte del personal de custodia. No es normal", señaló.

María Elena Montoya, una mujer indígena que lucha por la libertad de su esposo, coincidió con los excesos de los custodios a la hora de las visitas, los pagos extralegales e incluso actos discriminatorios en su contra por pertenecer a una etnia. Tanto así, que se ha visto obligada a ya no portar su vestimente tradicional para ir a la cárcel, ya que es objeto de discriminación y es obligada a despojarse de sus prendas, aunque estas no violan el reglamento.

Celia Arrellano Ferrer, coincidió con estos excesos al asegurar que "pasa una y nos tocan...".

Arellano, dijo que en las cárceles mexiquenses, se "sobrevive" bajo la ley del más fuerte y "por la gracia de Dios", a la vez de reclamar a los legisladores que cumplan con sus promesas, porque saben perfectamente lo qu está ocurriendo en los centros preventivos.

"Ustedes tienen conocimiento de lo que está pasando, ¿Por qué no actúan?, recriminó una de las madres a los legisladores morenistas.

COLUSIÓN DE DIRECTIVOS Y DELINCUENTES

Las madres y familiares que narraron ante legisladores la violación sistemática de Derechos Humanos de que son víctimas, al igual que sus familiares internados en los centros carcelarios, acusaron a las autoridades penitenciarias de etar "coludidas" con las redes criminales que se han hecho del control de los centros preventivos, pues aseguraron que ya ni siquiera ellos, los directivos, tienen autoridad en las carceles, sino que la han entregado a estos grupos.

Una de las familiares acuso que en los centros, prevelace una colusión entre directores de los centros preventivos de Edomex y las bandas criminales que ya administran los centros, pues ya ni siquiera los directivos o directores, tienen autoridad en estos.

"En estos excesos por parte del personal, por supuesto que directores están involucrados, por supuesto que están implicados y tienen que ver con estos grupos delictivos que operan en los penales, en donde ya ni siquiera opera el director y no se cumple con la palabra del director o funcionario, sino la de grupos delictivos", indicó.

"Todo eso que entra -a las prisiones mexiquenses- y dicen: ay entró en la visita, por supuesto que no entró en la visita... hay pactos entre directores y organizaciones delictivas", señalo otra.

LAS MADRES SOSTIENEN LAS CÁRCELES

María -obviamos el apellido debido al riesgo de represalías-, una madre de origen humilde que vende tortillas todos los días para juntar los mil 259 pesos semanales que le cuesta el sostenimiento de su hijo -preso injustamente y torturado en prisión por delitos que no cometió-, alerto que son las familias sobre las que pesa realmente el sostenimiento de los centros penitenciarios en el Estado de México.

Relato que cada semana debe trabajar intensamente para juntar esa suma y pagar la cuota que necesita para que su hijo tenga un lugar en "en el pasillo" de las celdas; para que pueda refrigerar la comida, usar el agua, asearse y comer, por supuesto.

"Nosotros como familiares estamos mateniendo el centro penitenciario", remató, tras hacer un recuento rápido de algunas de las tarifas -ilegales- que está obligada a pagar para que su hijo pueda medio sobrevivir en la cárcel a pesar de no haber cometido ningún delito.

También acusaron a los custodios de "solo estirar la mano" y de a capricho exigir cuotas que se les ocurren al momento de que las familias ingresan.

"Se paga por el agua, se paga por la luz, se paga por el derecho de suelo de piso, se paga por ver la televisión, se paga por meter la comida al refrigerador, nosotros como familiares estamos manteniendo el centro penitenciario", acusó.

"El Estado tiene el derecho -la obligación quiso decir-, de dar ese sustento a los internos, lo cual el Estado no lo está haciendo. A nosotros nos está costando ese mantenimiento,tanto alimenticio como de aseo personal. Sí ahí para sentarte en una mesa te cobran, 30, 70 pesos, lo único que no te pueden vender es el aire que respiras, porque no lo pueden obtener que si no, también te lo vendían...".

CUOTAS VIGENTES EXTRALEGALES EN LOS CENTROS PENALES DE EDOMEX

(BASADO EN TESTIMONIOS POR SEPARADO)

-Usar una Mesa: de 30.00 a 70.00 pesos

-Por pasar con ropa que no le gusta al custodio o custodia -aunque cumpla el reglamenteo: 20.00, 30.00 ó 50.00 pesos (a capricho del responsable)

-Diarios por pasar lista (a cambio de no recibir tablazos) 10.00 pesos

-No batir la comida cuando la ingresan los familiares: DE 20:00, 30:00 a 50:00 pesos, en promedio

-Evitar torturas por parte de custodios o criminales, puede ser ir desde los 1000.00 pesos semanales

Tras la denuncía de familiares, el gobierno del Estado de México ha intentado desacreditarlas mediante un comunicado que puede ser consultado por sus redes sociales. No obstante habrá que recordar que además de las denuncias "verbables", como las llamó en su comunicado el gobierno mexiquense, éste se ubica en el segundo lugar en corrupción en todo el país, de acuerdo al INEGI. Tere Montaño