Por Paloma Robles para el proyecto A dónde van los desaparecidos*
Fotos Obturador Mx


El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pulverizó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con un video en el que muestra cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula -en presencia del procurador Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México- la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de que informaran que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.

Este informe se analizó por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quienes se mostraron desesperados y decepcionados sobre el lento avance de las investigaciones y exigieron, en rueda de prensa el martes 29 de marzo, que se inicien nuevas indagatorias en contra las autoridades y funcionarios involucrados en la manipulación y montajes de las investigaciones.

“Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos información sobre el paradero de nuestros hijos”, refirió Maria Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes Guerrero.

Previamente en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se dio la instrucción para investigar a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo.

“Ya han declarado ante la Fiscalía”, dijo. No ofreció más detalles, pero sí un anuncio: “se va a continuar con la investigación un año más”.

Hasta este último informe todavía no conoce el paradero de los 43 normalistas, señaló Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, tras lamentar no poder dar a conocer sobre una posible localización de los estudiantes.

“No nos es posible por el ocultamiento de la información", dijo, tras explicar que no se ha recibido ninguna noticia que dé información de la posible localización con vida de los estudiantes, sólo datos sobre fosas donde podría haber personas sin vida.

“No solo nos faltan 43, nos faltan 100 mil, al menos. Todos los familiares de desaparecidos del país tienen el derecho de que las máximas autoridades instruyan a otras a entregar la información”, afirmó el abogado chileno.

Manipulación y Mentiras

El informe, realizado por el GIEI en el último año y medio, dio a conocer de manera pormenorizada cómo la investigación de la desaparición de los estudiantes estuvo plagada de mentiras, simulaciones y espionaje desde antes de cometerse la desaparición forzada y continuó después de los hechos. También el ocultamiento de información.

“Las autoridades cambiaron, ocultaron información, negaron hechos y generaron elementos para hacer creer que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían la detención y desaparición y que no conocían incluso sobre la situación de violencia en Guerrero”, apuntó Ángela Buitrago, fiscal colombiana integrante del GIEI.

Gran parte del documento del GIEI, presentado el martes 28 de marzo en la Secretaría de Gobernación, consta de un análisis forense de más 100 horas de grabación hechas por un dron de la propia Secretaría de Marina (Semar).

El contenido lo tenía un área de inteligencia de la Semar y estuvo oculto casi siete años. Las grabaciones -según se informó- pudieron haber sido ordenadas por el exsecretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y/o el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El informe también documentó cómo los estudiantes fueron vigilados por el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal de Guerrero, en una intención contrainsurgente de infiltración.

El Ejército, por ejemplo, conocía los movimientos de los normalistas desde días antes de la desaparición forzada y en tiempo real los días 26 y 27 de septiembre. Tres militares encubiertos y pertenecientes al 27 Batallón de infantería estuvieron dando informes. Uno se hacía pasar por estudiante y es de los 43 desaparecidos.

De hecho, los estudiantes eran espiados desde 2010 por el Ejército y el CISEN, de acuerdo con 57 informes de seguimiento militar entre 2011 y 2014 que encontraron los expertos.

“Según pudo comprobar el GIEI, dentro de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información. En el momento de los hechos al menos tres agentes de inteligencia de SEDENA estaban activos en la Escuela y en Tixtla, la localidad donde ésta se encuentra”, se lee en el informe.

Las autoridades, incluídas el Ejército y la Semar, tuvieron información importante para conocer lo que sucedió con los estudiantes, pero, en cambio, simularon su búsqueda con llamadas anónimas falsas con supuesta información sobre posibles responsables.

“Hay constancia de llamadas creadas de manera ficticia por funcionarios de la procuraduría que se prestaron para esta simulación”, agregó Buitrago.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un comité convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrado por personas expertas a quienes se les encargó realizar una investigación independiente sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, en donde normalistas de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados, detenidos y desaparecidos.

El grupo inició labores en 2015 pero tuvo que retirarse del país en abril de 2016 pues el gobierno mexicano no ratificó su mandato. Los entonces cinco integrantes acusaron que hubo muchos obstáculos a su trabajo.

A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de los familiares de los desaparecidos, y con la aprobación del actual presidente de México, el GIEI retomó labores a mitad del año 2020.

Según una orden que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, todas las autoridades involucradas debían abrir la información sobre el caso al grupo de expertos.

La realidad, sin embargo, contrasta con esa orden. Claudia Paz y Paz Bailey, integrante del GIEI, sostuvo que todavía hay información que el Ejército mantiene oculta.

“Eso ha dificultado, impedido y obstaculizado el pleno esclarecimiento de los hechos”, dijo la ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala.

El GIEI solicitó apoyo de la subsecretaría de Derechos Humanos, la cual ayudó a obtener documentos con información valiosa, como las declaraciones de integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, que corroboran que la noche del 26 de septiembre hubo militares en las barandillas de la policía municipal, lugar donde habrían sido llevados una parte de los estudiantes desaparecidos.

Esos datos, que habían sido ocultados por el Ejército, corroboran que la noche de los hechos la milicia tenía control del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde se monitoreó e informó en tiempo real de lo que ocurría.

Entre la documentación que falta por entregarse está el contenido de las investigaciones paralelas que se iniciaron desde la Sedena tras la desaparición de los jóvenes, así como de los procedimientos disciplinarios que se siguieron en contra de algunos de sus elementos involucrados.

“Esa información nunca fue puesta a disposición de la búsqueda o la investigación”, se informó en la conferencia.

La decepción de las familias

Los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala convocaron hoy a una rueda de prensa junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz y Fundar. Ahí mostraron su decepción sobre el avance de la investigación por parte de las autoridades y el claro ocultamiento de pruebas que impiden esclarecer el paradero de sus hijos.

Para Mario González, papá de César Manuel González Hernández, el gobierno “les ha visto la cara” tras tantos años de manipulación.

“Cómo no estar enojado, si a tres años sale información que tenía que haber sido entregada antes, si nos negaron información, si no sabemos nada de nuestros hijos (…) estamos enojados, decepcionados, cansados, pero cansados de tanta mentira”, dijo.

Exigieron que el ex presidente Enrique Paña Nieto, así como el ex titular de Semar y las autoridades involucradas del Ejército sean investigados para “determinar que tanto tuvieron que ver con la desaparición” de sus hijos.

“¿Si nos ocultaron esto, qué más pueden ocultar? El que miente una vez, miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo", dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete.

El abogado del centro Tlachinollan y uno de los representantes de las familias, Vidulfo Rosales, dijo que a raíz de la manipulación del basurero que apuntaló la verdad histórica “fue imposible explorar otras líneas de investigación por 5 años” y eso ha entorpecido la búsqueda de los jóvenes.

Cronología de un Montaje

El video mostrado por los expertos independientes del GIEI, evidencia que el basurero fue intervenido horas antes de la llegada del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encargados del peritaje y asesoría técnica forense de los familiares de los 43 desaparecidos. Es una de las pruebas más valiosas que había estado bajo el ocultamiento de las dependencias militares.

Las 100 horas de grabaciones con un avión no tripulado sirvieron para un análisis forense que demostró cómo elementos de la Semar, entonces a cargo de Francisco Soberón Sanz, manipularon en distintos momentos el basurero de Cocula, la madrugada del 27 de Octubre de 2014, el supuesto escenario del crimen.

En las grabaciones se documentaron una serie de momentos clave en la escena con las que se fabricó la “verdad histórica” en el basurero de Cocula, un municipio a 20 kilómetros de Iguala, donde se dijo por Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, que los estudiantes habrían sido ejecutados y calcinados por miembros de grupos criminales.

La historia que se narra con las grabaciones destruyen esa “verdad histórica” con una revelación importante: en esa manipulación también participó de manera directa el ex procurador.

*Paloma Robles, es reportera de Jalisco y forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos, en donde también es la encargada de atención psicosocial de La Red de Periodistas Especializadxs en Cobertura de Desaparición de Personas. http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos.