1o de mayo del 2022

El comisariado ejidal de bienes comunales de San Juan Atzingo, demando la inmediata intervención del gobierno federal y a autoridades mexiquenses, para declarar “zona de emergencia o de contingencia ambiental” a los bosques tlahuicas, ante la tala fuera de control que prevalece en las zonas forestales de su territorio, inmersas en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, y a la que atribuyen la desaparición de tres embalses esta primavera, así como la desaparición de un tercio de estos bosques.

Ante el desastre ecológico y mediante un documento firmado por todos los integrantes del comisariado, el pueblo tlahuica denunció pasividad y omisión por parte de autoridades estatales, federales y municipales, a las continuas denuncias que han hecho contra taladores clandestinos que operan en la zona y que saquean sus bosques, lo que pone en grave peligro la seguridad hídrica del centro del país, pues del Bosque de Agua (del que forman parte las lagunas de Zempoala), depende el 70% del abasto de agua a Ciudad de México, Valle de Toluca y Cuernavaca, Morelos.

Indicaron que sus denuncias y quejas, incluso ante Proobosque y SEMANARTA, han sido ignoradas por completo y que estas mafias de taladores operan bajo un esquema de delincuencia organizada.

“Nos dirigimos a ustedes de esta manera ya que no nos queda otra opción, pero lo hacemos con el debido respeto para hacer de su conocimiento nuestra profunda tristeza, preocupación, indignación y angustia; debido al ecocidio que sufren los bosques de esta región pertenecientes a la zona forestal conocida como “gran bosque de agua”, a consecuencia de la tala clandestina cometida por unos cuantos taladores que las mismas instituciones tienen identificados como grupos de delincuencia organizada, delito que realizan con toda impunidad a plena luz del día y hasta de noche, a la vista de todos, derribando cientos de árboles diariamente y trasladando los trozos de madera por la carretera hacia sus aserraderos clandestinos, con fines de enriquecimiento y no de subsistencia, como si no existieran autoridades de ningún nivel de gobierno que tengan la responsabilidad de fomentar la protección, conservación y vigilancia de los recursos forestales, o de programar, ordenar y realizar visitas y operativos de inspección y vigilancia forestal a pesar de que en reiteradas ocasiones se ha denunciado ese problema ante las dependencias correspondientes de los gobiernos federal y estatal, incluso las fiscalías y la SEIDO”, indica el documento.

Los campesinos desmintieron informes de las autoridades responsables de atacar la tala de que supuestamente lo están haciendo, ya que pese a que la PROFEPA y la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), reportan la realización de supuestas acciones para combatir la tala clandestina (como lo hizo la Profepa en marzo del 2021 ante el Senado de la República) o como lo hace Probosque en su página oficial, en realidad no es así, sostienen.

“Le informamos que ignoramos dónde las han realizado –las supuestas acciones- porque en los bosques de nuestra región han brillado por su ausencia”, señala el documento.

En el escrito enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador; al titular de SEGOB, Augusto López Hernández; al de Sedena, Crecencio Sandoval; al de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), al gobernador Alfredo del Mazo y a otras autoridades como la Profepa, los también líderes del pueblo tlahica asentados en San Juan Atzingo, advierten la omisión de autoridades mexiquenses y federales en la protección del Gran Bosque de Agua, del que dependen 25 millones de habitantes en el centro del país y en el cual está inmerso el parque nacional Lagunas de Zempoala con más de 18 mil hectáreas de bosques.

Acusan además a autoridades federales de incluso presentarse en la zona y en la comunidad de San juan Atzingo, para comprometerse a tomar medidas, pero sin volver de nueva a hacer absolutamente nada.

“El 5 de abril de 2019, la entonces secretaria de medio ambiente y recursos naturales, Josefa González Blanco Ortiz.Mena, acompañada de otros funcionarios, estuvieron en la comunidad de San Juan Atzingo, comprometiéndose a dar atención a nuestras peticiones y combatir la tala clandestina. Asimismo el 14 de abril de 2021, también visitó este mismo pueblo la actual titular de SEMANART, María Luis Albores González, a quien se le solicitó su apoyo para atender la problemática forestal. Desafortunadamente dichas visitas no dieron resultados favorables en el combate a la tala ilegal”, advierten.

Los ejidatarios y comuneros tlahuicas indican que ante la impunidad y desatención de sus denuncias por parte de autoridades federales y estatales, ellos han intentado enfrenta por cuenta propia el problema de la tala clandestina, pero han sufrido agresiones diversas por las bandas de taladores que asolan sus bosques.

DEMANDAN DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Ante la situación que enfrentan los bosques mermados de San Juan Atzingo, sus pobladores de la etnia tlahuica, una de las cinco etnias originarias de Edomex, demandan al gobierno federal y autoridades responsables en Edomex, una declaratoria de “zona de emergencia o de contingencia ambiental” para el gran bosque de agua.

En segundo lugar demanda en carácter de “urgente”, un programa permanente de inspección y vigilancia forestal en dichos bosques; como tercer punto la instalación de casetas y puntos de revisión de vehículos de carga en accesos y salidas del bosque; confiscación de los aserradores que operan en la zona; no dejar impunes a los compradores de esta madera ilegal de los grandes taladores (por lo que piden se revisen los talleres de carpintería que existen en la zona); además de apoyos a las actividades productivas de la población.

En el punto ocho solicitan la inclusión de San Juan Atzingo en el programa “Sembrando Vida” para fomentar y apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales y frutales y que se lleven a cabo todas las demás acciones que sean necesarias.

Igualmente ofrecen apoyar las acciones que desplieguen Profepa y Semarnat, en tal caso, para la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales.

El documento está firmado por todos los integrantes del consejo de vigilancia de bienes comunales de San Juan Atzingo, incluido el Jefe Supremo Tlahuica Raúl Raymundo Meregildo y el presidente del comisariado Arnulfo Gómez Barrón.



Tere Montaño